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El 5 de octubre se acordó el texto del Acuerdo Trans Pacífico (TPP) negociado entre 12 países liderados por Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. El TPP elimina los aranceles de numerosos productos, por lo que ha sido catalogado como el mayor tratado de libre comercio de la historia.
Sin embargo, buena parte de los puntos acordados en el TPP no significan una liberalización de la economía, sino mayores restricciones para proteger a las grandes empresas e impedir el desarrollo de las pequeñas. Peor aún, el tratado impone mayores barreras a la libre difusión del conocimiento, atentando contra la democracia y los derechos humanos.
El TPP exige a los gobiernos extender el plazo de derechos de autor a 70 años después de la muerte del autor y a 120 años desde la publicación en el caso de creaciones de empresas. Esto no beneficia en lo más mínimo a los autores, primero que nada porque durante ese plazo están muertos. Además, la gran parte de las ganancias de cualquier producto se obtienen en los primeros años: si un autor o empresa no logró triunfar rápidamente con una obra, debería intentar con otra. Semejante plazo no motiva a los autores a seguir creando, sino a dormirse en los laureles.
A su vez, al extenderse el plazo de derechos de autor, pasarán más años para que haya obras nuevas en el dominio público. Esto limita el acceso a obras fuera de producción e impide su reutilización. En particular, el ratón Mickey jamás entró en dominio público en Estados Unidos, a pesar de que debutó en la pantalla grande en 1928, porque el Congreso aprueba extensiones justo antes del fin del plazo.
El TPP exige criminalizar a quienes infringen los derechos de autor a escala masiva, aun cuando no lo hagan con fines comerciales. Recordemos que cualquier persona lo hace cuando comparte en redes sociales la foto de la tapa de un libro o descarga un álbum musical de Internet, a menos que el autor haya permitido expresamente su libre reproducción. Esto se controla a tal punto que YouTube borra los videos de bebés bailando el ritmo del último hit musical y Twitter borra los clips de las jugadas de fútbol más espectaculares de la semana, lo que coarta la libre expresión.
El TPP dice que se intentará establecer un equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos de autor. Pero no se exigen criterios firmes, tales como la copia privada, la libre reproducción de obras financiadas por el estado y la libre distribución con fines científicos y educativos. Así, los gobiernos pueden darle prioridad a los intereses económicos por sobre los sociales.
El TPP exige que se prohíba hackear sistemas informáticos para eludir las tecnologías de restricción DRM, tales como los discos de películas con protección de región y los programas con código de activación. Da igual si el usuario hacer acciones legítimas con el sistema hackeado; el usuario tiene prohibido eludir las restricciones del sistema. El TPP permite que los gobiernos pongan excepciones a esta regla, lo que establecería que aquello que no está expresamente permitido es ilegal. Y esta prohibición aplica aún si el usuario es dueño del aparato o ha obtenido legítimamente el programa que intenta hackear, lo cual es absurdo.
El TPP obliga a los gobiernos a establecer un sistema de eliminación de material digital que infrinja derechos de autor, sin hacer lugar al debido proceso. Este mecanismo ya se aplica en Estados Unidos y se abusa para eliminar material legítimo. Asimismo, el tratado exige incentivar a los proveedores de Internet a cooperar con los titulares de derechos de autor, para evitar la difusión de material no autorizado. Esto requiere la inspección de los mensajes, violando así el secreto de la correspondencia.
El TPP también obliga a los gobiernos a criminalizar el acceso a información secreta de empresas, aun cuando se hace para una denuncia pública. Esto ataca directamente al periodismo de investigación, como es el caso del espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que reveló Edward Snowden.
Por otra parte, el TPP consolida el sistema de arbitraje internacional que permite que las empresas demanden a gobiernos ante perjuicios por decisiones políticas, como es el caso de Phillip Morris en Uruguay. Esto ataca la soberanía, ya que las empresas pueden eludir los sistema jurídicos nacionales. Además elimina la igualdad ante la ley, dado que los gobiernos y la sociedad civil no pueden utilizar el mecanismo.
Semejante tratado, al igual que el TISA y el TPP, se ha podido lograr porque los políticos lo negociaron en total secreto, sin que la oposición política ni la sociedad civil puedan informarse ni participar en la negociación. Esto viola los principios democráticos e impide que se pueda hacer otra cosa que votar sí o no al tratado en el parlamento. De hecho, los fragmentos que se conocen de dichos tratados fueron filtraciones a WikiLeaks.
Quienes dicen que los opositores a estos tratados “hablan sin saber” tienen parte de razón: la población mundial no sabe lo que están negociando sus gobiernos. Y esto es lo más grave del asunto.
