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Con la inflación en 9,6% en los 12 meses cerrados en julio —su máximo desde fines del 2020—, el Banco Central (BCU) evaluará el lunes 15 la política monetaria. ¿Subirá la tasa de referencia otros 50 puntos básicos, como en julio, o enviará una señal fuerte de compromiso de contención del alza de precios elevándola todavía más?
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La decisión, en manos de los tres directores, surgirá tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom). Desde el 6 de julio la tasa quedó en 9,75% —un nivel contractivo— y “se anticipan nuevos ajustes en las próximas reuniones”, adelantó en ese momento, aunque sin especificar la magnitud que tendría la siguiente suba.
La semana pasada se conoció que la inflación anual volvió a alejarse del rango establecido como meta por las autoridades, y que los empresarios descreen que ese objetivo se cumpla (proyectan que los precios minoristas aumenten 8% en los 12 meses a julio de 2024). A todo eso, el economista José Antonio Licandro, quien ocupó diversos cargos jerárquicos en el BCU —el último, asesor del Directorio, hasta hace pocas semanas, cuando se jubiló—, opinó que “lo mejor que podría hacer” el organismo es “ser más agresivo” con la suba de la tasa “de lo que ha anunciado. Ya ha renunciado a llevar la inflación al rango de 24 m(eses), lo que en sí es una mala señal. No le queda mucho tiempo”, escribió en Twitter. Si no opta ahora por ese camino, corre el riesgo de “no anclar las expectativas y mantener la inercia inflacionaria, una suerte de círculo vicioso que incrementa los costos de ir a una moneda de calidad, un sistema financiero dolarizado, etc.”.
Además, según Licandro, la “falta de autonomía hace que la probabilidad de presiones políticas para flexibilizar la política” crezca al acercarse las elecciones. “Se necesita una mejor gestión e institucionalidad” del BCU, orientada a un “régimen verdadero y creíble de metas de inflación en 2-3%”, opinó el lunes 8 en El País Aldo Lema, consultor y miembro del Consejo Fiscal Asesor.