El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Julio César Chalar tiene fama de “duro” en ámbitos del gobierno. “Es muy poco político”, se comenta en los corrillos. El experimentado magistrado defiende con pasión sus posiciones y así lo hizo incluso hace algunas semanas, cuando el presidente José Mujica visitó la sede de la SCJ para limar algunas asperezas que han surgido entre los dos poderes del Estado por múltiples sentencias de inconstitucionalidad que se dieron el año pasado por leyes promovidas desde el oficialismo.
A Chalar no le importa que lo vean de ese modo. Para él sería peor ser considerado un “tibio” y evalúa que en el oficio judicial no se puede “andar titubeando” frente al poder de turno.
Ese juez que dentro de pocos meses se jubilará, cuestionó a aquellos expertos internacionales que criticaron a la Corte por la sentencia de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad. A su juicio “no han demostrado ser realmente expertos en derechos humanos”. Entre quienes criticaron a la corporación por este tema están el ex magistrado español Baltasar Garzón y el relator especial de Naciones Unidas Pablo De Greiff.
Chalar reconoce que este período fue duro y afirma que no sintió miedo en persona, pero que sí vio cómo se amenazaba a funcionarios.
El alto magistrado se mostró sorprendido por la noticia divulgada por la prensa de que se produciría una marcha de apoyo al ex intendente frenteamplista Gerardo Amaral, quien fue procesado sin prisión por “conjunción del interés personal con el público”. Afirmó que mantiene la esperanza que también se organicen actos de apoyo a aquellos jueces que “revalidan el Estado de derecho”.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó a Chalar.
—En la reunión que mantuvieron con el presidente Mujica, el primer mandatario les dijo que no pensaba pagar el reclamo salarial de los magistrados. ¿Cuál es su opinión sobre este punto?
—Ya antes de retirarse ese día, el presidente no mantenía esa postura, y hoy pienso que habrá de cumplir lo que le ordenan la Constitución y la ley, sin necesidad de que se imponga iniciar otro proceso y recaiga otro fallo que torne el reclamo considerablemente más gravoso para el Estado y, por ende, para el contribuyente.
—En ese caso hay una sentencia de inconstitucionalidad. ¿Puede el Poder Ejecutivo dejar de cumplir una sentencia judicial?
—En un Estado de derecho, todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley. Si no existieran remedios para que nadie pueda apartarse de ella, ello solo podría explicarse por la desaparición del Estado de derecho.
—Diversos expertos internacionales vinculados a organismos de derechos humanos han cuestionado a la Suprema Corte por la sentencia de inconstitucionalidad de la llamada ley interpretativa de la caducidad. ¿Cuál es su opinión al respecto?
—Para empezar, primero, algunos de los supuestos “expertos” que han expresado cuestionamientos, no han demostrado, en mi opinión, ser realmente expertos en derechos humanos. Y ello a tal punto que alguno, incluso, ha exhibido posturas que son, francamente, la negación de los derechos humanos. Usted comprende, claro, que la categoría comprende los derechos que son inherentes a la persona humana y, por lo tanto, deben reconocerse a todas las personas, y no sólo a algunas. Pero esto, en los hechos, no lo aceptan algunos de los supuestos “expertos” o “defensores de los derechos humanos”. En segundo lugar, varios de los supuestos cuestionamientos no han sido realmente tales, en tanto han provenido de oficiales de organismos internacionales que no habrían siquiera leído las sentencias de la Corte, expresando en sus comunicaciones, en cambio, haber recibido “alegaciones”. Tales “alegaciones” resultaron ser, por supuesto, ajenas a la realidad, tal como lo informó la Corte a por lo menos cuatro organismos de Naciones Unidas, el año pasado. Luego de que la Corte informara lo que, en realidad, sí decían sus sentencias, no se tuvo otras noticias de esos organismos, por lo que estimo tampoco en este caso cabe hablar de cuestionamientos. También, en tercer lugar, están las expresiones de quienes sí han leído nuestras sentencias pero parece quieren hacer de cuenta que hemos dicho algo distinto a lo que en ellas se dice, o no darse por enterados de sus fundamentos. Entre estos están quienes discrepan con lo que, en realidad, no hemos dicho, según es el caso de quienes nos atribuyen haber priorizado la normativa constitucional por sobre el derecho internacional, cuando en realidad hemos declarado la inconstitucionalidad de esa ley por ser contraria también al derecho internacional de los derechos humanos, y no solo a la Constitución.
—¿A su juicio esas críticas fueron promovidas desde el Uruguay? ¿Por quién?
—Con gusto le puedo facilitar los documentos para que quien quiera pueda averiguar e informar quiénes las han promovido.
—¿Se refiere a gobernantes?
—No le puede agregar más comentarios en este momento.
—¿Qué sentimiento le genera ver el Palacio Piria vallado en muchas ocasiones?
—Hace algunos días, en la radio, oí a un periodista decir algo terrible: en Uruguay, la utopía, está en el pasado. Prefiero no comentarle mis sentimientos, si me disculpa.
—¿Alguna vez sintió temor por su seguridad personal?
—No. No por mi persona. Pero he visto la amenaza contra nuestros funcionarios.
—En algunos sectores usted está catalogado como una persona “dura” por la firmeza con la que defiende sus convicciones. ¿Qué opinión le merece eso?
—No sé si soy duro. Sé que no seré condenado por tibio y, ya que menciona la palabra “duro”, también sé que en el oficio judicial, para decirlo con palabras de Hernández, no cabe “andar titubeando”.
—En la prensa ha trascendido que algunos sectores del oficialismo están preparando una marcha en apoyo al ex intendente frenteamplista de Treinta y Tres que fue procesado por la Justicia. ¿Qué opina de este tipo de acciones?
—Mantengo la esperanza de que quienes manifiestan apoyo a quien, según las noticias periodísticas, prima facie habría delinquido, en perjuicio de la Administración, simultáneamente o en algún momento expresen su apoyo y aprobación a los magistrados que revalidan el Estado de derecho, aplicando la ley conforme a los más esenciales principios constitucionales y demostrando así cualidades por las que, al menos durante décadas, hemos sentido legítimo orgullo los uruguayos.
