Pioneros
Casi cien años atrás el Parlamento decidió reformar el sistema electoral. El punto de partida fue un presunto fraude en las elecciones de 1928; en Rivera habían votado muchas más personas que las inscriptas en el registro.
Aquella controversia ambientó la aprobación de la Ley 8.312, cuyo artículo 30 establecía un mecanismo novedoso de subsidio a los partidos.
Los gastos originados por la impresión de hojas de votación estarán a cargo de la Corte Electoral.
Esta abonará o reintegrará las cuentas visadas por las autoridades de los partidos o grupos políticos hasta el importe de dos millares de hojas de votación por cada centenar de votos obtenidos.
La Corte establecerá el precio máximo unitario de las hojas de votación en el momento de determinar sus dimensiones.
Es uno de los primeros ejemplos, si no el primero, de subsidio directo de la actividad política en el mundo, dicen varios artículos académicos que leí para esta newsletter.
La idea rondaba la cabeza de José Batlle y Ordóñez desde hacía años. En un editorial publicado en el diario El Día en 1924 escribió: “Con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho del voto a todos los ciudadanos, no importa si son pobres, la ley de elecciones debe establecer una contribución para los gastos electorales en que incurren los partidos”.
En aquella época bipartidista, la discusión parlamentaria enfrentó a blancos y colorados.
Santiago Laphitz, en un artículo de 2024 titulado El financiamiento público en contexto: una mirada histórica a la evolución del subsidio público a los partidos políticos en Uruguay, cita las intervenciones de tres legisladores en aquel debate. Te comparto dos.
“Creemos sería de estricta justicia que todos los gastos originados por una elección fueran pagados por el Estado, pues es el Estado quien tiene interés en que sus autoridades deriven de la voluntad del pueblo; y tenemos interés en que sea así, porque los partidos pobres que no disponen de los fondos necesarios para afrontar los gastos quedarían en condiciones de inferioridad para la lucha cívica, si el Estado no contribuyera para ello”, dijo el diputado colorado de Maldonado Máximo Halty.
“Deseo salvar mi opinión en cuanto a algunos detalles de este proyecto que considero fundamentalmente malos, especialmente en la parte que acentúa esa tendencia que me tendrá siempre en contra, por la cual se busca hacer cargar sobre el Erario las erogaciones de carácter electoral, que realizan los partidos”, argumentó Aniceto Patrón, representante blanco por el departamento de Río Negro.
La regulación del financiamiento público y privado tuvo en aquel momento su primer mojón. Evolucionó de manera lenta y recién se consolidó en 2009. Para entrar en detalles podés leer el artículo de Laphitz.
A juzgar por los episodios recientes, los últimos cambios incorporados a la legislación en 2024 dejaron todavía mucho espacio para mejorar.
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El origen del problema
El periodismo de calidad cumple un papel importante en el sistema democrático. Si bien podrías pensar que esta frase es autobombo, lo escribo porque lo creo. Cuando es ejercido con profesionalismo, da herramientas a la ciudadanía para que tome mejores decisiones. Debe ser un espejo fiel de la realidad para que las sociedades vean lo bueno y lo malo, y un perro guardián para ejercer control sobre los poderes públicos y fácticos.
Hubo grandes ejemplos de buen periodismo en todos los últimos períodos. También en este. El País publicó en mayo un informe a partir del contenido de las declaraciones juradas presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de decenas de legisladores y autoridades de gobierno. A partir de ahí, la periodista Patricia Madrid detectó una posible inconsistencia en el patrimonio del presidente Yamandú Orsi; en particular, por la compra de una camioneta valuada en US$ 79.000 poco antes de asumir su cargo y con un descuento de US$ 25.000. Días después, Búsqueda informó que el mandatario entregó como parte del pago un Renault Stepway que le había donado Car One para su campaña electoral.
El episodio provocó un tiroteo político inmediato. Entre el intento de algunos por bajarle el perfil al problema, la crítica seria y la desmesura, hay una discusión que queda en segundo plano: cómo mejorar el sistema de financiamiento de la política y su control.
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¿Dónde está el foco?
Para la última edición de Búsqueda hablé con cuatro expertos sobre la polémica que involucra al presidente. En particular, porque, para defenderse, las autoridades argumentaron que el auto que usó para pagar la camioneta le había sido donado a título “personal” y no a su partido. Además, plantearon que al cierre del proceso electoral donaron al Frente Amplio $ 17 millones (poco más de US$ 400.000), dado que su campaña había sido superavitaria. Para los expertos, hay problemas con esos argumentos y varios vacíos en las normas.
La lista de cuestiones sin regular es larga. La norma no especifica para qué se puede usar el dinero —público o privado— recaudado durante la campaña. “La plata, legalmente, se puede usar para lo que sea”, me dijo uno de los consultados. Y para lo que sea incluye comprarse cosas a título personal.
Tampoco establece qué hacer si hay un superávit. De ahí que la donación de US$ 400.000 de Orsi al Frente Amplio violaría los límites previstos. Al cierre de la nota, incluí la mirada de un académico que marcaba un matiz. “La realidad jurídica” juega en contra de la explicación oficial porque va más allá de los topes, mientras que la “realidad política” hace razonable la solución de darle el excedente de la campaña al partido de gobierno. Al final de cuentas, añadió, era la “fórmula del Frente Amplio” y es mejor que vaya para ahí y no al patrimonio personal de un dirigente.
Me cuesta pensar en que los vacíos legales sean solo producto de errores de los políticos a la hora de legislar. Es difícil cubrir toda la casuística con una ley, pero quienes discuten y aprueban este tipo de normas son personas que compiten bajo esas reglas. Si hay algo que sabe la amplia mayoría es cómo funciona una campaña electoral, cuánto dinero se puede necesitar y de dónde puede salir.
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Juan Sartori durante la campaña electoral previa a las internas de 2019.
Javier Calvelo/Adhoc Fotos
Esto resulta más evidente en la medida en que el principal nudo a destrabar para aprobar la ley de financiamiento de 2024 fue la distribución de minutos gratuitos en la televisión que tendrían los partidos en cada campaña. Si el foco estuvo ahí, lo demás era secundario.
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Las reglas de juego afectan la conducta de los jugadores. Daniel Chasquetti y Rafael Piñeiro explican en el artículo El financiamiento de los partidos políticos en Uruguay. Un problema de calidad de la democracia que “no existen regulaciones inocuas, ya que todas ellas inciden directamente sobre las posibilidades electorales de los competidores”. Por lo tanto, escribieron los académicos en 2004, “el problema de la financiación es un problema fundamentalmente político y no técnico como tantas veces se le intenta presentar”.
Hay que pensar en los cambios no solo desde el punto de vista de la transparencia, escribieron Chasquetti y Piñeiro. Así, por ejemplo, limitar los gastos de campaña puede reducir la dependencia de los políticos en “las grandes donaciones particulares”, pero puede otorgar una “importante ventaja a quienes buscan ser reelectos en sus cargos en detrimento de los desafiantes”.
El sistema político reacciona cuando ve problemas. Lo hizo en 1928 y también en 2024. Antes del último proceso electoral, se estableció un tope al dinero que pueden poner los candidatos de su bolsillo para financiar su campaña. Pareció una respuesta a la irrupción de Juan Sartori y sus millones en la contienda de 2019.
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Una propuesta
Esta no es la primera edición de Derroteros que dedico al financiamiento de las campañas. En julio del año pasado escribí que los controles sobre el dinero que entra y sale de la política son muy malos. Recordaba que Búsqueda informó que en 15 años de aplicación de la ley, la Corte Electoral nunca investigó de oficio denuncias de financiamiento irregular de la campaña. Tampoco analizó el contenido de las declaraciones que recibía por parte de los partidos y tan solo se dedicaba a revisar que hubiesen cumplido con las formalidades exigidas. Y mucho menos investigó las declaraciones de las listas vinculadas a Sartori, pese a la información sobre presuntas irregularidades que publicó Búsqueda.
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Preparación de las mesas de votación por parte de la Corte Electoral en 2024.
Mauricio Zina/Adhoc Fotos
Por la consulta que hizo un colega a una autoridad de la Corte Electoral sobre el episodio de Orsi, dudo que esa actitud cambie en esta ocasión.
Hablé del tema con Diego Gamarra, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y experto en estos temas. La charla, que publicaremos en Búsqueda pronto, me resultó muy interesante. Dejo una de las propuesta que planteó durante el diálogo. Gamarra sabe que es polémica, tanto que ya naufragó en la última discusión parlamentaria sobre los cambios a la regulación.
Su idea, en pocas palabras, es prohibir las donaciones de empresas privadas. Su fundamento es más profundo.
El ingreso de dinero a la política trae una “posible distorsión” a la igualdad, dice. El que tiene una “cantidad de recursos exagerada” puede incidir de manera más intensa en la política que quien no la tiene. “En algunos aspectos de la vida eso funciona, pero en la vida de la democracia, donde esperamos que todos los ciudadanos tengan un tratamiento igualitario en términos políticos, eso no funciona”.
Gamarra no quiere suprimir las donaciones privadas cuando se trata de personas físicas. A veces los ciudadanos no pueden apoyar una causa con su tiempo y militancia, por lo que donar dinero “es también una manera de preocuparse por la cosa pública y contribuir”. Sí está de acuerdo con limitar los montos que se pueden donar, como ya ocurre, para contener las distorsiones.
Su problema es con las personas jurídicas. La clave, argumenta, es que la donación privada debe entenderse como “participación política” y “quienes participan políticamente son los ciudadanos de carne y hueso, los que tienen preferencias ideológicas, intereses, y no las tienen las personas jurídicas”.
La donación de una empresa, aunque pueda argumentarse que responde a intereses patrimoniales de sus dueños, socios, accionistas, al final es otra cosa. “Lo que tienen las empresas es interés en obtener lucro” y lo que hacen al donar “se parece mucho más a inversión para obtener un rédito que participación política”, dice Gamarra. Y concluye: “Eso desdibuja el fundamento de apoyar las donaciones privadas, que es la participación política”.
Si querés mandarme comentarios sobre esta idea u otros temas, escribime a [email protected]. Para acceder a todo nuestro contenido, suscribite a Búsqueda.
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Recomendaciones
Antes de irme, te recomiendo algunas notas publicadas por Búsqueda. La editora de política en Información nacional, Victoria Fernández, le hizo una entrevista muy interesante al historiador Gerardo Caetano. Mientras que este artículo de Santiago Sánchez reconstruye aspectos llamativos de la controversia vinculada a la camioneta de Orsi. Y para finalizar, la última edición de la newsletter de Silvana Tanzi titulada Mal de la cabeza o qué te pasa: una pizca de locura para la creatividad.
