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En lo que va de la aplicación de la segunda ley que abrió una puerta de salida de una administradora de ahorro previsional (AFAP), más de 4.000 personas optaron por ese camino volviendo a aportar exclusivamente al Banco de Previsión Social (BPS). Para las AFAP, los números no representan “demasiada sorpresa” y esperan una “saturación inicial” que luego vaya disminuyendo. Lo que no saben todavía es a dónde transferir los fondos de quienes ahora dejan de ser afiliados.
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Esta segunda ley, la 19.590, ampara a los llamados “cincuentones”. La norma estableció que los ahorros jubilatorios de aquellos que decidan salirse de la AFAP deben ser transferidos a un fideicomiso que podrá invertirlo en instrumentos de renta fija, sobre todo estatales. La transferencia de los ahorros correspondientes a los primeros desafiliados (4.176 personas al 22 de junio) debía haberse hecho el viernes 13, ya que la ley fija como plazo para hacerlo hasta los primeros 10 días del mes siguientes a la comunicación de la desafiliación.
Pero el gobierno aún no ha definido quién administrará el fideicomiso, por lo que la transferencia no se concretó y el dinero sigue invertido en el fondo previsional. Fuentes del sector dijeron a Búsqueda que, si como estiman, las tres AFAP privadas pasan la misma cantidad de dinero, la primera transferencia del conjunto de las administradoras rondaría el equivalente a US$ 130 millones.
La figura de este fideicomiso se previó en la ley para evitar que ese dinero se incorpore a las finanzas del BPS, que son deficitarias. En su decreto reglamentario el Poder Ejecutivo señaló la necesidad de “preservar el capital y maximizar la rentabilidad de los fondos administrados”. Y aunque el BPS es el fiduciario final del fideicomiso, la ley creó una comisión de seguimiento de la que también participan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía.
Esta es la segunda puerta de salida del régimen de AFAP que se implementó tras la reforma de 1996. En 2014, cuando el gobierno permitió la desafiliación para quienes tuvieran entre 40 y 50 años y hubieran ingresado voluntariamente en una administradora, unas 8.300 personas hicieron uso de esa opción durante el primer año de vigencia de la ley. Eso significó un ingreso de US$ 130 millones al BPS.
“Saturación”
Atendiendo reclamos de los “cincuentones” (trabajadores de 50 o más años a partir del 1° de abril de 2016 y que, a la fecha de vigencia de la ley, hubieren estado obligadas a afiliarse a una AFAP) respaldados desde el PIT-CNT, el gobierno promovió una segunda ley que habilita la salida de las AFAP desde abril pasado. Los interesados deben ser asesorados por el BPS para tener elementos de análisis acerca de si les conviene o no abandonar la AFAP.
Hasta ahora cerca del 30% de los asesorados tomaron la decisión de desafiliarse. Tanto desde el BPS como desde las administradoras interpretan que estas primeras salidas corresponden a personas ya informadas de su situación y que, además, estaban decididas a salirse. Casi la totalidad de quienes pidieron una cita para el asesoramiento previo estipulado por ley, concurren al BPS.
“No hay demasiadas sorpresas, porque en estos procesos sabemos que al principio puede darse una saturación inicial y después se va hacia volúmenes normales”, dijo a Búsqueda Sebastián Peaguda, presidente de la asociación de las tres AFAP privadas.
Los asesoramientos comenzaron paulatinamente en mayo, con lo que el caudal de salidas se verá en los próximos meses, estimó. Hasta ahora más de 70% de las desafiliaciones corresponden a la estatal República.
Otra fuente del sistema dijo que aún es “muy pronto” para conocer cuántas personas decidirán finalmente volver al BPS, pero estimó que los números serán “muy parecidos” a la ley anterior. Entonces, luego del pico de más de 8.000 desafiliaciones durante el primer año de vigencia hubo una disminución paulatina en la cantidad de asesoramientos y salidas.
