El 19 de noviembre de 1973, en Montevideo, con la presencia de los Presidentes de Argentina y Uruguay, los Cancilleres de ambas Repúblicas firmaban el Tratado del Plata y Su Frente Marítimo, poniendo punto final a la indefinición de las soberanías sobre el río que les es frontera, luego de más de 145 años de continuas controversias y desencuentro entre dos países nacidos de una misma cuna.
El Tratado, considerado un verdadero estatuto, fue elogiado por sus singulares soluciones sobre una frontera acuática, en el propio seno de las NNUU en la reunión de la Conferencia del Mar de Caracas 1974, por diversos representantes de países de todo el mundo, porque además de dar equidad en sus disposiciones, reconocimiento mutuo de derechos y necesidades, es un verdadero documento a la fraternidad de los pueblos.
Inspiradas ambas Partes en el mismo espíritu de cordialidad y buena armonía, animadas en el propósito común de eliminar las dificultades de toda situación de indefinición política y jurídica, con relación a iguales derechos en el Río de la Plata y su frente marítimo, llegaban a este acuerdo, haciendo honor a los Héroes Comunes de las independencias de ambas naciones y a la fraternal convivencia de sus pueblos.
En 1968, una de las tantas situaciones conflictivas, dio lugar a la formación de un Grupo de Trabajo que intentaría lograr una solución a la indefinición limítrofe en el Plata. Sin embargo, el Grupo fue disuelto sin solucionar nada, y aún peor, dejando tras de sí más controversias.
Revisado el procedimiento, se pasó a redactar un índice de cuestiones y presentarlo en Argentina, a fin de redactar en intimidad un proyecto de Tratado, que fue muy bien recibido por sus autoridades y comenzó la tarea que culminó en agosto de 1972, donde se realizó la redacción final de estilo, concluyendo el trabajo.
La Delegación argentina comunicó el deseo del Gral. Perón que regresaba a Buenos Aires, de ser él quien firmara el documento y así se postergó el acto hasta ese día 19 de noviembre de 1973.
El Tratado, como se dijo, guardó estrictamente la equidad y el respeto a los derechos de ambas Partes.
Sin embargo, hechos posteriores, provocados generalmente por intereses privados, distorsionaron el espíritu, el logro de respeto y equidad.
Un decreto argentino a principios de la década de 1990, privatizó el mantenimiento del Canal Principal, sin tener en cuenta lo previsto en el Tratado, imponiendo un pago de peaje calculado en su monto, por factores de economía argentina. El tráfico de y hacia Uruguay quedó sujeto a esta práctica, y la reacción nacional no fue apropiada, aun cuando dentro de ese valor, se subvencionaba la navegación en el Paraná.
El interés de operadores navieros instalados en Nueva Palmira, impulsaron al dragado del tramo del Canal en el Plata Superior, que denominaron ahora Canal de Martín García. Ello permitió que el peaje impuesto unilateralmente, encontrara motivo justificante para mantenerse a cambio de un dragado conjunto.
Esta profundización permitió que buques mayores, y otros que antes no podían, tomaran más tonelaje de carga por embarque, beneficiando el cobro de flete de los operadores, especialmente, porque el dinero para la obra del dragado estuvo a cargo del Estado. Fue el 50% del costo, cuando lo primariamente acordado era el principio de la proporcionalidad del tráfico, en número de naves y de cargas transportadas, que paso a paso fue quedando de lado.
Las proporciones en cada caso eran de 95% a 5%, pero se participó con el 50% del costo de la obra.
Por Notas Reversales de 1997, se llegó a que la propia Delegación Uruguaya considerara que la Administración del Canal Principal establecida en el Tratado para únicamente los hechos derivados de la navegación, se considerara como de aplicación de la Jurisdicción plena, aún cuando se quiso disimular, diciendo posteriormente que encuadraba en lo previsto en la letra del Tratado.
A la fecha se insiste con un dragado en Martín García, impulsado por intereses privados que han confundido a las autoridades, que han llegado a proyectar una solución creando un Ente especial para atender la obra.
Abrir el Tratado, salir de sus normas para dar solución a casos aislados, es el peor y más peligroso camino que se puede tomar.
Una vez que se abra, toda otra vez, que el país de mayor potencia se le ocurra, recurrirá al sistema de soslayar el Tratado, mediante este tipo de actitud, cada vez más, con antecedentes reales. Se perderá entonces, el resguardo de la equidad, de los iguales derechos, que el Tratado establece. Una actitud suicida.
Salir del resguardo del derecho, de la equidad, para el país de menor potencial, producto de la falta de experiencia, asesoramiento, desconocimiento y actuar a la improvisación pretendiendo esquivar una gestión deficitaria, más preocupada de personalismos y actitudes heroicas, que en entender lo que se tiene que resolver por medios apropiados.
En estos 39 años, el espíritu del Tratado ha sido mal “tratado”. La utilización de las Delegaciones en la Comisión Administradora para compensar favores políticos, ha demostrado una decadencia en la custodia de la propia soberanía nacional, con los perjuicios que ello conlleva, volviendo al pasado, cuando Argentina, país mayor, por sus propias condicionantes, hasta llegó a sostener lo de la costa seca, desvió el Canal Principal, maniobró con sus naves de guerra sobre Isla de Flores, y decenas de actitudes más, que se amparaban en la indefinición de soberanías reconocidas.
El crear el Ente será un fuerte golpe a lo logrado el 19 de noviembre de 1973, una perla más de la improvisación y el desconocimiento del qué hacer.
Feliz aniversario!!!
YEF
