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La lista Fortune 500 nuclea a las empresas más grandes y prósperas del orbe. Entre los diez primeros lugares hay cuatro empresas vinculadas a la explotación, refinación y venta de combustibles que son: Exxon Mobil (2), Chevron (3), Phillips 66 (4) y Valero Energy (9). Tuvieron ganancias por miles de millones de dólares aun cuando operan en mercados competitivos. Logran estos resultados porque estas empresas están lideradas por empresarios y profesionales de fuste que son controlados por miles de accionistas que cuidan sus inversiones con esmero. De ahí sus logros.
Mientras tanto, aquí en Uruguay, la empresa petrolera estatal, que goza de un monopolio legal y disfruta de las mieles de una clientela semi cautiva, perdió 150 millones de dólares. Semejante desquicio solo se compara con las pérdidas multimillonarias que generaba YPF Argentina antes que fuera privatizada por la década de los 90. Era la única empresa petrolera del mundo que perdía dinero, gracias a la corrupción, la desidia y el apoyo irrestricto y contemplativo de diferentes gobiernos.
Más allá de las explicaciones (o excusas) técnicas que quieran ofrecer para justificar esta pérdida, la gran pregunta que debería estar en el tapete —y no lo está— es: ¿para qué existe Ancap? ¿Para qué queremos tener una refinería propia? ¿Para qué un monopolio que limita la libertad de importación y venta de combustibles? Todos los argumentos que se esgrimen desde que Ancap fue creada en el año 1931 durante el gobierno de Gabriel Terra, vienen desmoronándose ante la piqueta fatal de la lógica y el sentido común.
Primero, no es verdad que las empresas públicas siempre den ganancias que luego son justamente “repartidas” entre la sociedad. Basta ver las funestas historias del Banco Hipotecario (dejando un agujero negro de dos mil millones de dólares), AFE (que debe ir por igual suma a esta altura del partido), el viejo SOYP o la reciente Pluna (con su despilfarro de millones que se fueron volando entre gallos y medias noches).
Tampoco es cierto que estas empresas “son de los uruguayos”. Ningún uruguayo es dueño de nada. Si lo fueran, podrían vender sus acciones, participar de asambleas de accionistas, nombrar y destituir a los directores y seguramente exigirían mucha más eficiencia y profesionalismo a sus gerentes y directivos, como sí se lo exigen los verdaderos dueños de Exxon, Chevron, Phillip 66 y Valero.
No existe empresa sin empresarios y no existe empresa sin dueños claramente identificados. “El pueblo” no puede ser dueño de nada, porque es un concepto vago e indefinible. Y ya sabemos que los verdaderos dueños “de hecho” del Estado (propietario legal de Ancap), son los empleados públicos y los gobernantes, los únicos que tienen directos, contantes y sonantes beneficios por poseer tal “propiedad”. Juan Pueblo solo paga sus errores.
Además, una empresa conlleva necesariamente el concepto de riesgo y por lo tanto conlleva el concepto de responsabilidad y compromiso. El empresario sabe bien de qué se trata esto, ya que se juega su prestigio y su patrimonio en cada decisión que toma.
Como nada de esto sucede en Ancap, no puede decirse que Ancap sea una empresa. Será un “organismo”, un “ente” o como quiera llamárselo, pero jamás una empresa. Cuando en una empresa de verdad se pierden semejantes sumas de dinero, varias cabezas ruedan, muchos gerentes se ponen nerviosos y los verdaderos dueños —los accionistas— no les renuevan los votos.
Aquí sucede todo lo contrario: nadie se hace responsable de tal descalabro y lo que es un demérito en el mundo empresarial, es visto como un mérito en el mundo político. Por eso, lo del título: Ancap, sin verdaderos dueños y sin verdaderos empresarios al frente, lo más probable es que siga dando más pérdidas y también, más candidatos.
