N° 1950 - 28 de Diciembre de 2017 al 03 de Enero de 2018
El ajuste fiscal que el gobierno aplica en Uruguay desde el mismo día en que se instaló en marzo de 2015, contradiciendo flagrantemente sus promesas electorales para tapar un déficit fiscal desbocado, está colocando en serias dificultades a las empresas medianas y pequeñas, a las familias y a los ciudadanos en este fin de año. Aumentos de tarifas, mantenimiento o aumentos de impuestos ya altos y creación de nuevos tributos no están dejando más opciones que recortar las plantillas de trabajadores, congelar y/o rebajar sus salarios o, directamente, cerrar. Los márgenes de ganancia son casi nulos o inexistentes. No hay dos maneras de ver eso.
La Cámara Mercantil de Productos del País alertó a principios de diciembre que las rigideces estructurales del Uruguay “determinan una pérdida de competitividad que afecta la marcha normal de los negocios y desalienta la inversión”.
Luego de apoyar el acuerdo entre la multinacional finlandesa UPM y el Estado uruguayo para instalar una nueva planta de celulosa en Paso de los Toros, el gremio empresarial dijo que las múltiples concesiones a UPM son “soluciones particulares al gran problema que enfrenta todo el sector productivo nacional”: una elevada presión fiscal, una infraestructura inadecuada o las dificultades para acceder a mercados externos en condiciones más favorables.
“Todo ello se traduce en menores niveles de inversión y, en particular, en la dificultad creciente de la producción uruguaya para incorporar trabajo a los bienes que pueden ser exportados”, explicó.
El World Economic Forum, que elabora un índice sobre competitividad desde 1979, muestra al Uruguay en el fondo de la tabla (131 en 137) en el rubro “cooperación en la relación empleado-empleador”. El país es un desastre en el rubro “flexibilidad para determinar el salario” (135 en 137). Apenas menos penosa es la posición de Uruguay en el “efecto de los impuestos en el incentivo para trabajar” (132 en 137) o en las “prácticas de contratación y despido” (126 en 137). Aquí puede haber, cómo no, responsabilidad de los patrones. Pero no caben dudas de que la ideología marxista-leninista de la cúpula del PIT-CNT y de su gran aliado en el Poder Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, son los grandes obstáculos para avanzar siquiera un poco en estas materias.
Esto ocurre en medio de una situación grave en la que el gobierno ha colocado al Uruguay, haciéndole correr el riesgo de perder el “grado inversor”, que es lo que permite al país conseguir crédito barato en el mundo. El Frente Amplio festejó este logro cuando lo consiguió. Ahora da la impresión de que está dispuesto a tirar esa carta a la marchanta, en un acto de irresponsabilidad inconcebible.
El ministro Murro, quien junto con la dirección del PIT-CNT quiere destruir a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), ha avanzado un casillero en su propósito con la llamada ley de “cincuentones”. Y, la semana pasada, en una entrevista con Búsqueda, explicitó honestamente su propósito de erosionar por todos los medios a las AFAP, cuya tasa de ganancia comparó con las que obtienen los narcotraficantes.
Adviértase la enormidad de la situación: el ministro de Seguridad Social quiere destruir el sistema de seguridad social que está obligado a administrar. No hay más nada que hacer acá, pues. Así están planteadas las cosas.
No es de extrañar, entonces, que el 14 de diciembre, el presidente de SURA Asset Management, el colombiano Ignacio Calle Cuartas, emitiera un comunicado desde Medellín, advirtiendo que esa ley “busca cambiar condiciones” relacionadas con el sistema de ahorro previsional en Uruguay.
“Estamos convencidos de que decisiones de alta sensibilidad social y fiscal requieren debates responsables, basados en criterios técnicos, condiciones que en el proceso de aprobación del proyecto de ley en curso en Uruguay no se han dado. Esto sienta un precedente inconveniente en la confianza en la institucionalidad del país y la estabilidad jurídica, aspectos claves para las decisiones de inversión privada”, dijo el representante de SURA, una de las AFAP privadas que existen en el país. E insistió: “SURA ha demostrado su compromiso con Uruguay, país en el que confiamos por su larga tradición de respeto a las inversiones y a las reglas de juego”.
Es asombroso cómo el gobierno de Uruguay juega con fuego en este asunto. Las inversiones están bajando en el país, mientras en Argentina —hasta hace un par de años el ogro maldito de América del Sur para atraer capitales— están subiendo.
¿No se dan cuenta de lo que está en el tablero? Se supone que los ministros Astori y Nin Novoa entienden todo. Tenemos la certeza de que el ministro Murro también entiende todo, pero le importa un bledo dejar al Uruguay fuera del mundo (quizá eso, dejar al Uruguay fuera del mundo, no lo entienda del todo o crea que el mundo es Corea del Norte, Venezuela y demás proyectos “progresistas” y “bolivarianos”). ¿Y el presidente Tabaré Vázquez? No se sabe.
En cualquier caso, a 802 años de su aprobación, convendría que los gobernantes leyeran la Carta Magna de Inglaterra, sancionada por el rey Juan sin Tierra el 15 de junio de 1215 en Runnymede, entre Windsor y Staines. Ahí está todo para desandar el mal andado, si hubiera voluntad política, por supuesto.
Se ha hablado poco sobre ese documento fundamental, a pesar de su profundo significado histórico en el devenir de nuestra vida actual. La Carta Magna fue la influencia primitiva más importante en el extenso proceso que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa.
Ese año de 1215, los súbditos del rey Juan lo forzaron a firmar la Carta Magna, que enumeró lo que después vino a ser considerado como los “derechos humanos”. Liberó a la Iglesia de la intervención del gobierno, aceptó los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, y abolió los impuestos excesivos. Además, fijó los principios de garantías legales y la igualdad ante la ley. También dispuso la prohibición del soborno y la mala conducta de los funcionarios públicos.
Hace más de 800 años, el rey de Inglaterra aceptó que “ningún hombre libre fuera tomado o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscripto o desterrado, o de alguna manera destruido”.
El abuso de la monarquía era tal que el Rey fue obligado a decir que “si alguno, sin previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado por nosotros de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se los restituiremos inmediatamente” y que “todas las multas injustas e ilegales, y todas las penas pecuniarias impuestas injustamente y contra la ley del país, serán perdonadas enteramente”.
Por suerte, en Uruguay no hay monarquía. Pero es probable que esté llegando la hora para que una “Carta Magna” similar a esta sea impuesta a autoridades electas por el pueblo que —rehenes por voluntad propia de un pequeño grupo de retrógrados— han demostrado su incoherencia para gobernar.
