En las últimas semanas la Aduana quedó en el tapete por la decisión, adoptada a comienzos de abril, de prohibir el ingreso de mercaderías en los pasos de frontera —sobre todo con Argentina— que supere la franquicia de U$S 150 por persona por vía terrestre y el doble de ese monto por avión o barco. También por las denuncias surgidas en ese país de supuestos vuelos clandestinos hacia Uruguay con dinero sucio, realizados por empresarios vinculados con el gobierno kirchnerista.
Canon dijo que “ninguna aduana del mundo puede controlar absolutamente todo, ni las más avanzadas. ¿Hay un país impermeable al contrabando? En absoluto”. Sustuvo que “impermeabilizar Uruguay frente a todos los riesgos —los fitosanitarios, de lavado de dinero, de tráfico de droga y de contrabando— no sería eficiente. Tendríamos que tener un ejército de funcionarios públicos para controlar cada metro de la frontera o tecnología tal que cubra todo, y en cada aeropuerto y puerto. No sería deseable hacerlo así porque entorpecería el tránsito de comercio exterior y el turismo”.
Y reivindicó el “uso eficiente de los recursos, la selectividad y la gestión de los riesgos. Esto es lo que hacen todas las aduanas del mundo”. Y remarcó: “El corazón de la gestión aduanera es la gestión de riesgo. De cada 100 cosas que pasan, cuántas son de riesgo para el país. En Uruguay, el riesgo de evasión fiscal —la introducción ilícita de mercaderías, la subvaloración y facturación— es el más importante”.
El jerarca dijo que la decisión de frenar el ingreso ilegal de mercadería desde Argentina, conocida como “cero kilo”, provocó una “reducción sensible” de esos trasiegos a través de los puentes internacionales, en los que participaban desde las familias de la zona al “changador a sueldo” del contrabandista y el “gran contrabandista”. Por ejemplo, el paso de personas a través del puente internacional que une a Paysandú con la argentina Colón cayó de un promedio mensual de 3.800 antes de la medida a 1.400; en Salto bajó de 3.050 a unos 1.500, según registros de la DNA.
Canon expresó su beneplácito porque la “visión de los formadores de opinión y de actores políticos fue virando desde el inicio del cero kilo, de decir que se trata de una medida antipática, hasta tener ahora el apoyo de los Centros Comerciales de Paysandú y Salto, de la Confederación Empresarial del Uruguay, y de las Cámaras de Industrias y de Comercio y Servicios. Lo lógico en un país serio es que esa actitud hubiera sido desde un primer momento”. Y agregó: “¿Dónde se concibe en el mundo que un país no tenga impuestos para financiar los servicios públicos? No es agradable (pagar impuestos), pero el contrabando es evasión. Que la sociedad venga reaccionando cultural e ideológicamente en favor de repeler la evasión es un signo de civilidad y madurez. En este sentido, el cero kilo fue una batalla de ideas cruenta, pero que ganó Uruguay y se dio un paso adelante en camino al desarrollo”.
Lo cierto es que el combate en el litoral del contrabando para consumo propio o como negocio trastocó el presupuesto y la forma de vida de algunas familias.
Canon contó que el Poder Ejecutivo tiene en consideración “ideas en borrador” para favorecer la formalización, bajo una figura especial de la actividad de importación, de quienes realizaban el pequeño contrabando en esa zona, de modo que puedan comercializar al minoreo la mercadería. Por un carril distinto, el gobierno ofreció dar respuesta con planes del Ministerio de Desarrollo Social a situaciones que así lo requieran.
En tanto, una nueva medida de control fue puesta en vigor desde el martes 7: Ancap, en colaboración con la DNA, aplican lo que algunos llaman el “cero litro”; se tomarán muestras de los combustibles para detectar si fue surtido fuera del país, lo que constituye contrabando. “Se va a ejercer una función disuasiva y puede ser sancionatoria”, explicó Canon.
Corrupción y reforma
El director de Aduanas consdiera que se está procesando un “cambio” de mentalidad entre los funcionarios, si bien el organismo aún “tiene un problema de reputación” y persisten “bolsones de corrupción”, pero “cada vez menores”. Según dijo, se debe “aprovechar eso poniendo los incentivos correctos”.
En el marco de la modernización de la DNA, en esa dirección apuntan dos decretos que están, aparentemente, en la etapa final para su aprobación tras un largo proceso.
Canon lo relata con algo de frustración: su origen fue “un año y medio largo de elaboración interna, con giras al interior y diálogo con funcionarios. Se inició una negociación en la Dirección Nacional de Trabajo, en un proceso que llevó cerca de medio año y por momentos dos reuniones semanales. Luego pasó a la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde estuvo unos seis meses: son los tiempos del Estado uruguayo, lamentablemente. De ahí salió con un informe positivo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde estuvo dos o tres meses; un jerarca se fue de vacaciones y el expediente no se movió. Pasó después al MEF y llegó al escritorio de una funcionaria, que a los 20 días se dio cuenta de que no le correspondía tramitarlo a ella y lo derivó. Siguió su curso y del MEF pasó a Jurídica de Presidencia de la República, que es donde está ahora desde hace aproximadamente dos meses, ya que nos dicen que están atorados con otros expedientes. Es como un vía crucis, es Cristo llevando la cruz”.
Uno de los decretos en cuestión da cumplimiento a un artículo de una ley de Rendición de Cuentas que corre los grados salariales en la DNA, poniendo el sexto como nuevo piso. Eso favorece a unos 560 funcionarios; el sueldo pasará de un mínimo (grado 1) de aproximadamente $ 30.000 a más de $ 40.000 con el corrimiento.
“¿Es una dilapidación de plata? No, es una apuesta a la profesionalización de la Aduana, no solo por los funcionarios actuales —que están rindiendo— sino por los que vienen: para ingresar vamos a elevar la vara y a exigir estudios, títulos, certificados, conocimiento de idiomas. ¿Quién maneja idiomas?... ¡Eso no puede ser en una aduana moderna!”, argumentó el jerarca.
El decreto que intenta sortear la burocracia estatal también modifica los “incentivos perversos” que existen actualmente respecto al esquema de multas a las infracciones aduaneras, según dijo. Hoy el 40% de lo obtenido por ese concepto lo percibe el funcionario que aplica la multa y otro 30% se distribuye entre toda la plantilla del organismo. “Esto parece que no se adapta al comercio internacional de hoy”, sostuvo Canon.
Con la reforma prevista, el 70% del dinero irá a un “bolsón” que se repartirá según el desempeño de todo el personal y una porción menor que la actual quedará para quien aplicó la multa.
Otro decreto que está en la Presidencia introduce una reestructura administrativa en la DNA.
Por un lado, unifica las siete divisiones actuales en cuatro nuevas áreas y se hace “más compacto el organigrama”, lo que facilita la gestión, alegó el jerarca.
Por otro está “lo más importante de este decreto de reestructura” y es la creación de 60 y pico de funciones de dirección, por arriba del grado máximo”, explicó. Quienes ocupen dichos cargos serán nombrados por el director nacional y quedarán sometidos a acuerdos de gestión cuyo cumplimiento será evaluado a los 15 meses por un tribunal que integrará ese jerarca, un delegado del MEF y otro de los propios aduaneros. “Si se cumple el acuerdo de gestión se renueva la función y si no el funcionario vuelve a su antiguo grado. Esta es la frutilla de la torta” de la reforma del organismo, valoró Canon.
Paralelamente, la DNA está negociando con el sindicato una reestructura de los puestos de trabajo, tras haber hecho durante el último verano un estudio de la cantidad de funcionarios que precisa así como de los perfiles.
En ese marco, hasta 2020 Aduanas sufrirá la baja de 108 funcionarios por jubilación, pero según lo planeado por sus autoridades, se crearán 58 vacantes para ascensos y 128 cargos para el ingreso de personal con alto nivel de formación. Con esos movimientos, la plantilla total del organismo pasará de 1.053 en la actualidad, a 1.195, un “aumento que es mínimo en cantidad pero que dará una ganacia sobre todo en más capacidad”.
Este refuerzo de personal permitirá intensificar la vigilancia en las cuatro sedes regionales que se prevén crear, en sustitución de la que se realiza desde las 18 administraciones aduaneras actuales. Habrá una dotación de cuatro funcionarios por turno, cuando hoy en algunos pasos de frontera los controles los hace una sola persona, informó el jerarca.
