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Habían pasado apenas unas horas luego del escape de Rocco Morabito cuando la Unidad de Investigaciones de la Policía de Salto detuvo a uno de los tres cómplices que había fugado con el capo italiano. Era medianoche en la terminal de ómnibus del shopping salteño y los agentes creyeron dar con el golpe necesario para recapturar a Morabito. Pero cuando trasladaron a Leonardo Sinopoli a Montevideo poco pudo hacer la Dirección Nacional de Investigaciones.
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Sinopoli, un argentino de 59 años detenido en Uruguay por un delito de falsificación de documentos y hurto, aportó datos pero ninguno concreto sobre los planes y el paradero de Morabito. Tampoco lo hicieron tiempo después Matías Acosta y Bruno Díaz, los otros dos delincuentes que formaron el póker de la rocambolesca huida, cuando fueron encontrados en Minas. Se trató en los tres casos de “perejiles” al servicio de Morabito, abandonados a su propia suerte tras dejar las celdas de la ex Cárcel Central, coinciden en señalar hoy fuentes policiales y judiciales que dialogaron con Búsqueda.
Pasaron ya seis meses desde el escape de Morabito, Sinopoli, Acosta y Díaz. Luego de los titulares mundiales, las burlas en redes sociales, las críticas en campaña electoral y las acusaciones cruzadas entre jerarcas públicos, poco se ha avanzado. Continúan su curso las tres investigaciones que siguen el caso: la recaptura de Morabito a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, la fuga y el cohecho a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Internos y el sumario interno a cargo de la Dirección de la Policía Nacional. Las fuentes señalaron que las responsabilidades que arrojan esas investigaciones involucran a gente de “arriba, abajo y de todos los costados”, por lo cual los pasos a dar deben necesariamente ser “lentos y cautos”. En el caso del sumario interno, se espera que esté pronto una vez que asuma el nuevo gobierno.
Por lo pronto lo único preciso son las sanciones establecidas en julio, semanas después del hecho, que resultaron de una investigación de urgencia de la Policía y derivaron en la renuncia del entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Alberto Gadea, un sumario con separación del cargo y retiro de medio sueldo al subdirector operativo del INR, a la directora de la ex Cárcel Central (denominada oficialmente Centro de Ingreso, Derivación y Diagnóstico), al subdirector operativo de ese centro y a los dos jefes de servicio de la unidad. Además, se dispuso un sumario con traslado a otra función a los policías del INR que estaban al servicio de la ex Cárcel Central, a los policías de la Jefatura de Policía de Montevideo integrados a la guardia de ese centro, a los policías de la Guardia Republicana que cumplían tareas en el centro y a los policías que intervinieron en la casa de la vecina a la que entraron los fugados.
Explicaciones inmediatas
“Es desconcertante y grave que un criminal como Rocco Morabito, capo de la Ndrangheta, la mafia calabresa, haya logrado escapar de una cárcel de Uruguay mientras esperaba a ser extraditado a Italia. Pediremos explicaciones inmediatas al gobierno de Uruguay”. Las palabras fueron del entonces vicepresidente y ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, cuando la noticia de la fuga de Morabito estaba caliente y era tendencia global. Desde aquella áspera declaración, las comunicaciones entre las agencias policiales y de inteligencia uruguayas e italianas han disminuido continuamente con el paso del tiempo. Pero esta situación no refiere para nada a una relación bilateral rota, sino a un dato mucho más básico: Uruguay tiene poca información que aportar a Italia e Italia escaso interés en informar a Uruguay.
Es que las evidencias indican que Morabito no está en el país, afirmaron las fuentes. La teoría más probable es que en su momento haya cruzado a Brasil, un país con extensos kilómetros de frontera seca en su franja occidental centro y sur, y donde están establecidas las operaciones más potentes de la Ndrangheta en la región: este año capturaron en San Pablo a dos integrantes de la mafia calabresa que trabajaban en el tráfico de cocaína internacional y tenían vínculos con la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC). La hipótesis es que los límites porosos y el apoyo logístico de Brasil permitieron y permiten a Morabito moverse con cierta comodidad hacia otros países como Argentina, Bolivia y Paraguay.
En Uruguay, mientras tanto, la Policía vigila los posibles movimientos de su mujer y su hija, que continúan viviendo en Punta del Este aunque en un departamento y ya no en “Salve”, la casa del barrio San Rafael donde Morabito —con la falsa identidad de Francisco Capeletto— tenía fijada su residencia en el país. Especulan que ambas siguen aquí a la espera de que la hija cumpla en febrero la mayoría de edad, cuando ya no necesitará la autorización legal de sus dos padres para viajar y cuando Morabito pueda dar su próximo paso para reencontrarse con su familia.
