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    Abuso innominado de funciones

    Sr. Director:

    El artículo 162 del Código Penal se refiere a delitos contra la administración pública cometidos u ordenados por funcionarios públicos que realicen actos arbitrarios en perjuicio de la administración o de particulares, y se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación de dos a cuatro años y multa en UR que al precio de hoy varía de $10. 000 a $3.500.000. Sobre este artículo falló el Tribunal de Apelaciones en contra de Calloia y Lorenzo por el famoso y lamentable episodio que dio en llamarse Pluna-Gate. Al primero le ratificó el fallo anterior y al segundo le revocó la inocencia. En forma inmediata salieron al cruce los argumentos de defensa de ambos exjerarcas intentando respetar a la justicia pero, al mismo tiempo, realizando una defensa inapropiada de sus actuaciones.

    Como nuestra memoria suele ser frágil y nuestra reacción sumisa, vale recordar algunos hechos que rodearon este caso. La quiebra de la empresa era inevitable y quizá lo único coherente que dijo en su momento Fernando Lorenzo fue “Pluna no vuela más”. Procesado con prisión por estafa Matías Campiani (gerente de LeadGate), el Estado debía asumir como garante la deuda por la compra de 7 aviones a razón de US$ 29 millones c/u . Pluna había pagado una parte y quedó un saldo de US$ 137 millones que se intentó cubrir con el “armado remate”. Hubo una especie de asociación entre López Mena (dueño de Buquebus), Calvo Sánchez (el caballero de la derecha), Calloia como presidente del BROU y Lorenzo como ministro de Economía. Pero además se debe agregar un actor importantísimo en este affaire que fue el expresidente Mujica. Aquí comienza “lo político por encima de lo jurídico“ y, bajo la presión de Mujica, se concede un aval a horas de comenzar el remate sin las garantías necesarias, sin la aprobación del directorio del banco, a una empresa desconocida y que simplemente actuaba de pantalla para que en definitiva Buquebus arrendara los aviones, se quedara con las frecuencias de Pluna e hiciera su negocio. Tan turbia era la operación que de antemano López Mena tenía arreglado deslindar responsabilidad sobre la deuda de Pluna que se suponía sería pagada con los US$137 millones obtenidos en el remate, plata que nadie tenía y por lo tanto el acreedor terminaría ejecutando la garantía que era el Estado, todos nosotros.

    Vale la pena recordar algunas cosas que se dijeron por parte de los hoy acusados y también sus defensores:

    -Calloia: desde el punto de vista financiero es un respaldo perfecto, se midió el interés de la nación para garantizar la conectividad.

    -Lorenzo: no nos sentimos engañados por Hernán Calvo, no conozco a Cosmo pero estoy seguro que pagará los US$137 millones.

    -Mónica Xavier: puede haber errores pero no falta de transparencia. Para el FA la subasta fue un éxito.

    Y hubo más. El senador Lorier anunciaba una posible compañía venezolana-uruguaya, Cofe quería reestatizar la empresa y terminamos con Alas U que vía Fondes costó 15 millones de dólares más 3 millones en prórrogas de seguro de desempleo. Todo un negocio “formidable”, similar a Ancap y sus fiestas, la regasificadora, ASSE, el puerto de aguas profundas y tantas inversiones más que terminaron como lo hacen las malas gestiones: impresentables.

    Ahora, luego del fallo, el presidente Vázquez dijo estar convencido de que tanto Calloia como Lorenzo actuaron de buena fe y tiene plena confianza en ellos. No se trata solamente de actuar de buena fe, lo más importante es hacerlo bien y aquí hubo negligencias importantes, salto de normas elementales y un “abuso” marcado de los cargos que ocupaban. Lo que no aclaró el presidente, y nadie del oficialismo, es si también tienen confianza en la actuación de José Mujica, el mentor de todo esto y a quien deben agradecerle Calloia y Lorenzo. ¿No le cabe al expresidente haber actuado con “abuso de funciones”? ¿Acaso sus directivas no resultaron en perjuicio de la administración pública y de privados? Y no solo en el remate sino también en el engendro de Alas U para defender a un grupo de trabajadores. De haber actuado de buena fe solo hubiéramos pagado las prórrogas del seguro de paro, pero para Mujica las decisiones pasan por otro lado y saca de la galera perjuicios judiciales inexistentes de la misma manera que hizo con Casal y la Impositiva. Vendiendo un beneficio masivo termina ayudando a unos pocos y perjudicando a la ciudadanía, que es quien al final paga. Y todavía después debemos escuchar que esta administración siempre responde a la hora de pagar. No, señor, quien paga es Juan Pueblo, sus errores y horrores los pagamos todos.

    No hace mucho dijimos que estamos entregados a la resignación, ya no tenemos fuerza para doblar la vara, aceptamos los resultados de políticas insostenibles, gestiones desastrosas y mentiras permanentes y ahora le agregamos demagogia electoral. Va siendo hora de hacerle caso a Quino, que con Mafalda nos aconsejó: “Paren el mundo, me quiero bajar”.

    Sergio Barrenechea Grimaldi

    CI 1.978.723-5