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Un claro caso de empobrecimiento ilícito. Los 16 senadores del Frente Amplio resolvieron: “Aprobar las conclusiones del informe elaborado por los señores Senadores Marcos Otheguy, Daisy Tourné, Marcos Carámbula y Rubén Martínez Huelmo en cuanto a que del análisis de los informes presentados y de acuerdo a la documentación aportada a la Comisión Investigadora se concluye que no existieron actos, ni hechos, ilícitos ni irregulares en la actuación de ANCAP”.
El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, en sus tres informes, reclamaron que el Senado aprobara enviar la documentación a la Justicia Penal, al observarse gruesas irregularidades que hacen sospechar la existencia de delitos.
Frente a la abrumadora cantidad de información y documentación recopilada, y luego de 17 horas de sesión, donde faltos de argumentos los legisladores del gobierno callaron y al final votaron negando la realidad, es bueno buscar una síntesis acerca de colapso económico-financiero de ANCAP, y ello puede resumirse en el concepto de empobrecimiento ilícito.
No se trata de un juego de palabras, o un giro literario ingenioso, sino la imagen especular y cuasi simétrica del “enriquecimiento ilícito”, figura perfectamente definida en el derecho penal, de la que nos ocuparemos más adelante.
Ha habido empobrecimiento de los ciudadanos de la República por valor de 1.600 millones de dólares (900 que ya se reconocieron y 700 más que hay que refinanciar), que equivale a $ 504.000.000.000 (quinientos cuatro mil millones de pesos), porque son los ciudadanos quienes habrán de hacerse cargo de esa deuda mediante pago de impuestos en los próximos (muchos) años.
Y ese empobrecimiento es indiscutiblemente ilícito porque ni Sendic, ni los demás directores, ni los gerentes y sub-gentes de ANCAP (que son también protagonistas y co-responsables) estaban habilitados por ninguna norma para dilapidar en la forma que lo hicieron los dineros públicos confiados a su gestión y custodia.
Tenían la obligación de actuar con la previsión y el criterio del “buen padre de familia” y su acción, ni siquiera corrupta, sino solamente torpe, descuidada y/o negligente, es por definición ilícita; y con esto estamos afirmando que en lugar de administrar en forma cuidadosa y austera, lo hicieron en forma dispendiosa y poco previsora, como claramente lo demuestra la “capitalización” por 900 millones de dólares que hubo de aprobarse de urgencia entre el 31 de diciembre y el 2 de enero.
A esto debe agregarse el deber de “seguir el dinero” para ver a dónde fueron a parar esos dineros, que no ha de ser demasiado difícil, porque esa cantidad de centenares de millones de dólares, o miles de millones de pesos, requerirían una caravana de vehículos de transporte de caudales que se extendería desde “El Gaucho” a la Plaza Independencia, y sin duda dejaron un “rastro” imborrable.
Del seguimiento del “rastro” del dinero debiera surgir la otra cara de la moneda del empobrecimiento que ha sufrido la sociedad uruguaya, por dos características interesantísimas del dinero: la primera es que es virtualmente indestructible (sólo cambia de manos); la segunda es que a la gente le gusta mucho atesorarlo y de esa forma se produce el enriquecimiento.
Es difícil imaginar que habiéndose gastado por parte de ANCAP en forma tan cuestionada tantos centenares de millones de dólares, no se haya de investigar a quienes los recibieron, cuyos estados patrimoniales comparados (por ejemplo de 2010 y 2015) deben ser objeto de un escrutinio tan minucioso como reservado, porque cuando unos se empobrecen ilícitamente, es probable que haya quienes se enriquecieron tan ilícitamente como la causa generadora del negocio.
Desde luego esa investigación no la puede hacer el Senado (es dudoso de la mayoría regimentada del gobierno vaya a aprobar nuevas investigadoras), sino la justicia competente, que tiene las facultades de citar a los testigos (y si no concurren hacerlos “conducir” a la sede por la Policía), levantar el “secreto bancario” y disponer el análisis de la situación patrimonial de quienes disponían las contrataciones y de las empresas que las recibían, con todas las garantías del caso por parte de peritos judiciales.
La denuncia o denuncias en el fuero penal que harán los partidos que integran la oposición le va a hacer bien a la sociedad uruguaya, que quiere saber qué pasó y, fundamentalmente, beneficiará a funcionarios y empresarios que habiendo actuado honestamente, se encuentran inexorablemente envueltos en la inevitable niebla de sospecha que cubre todo lo relacionado con esta gestión.
Mientras tanto, será bueno que las medidas que ha estado tomando el Poder Ejecutivo en su virtual “intervención” de ANCAP (por algo será), debieran empezar a formalizarse en una normativa regulatoria que impida nuevos empobrecimientos ilícitos de la ciudadanía a manos de los administradores de “sus” empresas.
