Abogados pasan meses sin atender denuncias sobre malos tratos en el Sirpa, según relataron familiares de adolescentes recluidos

Encontrar un abogado que atienda el caso, haga un seguimiento de la situación y reciba las denuncias de malos tratos es uno de los principales problemas, según dijeron familiares en el Parlamento.

“Durante casi un mes no pude ver a mi hijo porque estaba sancionado. (...) Poco antes de que se cumpliera un mes de que no lo veía, llamé. Yo había explicado todo esto a la primera abogada que me habían asignado en el Juzgado de la Costa, que nunca me atendió. Le dije que por favor hiciera algo porque le estaban pegando, pero nunca me atendió. Cuando llamé me dijeron que mi hijo estaba sancionado. Expliqué que hacía casi un mes que no podía hablar con mi hijo y que de cualquier manera quería hablar con él. La funcionaria que me atendió me cortó. (...) El sábado, cuando fui, no me hicieron ningún problema; me dejaron entrar a verlo. Me dijo que le habían dado una gran paliza, que le llenaron la cabeza de chichones, aunque lo único que alcancé a ver fue que estaba todo raspado, porque lo habían agarrado a patadas y lo habían tirado en el baño. ¡Con razón iba a hacer un mes que no lo veía! Yo estaba desesperada. Entonces, me voy otra vez a la Costa y le digo a la abogada: ‘Mire, a usted la destinaron para esto. Si usted no me puede atender, deje espacio a otro’, y pedí a Mariño, de la Ciudad de la Costa, que me cambiara de abogado. Me dijo que no se podía. Entonces, me vengo a los Derechos Humanos y, ahí, uno de los muchachos me dijo: ‘Vaya acá y acá’. Yo fui creo que a la calle 25 de Mayo, donde están los juzgados. Me atendieron y me destinaron un abogado. Mi hijo ya lleva creo que nueve meses ahí; nunca tuvo un abogado”. Este es parte del relato de una madre en la comisión.

Los familiares de los adolescentes también presentaron denuncias al director del Sirpa, Ruben Villaverde. “Nos recibió muy amablemente y nos dijo que nos ayudaría, que dejáramos todo quieto que estaría bien. Cuando estábamos por salir, nos pidió los nombres de los chicos. Una madre dijo el de su hijo —yo no lo hice porque no me inspiró confianza— y lo torturaron todos los días durante meses ‘porque a la mamá le gustaba denunciar’. El único que sabía el nombre era Villaverde”, contó otra madre.

Debilidad del sistema.

“Las familias están demostrando la debilidad del sistema para dar respuestas rápidas a estos problemas”, dijo a Búsqueda Luis Pedernera, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).

Para el experto, denuncias como las que realizaron las familias en el Parlamento muestran un “problema general” para “atender estas situaciones vinculadas con malos tratos y torturas”.

“En realidad, el sistema está preparado para procesar gente y no para dar respuesta a este tipo de situaciones”, evaluó.

Pedernera dijo que los familiares no piden sacar a los adolescentes de los centros de detención sino que el planteo es que “los están torturando y no encuentran respuestas institucionales. En eso hay una deficiencia del sistema para atender la situación”.

Daniel Sayagués Laso, defensor de oficio de adolescentes, explicó cómo trabajan. “Atendemos a todos los adolescentes infractores cuyos familiares no pagan abogado particular. En el 2002, cuando se hizo el único relevamiento sobre el tema, la Defensoría de Oficio patrocinaba el 97% de los casos”, dijo. Estimó que al menos el 10% de los casos de adolescentes están en manos de abogados privados.

Recordó que desde comienzos de 2013 rige una ley que establece un mínimo de un año de privación de libertad para menores entre 15 y 17 años que hayan cometido delitos graves como rapiña. Muchos familiares “desconocen este cambio y piensan que los adolescentes entran por una puerta y salen por la otra”.

“Aunque traigan el mejor abogado del mundo, si hay pruebas de que cometió el hecho se le va a aplicar la norma. La gente piensa que si gasta más tiene mejores resultados y no es así”, dijo. Señaló que hay familias que van “con los peores abogados, los cuervos que los exprimen, o abogados conocidos que nunca pisaron un juzgado de adolescentes”.

Sayagués dijo que cuando recibió denuncias de malos tratos derivó a los familiares para que hablaran directamente con Villaverde o fueran a la Institución Nacional de Derechos Humanos. También relató que en algún caso habló con Villaverde para pedir que trasladen a un adolescente del lugar.