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Una de las últimas cuestiones que se discutieron en la Comisión Investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) estuvo centrada en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la millonaria estafa en su contra y en contra del Banco de Previsión Social (BPS) que terminó con varias personas detenidas y arrojó una sombra sobre los controles del gobierno en las afiliaciones mutuales.
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A esa estafa, en la que estuvieron involucradas varias mutualistas de Montevideo y que generó un gran revuelo mediático a inicios de 2017, se le dedicaron solamente dos sesiones. Las dos últimas de la investigadora. Los legisladores de la oposición protestaron que el tiempo para abordar el tema fue “insuficiente” y tras ver que no obtendrían la prórroga necesaria para profundizar en esta y otras cuestiones, plantearon usar el mecanismo del pedido de informes para clarificar temas pendientes.
Uno de ellos surgió a raíz del testimonio de la jefa de afiliaciones del BPS, María Irma Rodríguez, que declaró en comisión que el “único” recurso que tenía para advertir a ASSE sobre la falta de información y documentación requerida por el organismo era el de imponer multas económicas. Y planteó esto como una diferencia con la Junta Nacional de Salud (Junasa) que, más allá de las sanciones del BPS, tiene otros mecanismos para reclamar información a los prestadores privados.
El testimonio de Rodríguez disparó un pedido de informes de los diputados de la comisión para saber si existían instituciones que incumplían con las multas aplicadas por BPS.
El testimonio de Rodríguez disparó un pedido de informes de los diputados de la comisión para saber si existían instituciones que incumplían con las multas aplicadas por BPS. Y de la respuesta surgió que el BPS ha impuesto multas a distintas mutualistas por no entregar documentación requerida en los tiempos establecidos, pero que la única institución que mantiene deudas con el organismo es la propia ASSE. Según la respuesta, a la que accedió Búsqueda, hay tres expedientes iniciados por deudas que se mantienen desde el año 2017. Los montos adeudados son de 20 Unidades Reajustables (UR) cada uno. Según una resolución del BPS, las multas se discriminan en menores a 50 UR y mayores a 50 UR. Por las deudas mayores a esa cifra —que es lo que ocurre en este caso— el BPS promueve su recuperación a través de la vía judicial.
El diputado blanco Martín Lema envió ayer un nuevo pedido de informes al Parlamento. El legislador pide allí una copia de los tres expedientes vinculados a las multas impagas de ASSE.