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Durante todo el 2020 Ancap pagó a sus funcionarios $ 2.000 millones —unos US$ 47 millones— por alrededor de 80 tipos de compensaciones que, en algunos casos, significan un “sobresueldo” que se abona “indefinidamente”. Muchas de esas partidas son beneficios legales, como el “viático alimentación” que rige para toda la plantilla, pero otras abarcan a algunos grupos de empleados que cobran dietas “extraordinarias” por estar radicados en el interior, por temporada estival, o por integrar áreas en las que rigen procesos de certificación de calidad, por ejemplo. Acotar ese tipo de beneficios, ajustándolos a “la realidad” para generar “ahorros futuros y menores desigualdades” entre los funcionarios, es el objetivo de las autoridades para que la empresa estatal “no pague sobrecostos que se reflejen en el precio de los combustibles”. Así lo explicó a Búsqueda el director Richard Charamelo, que preside el comité de gestión humana, un órgano que asesora al Directorio y lleva adelante negociaciones con el sindicato (Fancap).
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Para ese jerarca, el diálogo con Fancap es “permanente”, pero también la “preocupación” y el “estrés” porque hay muchos frentes de conflicto a la vez, dado que hay situaciones que se vienen arrastrando relacionadas con dinero “que están mal” y que no se pueden fundamentar con tareas. “A los trabajadores hay que darles lo que necesitan, pero no puede ser que esto sea un statu quo para unos pocos y que toda la sociedad tenga que cubrir ineficiencias, pagos indebidos o dietas que no son las adecuadas”, alegó. Y señaló que “muchas veces las compensaciones y pagos por certificaciones (de calidad) son por tareas que no se realizan o que no le agregan valor a la empresa. Y luego que se pagan, se recertifican y es algo in eternum”.
Con la campaña hacia el posible referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) como telón de fondo, en la última semana la tensión entre Fancap y las autoridades del ente se incrementó. El Directorio resolvió, por mayoría, denunciar el Acuerdo Marco, informó el martes 26 el portal Surtidores.uy.
También en un contexto de mayor conflictividad, en agosto, el ente había comunicado que dicho acuerdo —que se basa en uno firmado en 1993— no sería renovado como sucedía cada año, por lo que en los hechos caería en diciembre y habría que negociar uno nuevo en el tiempo que quedaba (Búsqueda Nº 2.135). Esa mesa de diálogo “está muy lenta”, dijo Charamelo. El próximo miércoles 10 las partes se reunirán en una Comisión de Asuntos Laborales, informó el director por el oficialismo. Explicó que allí Ancap deberá acreditar el incumplimiento del acuerdo por parte de Fancap y se argumentará sobre su denuncia. Desde entonces, y en un lapso de 15 días, se podrá negociar un nuevo acuerdo, o bien luego de que venza el plazo. Charamelo declaró en El Observador de ayer miércoles 3 que con la caída del convenio, Ancap está libre de tener que dar a sus funcionarios o no la canasta navideña y de útiles escolares, que entregó a fin de 2020 y principios de 2021. Los desencuentros entre los jerarcas y Fancap también se evidenciaron en las redes. “Se miente y se hace proselitismo político por parte de Fancap, se realiza un paro sin fundamento aduciendo dos despidos que no son tales, afectando el suministro de combustible”, tuiteó Charamelo sobre la paralización de actividades realizada el 25 de octubre por el sindicato. Para ese director, “hay un diálogo entre la principal fuerza que está en contra de la LUC y que utiliza a Ancap como banco de pruebas. Hoy Fancap hace política defendiendo el referéndum cuando el diálogo con la empresa debería ser puramente por los trabajadores y no llevar al enfrentamiento como se está llevando y generando pérdidas a Ancap”.
Compensaciones
De los más de 80 tipos de compensaciones que el ente paga a sus funcionarios actualmente se está estudiando “aggiornar a la realidad” algunas que son de tipo “extraordinarias”, comentó Charamelo. Entre las extraordinarias mencionó las partidas que se pagan anualmente por certificaciones a las normas de calidad ISO y las PBIP (que refieren a la operativa de buques e instalaciones portuarias). En 2020, por ese rubro 335 funcionarios cobraron en total $ 22,4 millones (cerca de $ 67.000 cada uno, si fueran partidas iguales). El director dijo que están de acuerdo con que se paguen, aunque no “indefinidamente” o como un “aumento de sueldo permanente”, sino como “compensación por única vez”. Por ello, dijo, es preciso definir un “lineamiento” para ver los funcionarios que las cobran y los que no, a fin de evitar reclamos de estos últimos. Agregó que no se busca “eliminar derechos adquiridos sino tratar de mejorar las bases” para generar en un “futuro ahorros para la empresa y menores desigualdades” internas. También se refirió a las partidas que cobran los funcionarios que trabajan en zonas balnearias entre noviembre y febrero. Dijo que el sobresueldo va entre un 17% y un 40% durante esos meses. A su juicio, se debería ajustar a un máximo de 10% porque hay diferencias de precios en algunos casos por la temporada turística en ciertas ciudades, como Punta del Este, pero no necesariamente los funcionarios viven allí, comentó. “Por ser funcionarios públicos y al haberse extendido tanto tiempo, podemos llegar a readecuarlas, no quitarlas. Pero, son medidas que apuntan a que los nuevos funcionarios que entren no sigan en ese régimen”, argumentó Charamelo.
