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Los abogados de los 11 acusados en la Operación Océano que serán llevados a juicio por la Fiscalía presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, el Código del Proceso Penal (CPP) y la Ley de Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes (No 17.815).
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El escrito, que fue presentado el miércoles 1° ante la jueza del caso y será elevado a la Suprema Corte de Justicia, pide que se suspenda el proceso hasta la resolución del recurso. Esto implicará que se detenga por varios meses la causa, mientras la Corte estudia el recurso.
Actualmente corría el plazo de 30 días para que las defensas respondieran la acusación que presentó la Fiscalía a mediados de mayo. La Operación Océano investigó a una treintena de hombres por los delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo. Once fueron llevados a juicio, nueve fueron condenados por proceso abreviado, 13 fueron sobreseídos y cuatro casos fueron archivados.
En el recurso, al que accedió Búsqueda, los abogados afirman que dos artículos del CPP (81.2.c y 268.4) violan los principios del debido proceso y de igualdad de armas de las partes. A su vez, el artículo 4 de la Ley 17.815, que describe el delito por el que fueron acusados, impone penas “absolutamente desproporcionadas” que “violentan criterios elementales de dosimetría penal”. También cuestionan el artículo 80 de la Ley 19.580, que dispone el pago de una reparación patrimonial para las víctimas, por vulnerar los artículos 8 y 40 de la Constitución “en la medida en que consagra consecuencias y limitaciones a la protección material de la familia, que en el caso no se puede justificar”.
El escrito afirma que la Fiscalía pidió en su acusación sanciones “desproporcionadas y por ende inconstitucionales, como una especie de castigo para aquellos que se han negado a ceder a las pretensiones o intentos de lograr un juicio abreviado y quieren defenderse para que se reconozca su inocencia en un juicio con todas las garantías”.
Los abogados de los acusados también plantean que las presuntas víctimas formaban parte de una “organización integrada por jóvenes mayores y menores de edad, de una activa y desarrollada vida sexual precedente”, que “ofrecían sus servicios a cambio de dinero, infiltrándose en redes sociales exclusivas para adultos, mediante una puesta en escena perfecta y premeditada”. Así, con el uso de “estratagemas”, indujeron a “error a los acusados”, alegan.
Según el escrito, es revelante que para pronunciarse los ministros de la Corte “conozcan la verdad material del caso”. Por ello, realizan un repaso del caso en el que incluyen extensos chats entre las víctimas con los que buscan demostrar que estas complotaron entre sí para engañarlos y hacerles creer que eran mayores de edad.
