La posibilidad de esclarecer algunos delitos depende muchas veces de conseguir testigos que puedan contar lo que vieron. Estos testimonios pueden ser pruebas clave para lograr la condena de los responsables. Sin embargo, varios fiscales especializados en homicidios, en delitos de drogas y crimen organizado advierten que, en los últimos años, aumentaron los problemas para lograr que testifiquen.
Según relataron en diálogo con Búsqueda, el miedo a represalias, las amenazas y el aumento de la violencia generan que potenciales testigos se nieguen a declarar, incluso cuando se les ofrecen mecanismos de protección o de identidad reservada.
“La dificultad para tener testigos es cada vez mayor”, afirmó a Búsqueda la fiscal de Estupefacientes de 4º turno, Adriana Edelman. Según explicó, el fenómeno se “incrementó notoriamente”, especialmente en los últimos cuatro años, en paralelo con el incremento de la violencia y la proliferación de armas. “Hoy por hoy, no tenés que tener una causa muy profunda para que alguien te dispare, porque el acceso a armas es muy fácil y todo se arregla a los balazos”, contó.
Las complicaciones aparecen con mayor intensidad en los homicidios, cuyos casos llegan a juicio y cuyos imputados se enfrentan a altas penas de prisión, además de que, en algunos casos, los asesinatos están vinculados a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. “Todos se conocen y saben quién vive al lado y quién no vive al lado, quién estaba en el lugar y quién no estaba”, explicó Edelman.
La fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores, coincidió en que conseguir testimonios de testigos de los delitos se ha vuelto uno de los principales desafíos de las investigaciones. “La gente tiene miedo, y es entendible”, afirmó a Búsqueda. La fiscal relató que en general quienes presencian un asesinato suelen vivir en el barrio donde ocurrieron los hechos y saben que los autores pueden identificarlos.
“El homicida que entra a una boca y mata, o que pasa por una casa y tirotea, medianamente sabe que había personas ahí en la vuelta. Si la persona lo vio, por lo general sabe quiénes son”, dijo Flores. Como consecuencia, muchas personas que fueron testigos terminan negándose a declarar. Esta realidad, aseguran, es más complicada en el interior del país. “O no declaran o te dicen que estaban, pero que no vieron nada, o que no reconocieron a nadie”, señaló. Entonces, en algunas investigaciones penales los fiscales se quedan con un único testigo que se anima a declarar, en calidad de protegido, pero saben que hay otras personas que tienen información y no la aportan, lo que afecta los procesos penales. “Con un testigo no llegás a nada”, aseguró la fiscal de Homicidios.
Amenazas y homicidios
Para Edelman, si bien la problemática no es nueva, la “novedad” es que “se amedrenta” a los testigos.
La fiscal relató que han existido casos de llamadas realizadas desde las cárceles a testigos protegidos, para advertirles que conocen su participación en la causa y “lo llaman para decirle que sabe que declaró”.
Por su parte, la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, aseguró en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores el 26 de mayo que tuvieron testigos “fuertemente amedrentados” con “balaceras en sus casas y armas de fuego en la cabeza”. También habló sobre filtraciones que circulaban en los barrios, por ejemplo, de declaraciones de los testigos ante la Policía, para amedrentarlos y pedirles que no declaren. “Hay una violencia más estructuralizada en la sociedad, y eso obviamente puede dificultar más la labor”, aseguró por su parte el fiscal de Estupefacientes de 3º turno, Rodrigo Morosoli.
Cuando ocurren las amenazas, los fiscales no pueden recomendarles a los testigos que presenten una denuncia formal, porque es una forma de exponerlos. “Se evidencia que son ellos”, aseguró Edelman.
En esos casos, los fiscales suelen recurrir a mecanismos de protección gestionados por la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, a partir de un comité que evalúa el riesgo de una persona, que incluyen desde vigilancia policial hasta realojos temporales fuera del barrio. A fines del año pasado, la directora de la Unidad, Manuela Reguera, había enviado un documento al Ministerio del Interior en el que planteaba la necesidad de disponer, para testigos y víctimas, de “casas de seguridad con custodia policial durante los momentos previos a la declaración”, frente a nuevas modalidades de grupos de crimen organizado que aumentan la presión a las personas antes de que estas declaren en su contra en la Justicia, tal como informó Búsqueda.
Flores señaló que, en algunos casos, los amedrentamientos no terminan con las amenazas. “Tenemos casos donde nos matan los testigos. Tampoco es que nos están matando testigos a rolete, pero en algún caso ha pasado”, afirmó.
La fiscal habló de causas en las que personas que habían aportado información relevante fueron asesinadas antes de llegar al juicio. En uno de los casos, un hombre imputado por cinco homicidios mató al testigo de un crimen anterior. Debido a la legislación vigente, cuando eso ocurre y los testigos ya no pueden comparecer, están limitadas las posibilidades de utilizar en un juicio las declaraciones tomadas previamente por la Policía, por lo que los fiscales impulsan modificaciones que permitan incorporar los testimonios de forma excepcional.
Cambio normativo
El pasado 12 de mayo, una delegación de la Fiscalía General de la Nación concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, donde se comenzó a analizar el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal.
Allí, la fiscal de Corte Mónica Ferrero, la fiscal letrada de Montevideo e integrante de la Unidad de Litigación Estratégica del Ministerio Público, Valeria Bovio, el fiscal de Ciudad de la Costa de 2º turno Ignacio Montedeocar, y Edelman —quienes formaron parte del grupo asesor técnico que lo elaboró— señalaron entre otros puntos las dificultades que existen respecto a la declaración de testigos.
“Es muy complejo (...) convencerlos de que participen del proceso, no solamente por los tiempos que demanda, también por el miedo, por el riesgo, porque son del interior, porque fue a la vuelta de su casa, porque fue un vecino”, aseguró Bovio, según consta en la versión taquigráfica.
En esa instancia, las representantes de la Fiscalía defendieron una modificación de la normativa para poder trasladar como prueba la declaración de testigos en sede policial, antes de declarar ante un fiscal, en caso de fallecimiento antes del juicio. Este cambio también fue respaldado por la Asociación de Magistrados Fiscales, que compareció el 26 de mayo.
En la comisión, Montesdeocar dijo que sería una modificación de “vital importancia”, porque “un testigo puede ser un testigo clave para el caso y no siempre están dadas las condiciones que exige la normativa para pedir una declaración anticipada”. Citó, por ejemplo, el derecho comparado del Código Procesal Penal de Chile, que “tanto se utiliza como modelo” y habilita a tomar las declaraciones previas en caso de fallecimiento posterior a la audiencia de control de acusación, siempre que el testimonio sea “considerado esencial por el tribunal”. Lo mismo sucede con el Código Procesal Penal de Argentina, que habilita a tomar declaraciones previas cuando “el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa para declarar”.
“Estamos abogando porque se siga la misma solución que en otros códigos muy cercanos para solucionar un problema que, en los hechos, puede ser grave para el buen resultado de la persecución, que no es otra cosa que evitar la impunidad”, aseguró el fiscal a los legisladores.
