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Cualquier discusión sobre la educación privada está rodeada de prejuicios que vienen de distintos frentes. Al menos eso siente el profesor de Filosofía, Sergio Sommaruga, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep). Entre los trabajadores, y sobre todo en el sindicalismo, no faltan quienes creen que enseñar en el sector privado es darle “la espalda a los más humildes y trabajar para los chetos”. El segundo es un prejuicio en sí mismo para Sommaruga, que señala que a los colegios y liceos privados van “muchísimos hijos de laburantes”.
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Del lado del lobby empresarial, agrega, uno de los más comunes es el de creer que la educación privada es una isla en la que todo funciona bien y que lo que hay que discutir es la educación pública. Otro frecuente es el de sostener, ante cualquier intento de “problematización” de la actividad, que quien promueve esa discusión quiere en el fondo terminar con la educación privada.
Sommaruga no ejerce en realidad como profesor de Filosofía en ningún liceo privado. Lo hace en la UTU y en secundaria pública. Su militancia en el Sintep se debe a su trabajo como educador popular en el Centro de Educación Integral La Pascua de la Cruz de Carrasco.
Para empezar a apartar prejuicios, dice que no tendría ningún problema en dar clases en un liceo privado. De hecho, reconoce que en el último tiempo comenzó a sentirse tentado a enviar su currículum como “experimento”, para ver si alguno lo llama pese a su cargo en el sindicato. En segundo lugar, dice que no tiene dudas respecto a la “pertinencia” de la existencia de la educación privada. Eso sí, después de una larga argumentación que empieza con José Gervasio Artigas formándose en el colegio de los franciscanos, pasa luego por José Pedro Varela que fue el padre de la escuela pública pero también fundador del colegio privado Elbio Fernández, y desemboca en la reforma constitucional de 1917 que terminó con el proceso de secularización del Estado.
“Desde entonces se entiende que la libertad de enseñanza es un concepto valioso y que, si yo profeso una religión o provengo de una comunidad determinada, tengo derecho a que mis hijos vayan a una institución educativa que recoja esa tradición. Desde ese punto de vista no tengo duda alguna de que es pertinente la educación privada. Estoy en contra de las unidades de negocio que utilizan la educación como un medio y no como un fin, que usan la educación para extraer excedentes”, dice.
Para analizar ese fenómeno al margen de los prejuicios, el Sintep hizo un acuerdo con la Universidad de la República (Udelar) para desarrollar un estudio que esperan hacer público en los próximos meses. Sommaruga adelanta algunos aspectos que ya surgen claros.
La educación privada atraviesa una “hipermercantilización”. Una prueba es la cantidad de centros educativos que operan como sociedades comerciales —principalmente sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada—. Según el relevamiento, son “al menos un tercio” los centros educativos que funcionan de esa manera en una actividad en la que antes eran casi todas asociaciones civiles.
Hipermercantilización.
El sector de la educación privada está compuesto por unas 340 instituciones y alrededor de 140.000 alumnos, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación y Cultura. La existencia de colegios y liceos privados se sustenta en el concepto de libertad de enseñanza consagrado en la Constitución y el Estado les concede exoneraciones tributarias para facilitar su funcionamiento.
“La educación privada es una zona franca. Una institución de enseñanza privada no paga IRAE, no paga IVA facturación, no paga ningún impuesto municipal, si tiene un auto no paga patente, no paga aportes patronales. Pocas actividades tienen tanta exoneración”, dice Sommaruga para instalar rápido la discusión.
Basado en el estudio con la Udelar, asegura que “muchas instituciones se están aprovechando y encontraron un nicho en esas prerrogativas”. De esa manera, “se desvirtúa el concepto de libertad de enseñanza y el esfuerzo fiscal que hace Uruguay”.
Lo que más le preocupa al Sintep es la “creciente cantidad de instituciones que no tienen ningún proyecto educativo y lo que tienen es fin de lucro”. Sommaruga evita dar nombres, aunque tiene varios en mente, y cuestiona: “¿Por qué tienen exoneraciones fiscales esas instituciones y la fábrica de pastas de enfrente que se parte el lomo laburando tiene que pagar?”.
En segundo término, el sindicato ve como otro aspecto negativo que instituciones de larga tradición y que sí tienen proyectos educativos serios comienzan a adoptar prácticas capitalistas empujadas por esta lógica. Como ejemplo, y de nuevo sin dar nombres, cuenta el caso de dos colegios católicos del mismo barrio. Uno de ellos consiguió la base de datos de los alumnos del otro y comenzó a mandar promociones a sus familias. O recuerda lo que pasó años atrás con el José Pedro Varela, que mientras los trabajadores intentaban que no cerrara otras cuatro instituciones privadas con un despliegue agresivo intentaban quedarse con sus alumnos.
“No deberían comportarse así, como bancos que compiten por clientes”, dice.
Sommaruga sostiene que la hipermercantilización de la educación privada afecta a los trabajadores. Desde el punto de partida hay un cambio en las reglas de funcionamiento: “el alumno deja de ser un sujeto de derecho para ser un cliente”. Eso se manifiesta, por ejemplo, en presiones de los directores a los docentes con las calificaciones. Se empiezan a mezclar en la tarea criterios que no son necesariamente académicos. Perder un alumno es perder matrícula en un sector con una “oferta muy agresiva”.
La relaciones laborales, dice, también se ven afectadas. El salario del personal de los centros pasa a ser una variable más en la búsqueda de la competitividad para poder cobrar una cuota menor. La expresión más clara es el uso del contrato a término. Según Sommaruga, algunos centros tenían durante años docentes a los que en diciembre les cortaban el contrato y los retomaban en marzo. En el último convenio que firmaron lograron limitar el contrato a término a un año, de modo que se use solo para casos de suplencias y no para personal permanente.
