Almagro se mostró a favor de brindar datos sobre negociación con Argentina en comisión investigadora, pero el oficialismo la rechazó

El pedido surgió luego de que el gobierno admitiera que “hubo tres motivos de preocupación” —que luego no fueron probados pero que incluyen un “intento de soborno” al jefe de la delegación uruguaya Francisco Bustillo— respecto a posibles irregularidades que involucraron a la empresa concesionaria del mantenimiento del canal, Riovia, y la delegación argentina.

Mientras el Frente Amplio analizaba el tema, el jueves 14 llegó a Montevideo la delegación argentina ante la CARP para terminar de acordar el pliego para llamar a licitación internacional que permita profundizar el dragado del Canal Martín García de 32 a 34 pies.

Según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, los “trabajos técnicos” terminaron, en la medida en que se acordó todo el pliego de obras, aunque resta para completar la aprobación, definir la manga que tendrá el “buque tipo”. Una opción es mantenerlo en 32 metros y la otra es aumentarlo a 39 metros, para lo cual sería necesario ensanchar el canal.

Las fuentes precisaron que eso requiere una definición política de las Cancillerías de los dos países que todavía se “está estudiando”.

“Nada que ocultar”.

La mayoría oficialista en el Senado inhabilitó el pedido de la oposición, ayer miércoles, de crear la investigadora que pretendía “indagar los hechos acaecidos en la CARP y lo actuado por la delegación uruguaya, así como los informes realizados y las instrucciones recibidas por parte de la Cancillería”.

Durante el debate, el senador Rodolfo Nin Novoa (Frente Líber Seregni) dijo que el planteo de una investigadora, “no se ajusta a derecho”, es “inoportuno”, es “innecesario” y es “improcedente”.

“No se ajusta a derecho porque las comisiones parlamentarias están reguladas, clasificadas según la ley 16.698, que en su artículo sexto dice que las comisiones de investigación asesoran al órgano al que pertenecen, tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos como de control administrativo, pero su designación solo procede cuando las situaciones o asuntos a investigar se hayan denunciado con fundamento o la existencia de irregularidades. Creemos que el senador Heber no denuncia ninguna irregularidad ni ningún delito, su planteo se vuelve impreciso y hasta a veces contradictorio”, explicó Nin Novoa.

El legislador dijo que también el planteo es “inoportuno”, porque “existen en este momento negociaciones muy importantes para cumplir con el objetivo del dragado del canal Martín García. Y estas negociaciones no pueden ser casi on line, donde a cada rato se esté publicitando o pidiendo informes a ver cuál es la propuesta de una delegación, cuál es la propuesta de la otra, porque sin lugar a dudas desvirtuaría el sentido de una negociación muy importante”.

Nin Novoa además, señaló que el pedido es “innecesario”, ya que en la actualidad existe una “investigación, una auditoría” del Tribunal de Cuentas.

Por último, el legislador dijo que la solicitud es “improcedente”, porque “existe un acuerdo de sede” entre el gobierno de la República Argentina y la CARP que en su artículo segundo “establece que la sede de la comisión, sus locales, dependencias, archivos y documentos son inviolables como así también sus bienes y haberes que estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de injerencia”.

“Entonces tiene que haber un acuerdo de los dos países”, señaló, y planteó que se haga un pedido de informes a la Cancillería.

En tanto, los legisladores de la oposición le recordaron a los legisladores del Frente Amplio que cuando compareció Almagro en el Senado fue él quien abrió la puerta para que se instalara una investigadora y allí entregar las actas.

Ope Pasquet (Vamos Uruguay) cuestionó que se utilizara el argumento que no se puede acceder a la información porque “hay un acuerdo de sede”.

“Ese acuerdo no tiene nada que ver con lo que está en discusión. El acuerdo de sede es un acuerdo de estilo”, dijo, y aclaró que no tiene “nada que ver” con mantener el “secreto” de los documentos.

Pasquet sostuvo que “no es de recibo” que se diga que “no es oportuna” la investigación, ya que el gobierno ha manejado que está para firmar un acuerdo y que cuando se instale la comisión no se interferirá con esa negociación que ya estaría avanzada.

Heber, en tanto, dijo que el objetivo de la comisión es saber cómo “se defienden los intereses” del Uruguay en una negociación “dura” con Argentina.

“Quiero creer que no hay nada que ocultar. Hay temor a que se pueda comprometer la negociación”, afirmó, y se preguntó por qué “el pueblo uruguayo” no puede “saber lo que ha hecho la delegación” en la CARP.

Sabiendo que no recibirían las actas, Heber planteó entonces que el gobierno envíe al Senado el informe de los delegados uruguayos de la CARP y las instrucciones que les dio la Cancillería.