Un Banco Central “oscuro” y sin “autocrítica” por el 2002 mejoró reputación y conocimiento de qué hace

En la primera de esas investigaciones, hecha en 2007, entre los líderes de opinión encuestados se consideraba que, para la gente, era una entidad “hipertécnica” y que algunos no diferenciaban del Banco República. La opinión pública “no debe de tener demasiada idea de qué hace el BCU (…); es una entelequia”, señaló uno. Otro pensaba que al organismo “solo (se) lo ve cuando queda expuesto, cuando hay problemas”, como cuando quebraron varias entidades financieras tras la corrida de depositantes del 2002; el estudio muestra que aquella crisis fue un episodio costoso en términos reputacionales para el BCU.

La Carta Orgánica le impone a la institución dos cometidos “primordiales”: por un lado, propiciar una “estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo”, por otro, encargarse de la “regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo”. En ese sentido, su perímetro de acción abarca a prácticamente todo el sistema (bancos comerciales, administradoras de crédito, aseguradoras, empresas de servicios financieros, las AFAP y agentes de bolsa).

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Se espera que los resultados de esta nueva consultoría de Equipos —contratada en 2025 por $ 1.217.560, IVA incluido, equivalente a unos US$ 29.600 calculados al tipo de cambio promedio de ese año— sean presentados el mes que viene, informó el BCU respondiendo un pedido de acceso a la información pública en el que Búsqueda le solicitó todos los estudios de reputación hechos para la institución y el monto pagado por cada uno ($ 250.000 por el del 2007, $ 662.000 por el de 2015 y $ 915.000 por el último publicado, del 2020).

Los informes muestran cómo evolucionó la imagen corporativa del BCU, el conocimiento que tienen la población en general y los grupos “formadores de opinión” sobre la actividad que realiza esta institución, la percepción acerca de la eficacia de sus funciones y de ciertos programas específicos o la calidad de las estadísticas que publica. Algunos de estos estudios indagaron también sobre la percepción sobre la coyuntura económica del momento —exponiendo problemas en esa área y en otras que han sido recurrentes a lo largo del tiempo— o la imagen de ciertos jerarcas.

El primero, elaborado pocos años después de la crisis del 2002 e iniciando un ciclo de tres períodos de gobiernos del Frente Amplio, es el más extenso —unas 100 páginas— y el único sin publicar en la web institucional.

La crisis del 2002 y el después

Ese estudio del 2007 se basó, por un lado, en 20 “entrevistas en profundidad” a “líderes y formadores de opinión”: periodistas, autoridades públicas, políticos, empresarios y personas que ocupan puestos relevantes en instituciones financieras reguladas por el banco. Entre ellos era “ampliamente recurrente” la percepción de que Uruguay atravesaba entonces por un “buen crecimiento” como “recuperación natural poscrisis 2002” y ayudado por un “contexto internacional favorable” de commodities valorizados y bajas tasas de interés. También destacaban la “continuidad en grandes rasgos de la política económica anterior” (al Frente Amplio) y una “transición sin sobresaltos”.

A eso se contraponía la visión de que había “problemas sectoriales o microeconómicos por atraso cambiario y consecuente pérdida de competitividad en mercados externos”, de que el nivel de endeudamiento era “elevado” al igual que el desempleo y de que “no se perciben mejoras en la educación”, entre otras cosas.

Sobre los responsables de la política económica de la época, uno de los periodistas entrevistados citado por Equipos decía: “El garante es (el ministro Danilo) Astori y tiene dos apoyos fuertes en diferente grado. El presidente (Tabaré Vázquez) y el ministro de Ganadería (José Mujica) como principal figura política del país”.

En esa configuración de poder, el BCU era visto como “responsable” y con solidez técnica, pero no como “protagonista en las decisiones”, además de con “poca visibilidad”. “Distante debe de ser, pero no oscuro”, como era, según manifestó un encuestado. Del estudio surge que el rol más específico del BCU estaba asociado al sistema financiero.

Danilo Astori. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

A su vez, al presidente de entonces de la autoridad monetaria, Walter Cancela, se lo percibía “más al costado del equipo económico” que lideraba Astori, quien era descrito por otros como un “tótem” o un “superministro”. “Si sacan a Cancela, no pasa nada”, opinaba otro. La figura de ese economista y la ausencia de participación de la oposición en el directorio del banco favorecían la percepción de que la institución no era “autónoma”, sintetizaba la consultora.

Por otro lado, Equipos preguntó por las “responsabilidades de la crisis del 2002” y, más allá de la influencia de los problemas en Argentina y la estafa en bancos locales, entre los entrevistados resultó “concurrente la asignación de responsabilidad más allá de diferencias sobre su grado y percepción sobre lo que podría haber hecho”. Un empresario cuestionó por partida doble y dijo: “no puede pasar que te vacíen un banco y no te des cuenta”, siendo que “es el organismo con los sueldos más altos y con autocrítica muy poca”. Un periodista no dudó en atribuir “ineptitud y corrupción” a funcionarios del BCU.

El mismo estudio recogió la percepción de que la salida de aquella crisis se dio de manera “muy positiva” y que, además, el organismo perfeccionó su rol como supervisor del sistema financiero. Según un político, a dejar atrás los sucesos del 2002 contribuyó la Presidencia del banco ejercida por el economista Julio de Brun, la “coordinación” con el Ministerio de Economía” y la “ayuda económica extranjera”.

Para ese estudio del 2007, la visión de los “referentes” de opinión fue complementada por Equipos con unas 900 encuestas entre la población adulta. El 47% no contestó o no supo responder de manera espontánea qué funciones cumple el BCU. Además, aunque el organismo generaba más simpatía que otros, era percibido como lejano por entender que carecía de influencia en el “diario vivir”.

Los encuestados también relativizaban el peso de la autoridad monetaria. Al identificar a los “responsables” de la “economía del país”, del “control de la inflación” y del sistema financiero, la mayor cantidad de menciones eran al “gobierno”, al “Ministerio de Economía/Astori” y a la “Presidencia”.

Otras preguntas del cuestionario eran más específicas. Por ejemplo, del estudio surgieron planteos a favor de cambiar los colores y el tamaño de los billetes, y se determinó que las “mayores dificultades con el cambio” al realizar una compra se daban en almacenes, panaderías y carnicerías (una responsabilidad que en más de un 70% le atribuía al comerciante).

Mejora de la percepción

El estudio del 2014 captó una mejora en los niveles de “prestigio”, “confianza” y percepción sobre el “cumplimiento de funciones” del BCU respecto al previo (con puntajes por encima de siete en un rango de 0 a 10).

Equipos resalta en ese informe que la proporción de encuestados que no conoce ninguna función del BCU (al preguntar de forma espontánea) bajó de 47% en 2007 a 35% en 2014. Se lo asociaba principalmente con la “emisión de billetes y monedas”, con la tarea de “manejar y cuidar las reservas internacionales (oro y moneda extranjera)” y con “informar las tasas de interés del mercado”. Los que pensaban —erróneamente— que una función del BCU era “recibir depósitos (abrir cuentas de caja de ahorro y plazos fijos)” superaban a los que sabían que entre sus cometidos está “mantener la estabilidad de precios y combatir la inflación”.

La encuesta mostró una mejora en percepción sobre el cumplimiento de las funciones específicas del BCU (una suma de 53% entre las respuestas “bueno” o “muy bueno” respecto del control de la inflación, de 60% en cuanto a la regulación y control del sistema financiero y 51% en cuanto a la elaboración de indicadores bancarios, del comercio exterior y otros).

Entre los “líderes de opinión” encuestados en 2014, casi ocho de cada diez (79%) realizaba una “evaluación global” favorable del BCU, con atributos como la “ética”, la “credibilidad” y la “transparencia”.

Desde esa segunda edición del estudio se discontinuó el análisis referido a quién gobernaba la política económica, la autonomía bancocentralista o la imagen de sus jerarcas.

En cambio, se empezó a prestar atención a la educación financiera y al programa “BCUeduca”; de la encuesta se proyectó que medio millón de personas (23% de la población adulta) lo conocía.

En los comentarios finales, la consultora apuntó que la “política de estabilidad de precios es el aspecto más crítico de todos los evaluados” y que el “desarrollo del mercado de deuda” o la “promoción de la educación económico-financiera de la población aparecen como aspectos a seguir mejorando y difundiendo por parte del banco”.

El “principal cambio”

El trabajo de campo del estudio del 2020 se hizo entre agosto y octubre de ese año, en el inicio de la administración presidida por Luis Lacalle Pou y en emergencia sanitaria por el Covid-19 (las 704 encuestas de opinión pública y las 160 a líderes fueron hechas vía telefónica).

Del sondeo surgió que la mayoría de la población adulta conocía las funciones primordiales del BCU (a nivel espontáneo, principalmente las vinculadas al manejo de la política cambiaria, de las reservas y la regulación del sistema financiero). Sin embargo, “sigue existiendo una porción significativa de la población que no logra mencionar espontáneamente ninguna función” (31%), subrayaba Equipos.

La evaluación positiva global del organismo creció levemente (a 67%) respecto al estudio del 2015. La percepción favorable se destacaba en particular entre los “especialistas en economía” (analistas, académicos, periodistas y cámaras).

Según Equipos, el “principal cambio en la evaluación de los atributos del BCU respecto a 2014 es la mejora sustancial de la incidencia del banco en la política económica”, así como en los resultados de la “política de estabilidad de precios”.