Alfie y la ética

La deriva que ha tomado la discusión con respecto a ese hecho demuestra que en nuestro país rige lo que señala el proverbio chino: “Cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo”.

Dicha ley en su artículo 6o expresa:

Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios que realicen actividades industriales o agropecuarias.

Los beneficios establecidos en el presente capítulo y los que otorgue el Poder Ejecutivo, en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que refiere el inciso anterior.

En su artículo 7o señala taxativamente a cuáles inversiones corresponden dichos beneficios. Entre ellos, se encuentran los bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo y los equipos para el procesamiento electrónico de datos.

Alfie realizó una inversión en su estudio profesional que encuadra dentro de los ítems estipulados para obtener los beneficios fiscales correspondientes. Ergo, no hizo nada ilegal ni inmoral.

Es más, si se hiciera pública la lista de quienes se ampararon en dicha norma para obtener beneficios fiscales desde que se aprobó, posiblemente surgirán nombres de personas de todos los partidos que los obtuvieron cuando ocupaban altos cargos públicos. Pero tampoco en esos casos habría algo reñido con la ética. Si no fuera así, tratar de justificar una mala acción con la excusa de que con anterioridad otros jerarcas de otros partidos políticos lo hicieron sería recurrir a la falacia de “tú también”, lo cual no es una razón válida.

El problema ético reside en otro lado: es la existencia de privilegios. Esa es la “luna” sobre la cual debería girar la discusión.

Se dirá que las inversiones son necesarias para cualquier país, lo cual es cierto. Además, que “todos” los países aprueban normas de ese estilo. Sin embargo, ese no es un argumento válido, sino la falacia de apelación al pueblo, con la cual se pretende ocultar la raíz de dicha situación, que es la insoportable carga fiscal, que impera en la mayoría de las naciones, que castiga a los sectores e individuos productivos.

Si el “peso” del Estado, el gasto público —que en una importante proporción es despilfarro— no fuera tan esquilmante, las inversiones vendrían por sí solas por la simple razón de que se hacen procurando obtener rentabilidad mediante ellas. Y en la ecuación que cualquiera hace para decidir, la carga tributaria total (nacional, municipal, tasas, contribuciones, impuestos, etc.) que implicaría es uno de los factores determinantes para decidir hacerla o no.

En adición, la carga tributaria total no es solo una cuestión de dinero, sino también la manifestación de la existencia de numerosas oficinas públicas y trámites burocráticos que amputan al espíritu innovador y la creatividad de tantas personas y empresas. Eso es otro elemento que se toma en cuenta al decidir una inversión.

La existencia de “estímulos a la inversión” mediante exoneraciones fiscales es la admisión por parte del poder político de que está siendo abusivo con los tributos exigidos.

Los beneficios fiscales para ciertos sectores —aprobados mediante diversas excusas— son injustos como lo es todo privilegio. Son injustos porque de ellos se pueden beneficiar los acaudalados o la gente con mayor educación o que cuente con un equipo profesional que lo asesore sobre todas esas ventajas. Pero el pequeño empresario, las unipersonales, las pymes y las microempresas no suelen tener acceso a esa información.

En consecuencia, lo inmoral es la existencia de privilegios. Si realmente se quiere actuar de acuerdo al espíritu democrático y la ética, las normas y los impuestos deberían ser iguales para todos. Y los privilegios que se les otorgan a los poderosos —por ejemplo, el contrato con UPM— deberían ser la regla general y no una injusta excepción.

Es sobre esas cuestiones éticas que el “caso Alfie” ofrece la oportunidad de un debate a fondo. Que la discusión gire en torno a la “luna” y no sobre el “dedo”.

Hana Fischer