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La investigación por irregularidades en el Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) de la Jefatura de Policía de Montevideo tuvo un giro inesperado en las últimas horas después de que los oficiales indagados acusaran a un grupo de fiscales penales que presuntamente cargaron combustible de modo irregular durante décadas y hasta fines de 2011 en ese servicio del Ministerio del Interior.
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Desde hace meses se investiga en la Justicia especializada en Crimen Organizado a un grupo de oficiales por ser presuntos partícipes en maniobras con vales de nafta y otro tipo de insumos. El lunes 18 y ayer miércoles 20 varios policías declararon en calidad de indagados frente al juez Néstor Valetti y la fiscal Mónica Ferrero.
Para sorpresa de los investigadores, los oficiales indagados dijeron como defensa, en sede policial primero y en sede judicial después, que los fiscales penales nacionales cargaban combustible del Cayma en sus automóviles particulares, con tope de 50 litros al mes. Supuestamente esa carga de combustible se hacía para concurrir a actos de servicio como levantamiento de cadáveres u otro tipo de diligencias, aunque eso no era controlado. Según las fuentes, cuando se buscó el fundamento legal de esa práctica no se encontró ninguna.
Los informantes dijeron que los fiscales que figuraban como asiduos cargadores de combustible en el Cayma son la ex fiscal penal Mirtha Guianze, las fiscales penales Cristina y Raquel González, el ex fiscal penal y actual fiscal de Aduana Luis Bajac, la fiscal penal Adriana Acosta y Carlos Negro, entre otros. El caso de Negro es particular, señalaron las fuentes, debido a que ese fiscal cargó combustible solo un par de meses y luego dejó de hacerlo ante la duda de si la conducta era legal, pese a contar con una autorización expresa para hacerlo.
Otros fiscales como Enrique Rodríguez, Juan Gómez o Mónica Ferrero nunca hicieron uso del beneficio, señalaron los informantes.
Fuentes del Ministerio Público con mucha antigüedad en la función recordaron a Búsqueda que si bien es difícil encontrar un sustento jurídico a esa situación, se trataba de una suerte de “derecho adquirido” debido a que esa práctica fue habitual durante más de dos décadas, hasta que en diciembre de 2011 se cortó por orden de las jerarquías policiales.
En ese momento un grupo de nueve fiscales envió una nota al fiscal de Corte de la época, Rafael Ubiría, pidiendo la restitución del beneficio por considerarlo necesario para el cumplimiento del servicio. No obstante, esa solicitud nunca fue respondida.
Actualmente, los fiscales no tienen recarga de combustible para sus automóviles particulares, pero sí son trasladados por la Policía cuando lo requieren.
Un fiscal penal comentó a Búsqueda que eso tampoco es lo ideal. “Es cierto que no es bueno que nos den nafta para nuestros autos pero tampoco que nos lleve la Policía. Lo bueno sería que el Ministerio Público tuviera suficientes recursos propios como para encargarse de este aspecto”, opinó.
