En reciente conferencia, de la cual informa Búsqueda en su edición del 20 de setiembre, el Sr. Sendic, presidente de Ancap, buscó defender la política de la empresa para el etanol y específicamente para Alur, como “una estrategia de largo plazo, por encima de coyunturas, ya que en los negocios energéticos los tiempos son más largos”.
b) Una política de precios mínimos para el alcohol anhidro e hidratado, determinado por la cotización internacional del azúcar.
c) Subsidios adicionales a la comercialización del etanol hidratado (motores 100% a alcohol, no disponibles en Uruguay).
d) Financiación para la construcción de usinas para producción de etanol.
La lógica era clara: asegurar que la producción de alcohol fuera más rentable que la de azúcar a través de precios mínimos y financiación blanda, y garantizar la demanda para el etanol a través de políticas de mezclas y subsidios al consumo.
Pero la inversión no la hizo Petrobras. Las reglas buscaban claramente que empresas privadas y/o públicas realizaran la máxima inversión posible y esa fue la principal razón del éxito del proceso. Muchos invirtieron, varios quebraron, otros ganaron dinero, pero el resultado final fue un parque productivo que benefició al país. Todo esto, al contrario de la conclusión del Sr. Sendic, no benefició la producción de azúcar sino que disminuyó la oferta mundial y este commodity subió de precio.
La política de Ancap es exactamente lo opuesto. Lo que más llama la atención en esa justificación es el desconocimiento absoluto sobre las políticas que ellos mismos adoptan como modelo.
Todo está direccionado para que sea Alur exclusivamente quien produzca etanol. Frente a la pregunta, en esa conferencia, de si empresas privadas tendrían las mismas condiciones para producir etanol, Sendic respondió que “se podría estudiar”.
Pero, ¿cómo planear una inversión si el precio del etanol que Ancap paga es formado por los costos de Alur (pseudo-privada), que nadie conoce y no existen criterios claros, ni actuales ni para el futuro? Al no definir los precios por los cuales Ancap está dispuesta a comprar el etanol, con reglas claras y a largo plazo, y al subsidiar su propia producción de caña y no la oferta de etanol, Ancap está limitando la posibilidad de que más agentes ingresen a este mercado y se genere un volumen de negocios que estimule la cadena productiva.
Es evidente que Alur no tiene interés en tener competidores privados que dejarían en evidencia que sus costos son altísimos.
También se menciona que con el nuevo proyecto de etanol en la planta de Paysandú habría una reducción de costos. ¿Cómo se van a reducir costos si no existe el menor compromiso con la realidad? Para una inversión que en el mercado internacional costaría alrededor de U$S 60:000.000, se hablaba hace un tiempo de U$S 110:000.000 que posteriormente pasaron a ser U$S 120:000.000 y U$S 130:000.000, y ahora, como por arte de magia, ya se habla de U$S 147:000.000.
Al ser Alur una empresa de derecho privado puede esquivar los controles que tendría una empresa estatal.
En Ancap debería existir una licitación abierta para elegir la empresa que realizaría el proyecto. En Alur se hace una “invitación” a algunas empresas, elegidas a dedo, y de arranque ya se sabe a quién será adjudicado el proyecto porque es siempre la misma.
Todos estos desvaríos económicos van a parar al consumidor. Ancap absorbe cualquier costo de Alur + 5%.
Parecería que tampoco este margen de 5% es suficiente, como surge de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, en la sesión del 31 de agosto de 2011 (versión taquigráfica Nº 735), donde comparecen el Sr. Sendic y el ministro Kreimerman.
Allí, el diputado Delgado informa que, a pedido de los directores de Ancap (con los votos contrarios de los directores de la oposición), se aprobó la reconsideración retroactiva de contratos de compra de biocombustibles para los años 2010, 2011 y se incluye 2012. Para estos años los márgenes pasan a ser (retroactivamente) 35%, 15% y 10%. Queda muy claro que Ancap absorbe todas las pérdidas de Alur y se las repasa a los consumidores.
Alur actúa como una colateral a través de la cual se pueden incluir costos sobre costos y facturas sobre facturas.
Esta forma de actuar nos recuerda a los años 60 cuando los bancos, que estaban bastante controlados, utilizaban empresas colaterales (las financieras) para driblear el control y realizar las actividades no permitidas.
Independientemente de la decisión política de subsidiar un sector (o empresa), es el deber del administrador público presentar el plan de negocios, cuánto saldrá el subsidio y cuáles son las premisas con las que trabaja para que, dentro de cinco, diez o veinte años, estas inversiones se paguen, sea con resultados para Ancap, sea con impuestos mayores para el Estado.
Si criterios vagos de desarrollo son aceptables, entonces el Sr. Campiani debería ser reconocido como un visionario. De hecho, Pluna nunca voló para tantos lugares, nunca fue tan fácil que turistas de toda la región vinieran al Uruguay y nunca tantos pasajeros fueron transportados por una empresa uruguaya. El problema es obvio: ¿a qué precio?
Que se pregunte a los trabajadores de la aerolínea y al Estado uruguayo, hoy acosado por deudas dejadas por la irresponsabilidad de sus administradores.
Comparado a la dimensión de los temas que trata Ancap, los efectos del caso Pluna son diminutos.
Los accionistas de Ancap —toda la sociedad uruguaya— tienen que tener claro cómo el dinero público está siendo aplicado y, principalmente, si la política que cada administración propone es la mejor forma de hacerlo y si los objetivos son los deseados por la sociedad.
Y la conclusión en la política de la actual administración de Ancap es que tanto la sociedad no sabe qué cuenta está pagando —así como no sabía nada de lo que pasaba en Pluna— como, seguramente y de forma fácilmente demostrable, hay formas más baratas de hacer la misma política con resultados mucho mejores.
En entrevista con el diario “El Observador” de fecha 11 de noviembre de 2011, el presidente Mujica mencionó su preocupación con las empresas públicas de derecho privado.
Transcribo parte de sus declaraciones: “estamos creando otro Estado y debemos asegurar control y cristalinidad. Algunas empresas estatales escapan a los controles y es un asunto que me inquieta. Me preocupa porque hay que darle garantías a los ciudadanos. (...) Puede haber pésimas consecuencias si no se extreman los controles. (...) Esta es una tragedia que van a tener que zurcir, en el porvenir, algunos que vengan”.
Pena que estas sabias palabras parecen haber quedado en el olvido.
Esperemos que haya una reacción de la ciudadanía, e incluso de los propios funcionarios y trabajadores de Ancap, que ponga un límite a estos gastos ilimitados en proyectos fantasiosos con consecuencias imprevisibles, que más parecen tener un objetivo político de promoción personal que la defensa de los intereses de la sociedad uruguaya.
Ing. Ag. Gabriel Pérez Morgan
