Ante su crisis, Caja Profesional entrega anteproyecto “exprés”

Para los jubilados, en tanto, se crea una “tasa de contribución pecuniaria”, que en promedio es del 8% de la pasividad que cobran.

“Estamos convencidos de que estas son las medidas adecuadas para el momento actual”, dijo la presidenta de la CJPPU, Virginia Romero, en una declaración institucional. En marzo, la ejecutiva había expresado que el instituto necesitaba una “ley exprés” que le permita “cobrar ya” más ingresos.

Las autoridades del gobierno, según Romero, “siguen insistiendo” en que la tasa de aportes suba “gradualmente” hasta 22,5%, de forma de equipararse al porcentaje del régimen general (sumando la contribución que hace el trabajador y la realizada por la empresa). Pero en la CJPPU lo consideran innecesario: “No se lograrán los objetivos propuestos si se llega a estos niveles de crecimiento en los aportes”, sostuvo la presidenta.

El anteproyecto fue elaborado en coordinación con el MTSS, la Oficina de Planeamiento y el Ministerio de Economía. La caja lo aprobó tras una votación dividida: los dos representantes del Poder Ejecutivo, la presidenta Romero y el vicepresidente Daniel Alza votaron a favor. Los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti (electo por los activos) y Odel Abisab (pasivos) se opusieron. El otro director, Blauco Rodríguez, votó en una primera instancia en contra, pero finalmente cambió su decisión, informó a Búsqueda una fuente de la CJPPU. La propuesta es respaldada, entonces, por cinco de los siete directores.

Luego de recibirlo el MTSS, el Poder Ejecutivo lo enviará al Parlamento; se discutirá en paralelo a la iniciativa de reforma jubilatoria general, que también incluye propuestas para la CJPPU, como que sus nuevos afiliados aporten de forma obligatoria a una AFAP.

“La etapa parlamentaria será otra instancia de trabajo, que lamentablemente viene quedando para el 2023. Confiamos en la alta sensibilidad del cuerpo” legislativo, afirmó Romero.

“Sustentables”

Las reservas de la caja están comprometidas y algunas proyecciones estiman que se agotarán en 2024. El instituto tiene un déficit mensual de US$ 2 millones y debe recurrir a esos ahorros para paliarlo.

No existe un consenso sobre los motivos por los que la CJPPU llegó a este deterioro financiero, pero la exposición de motivos del anteproyecto de ley da explicaciones. Algunos argumentos son comunes a todos los sistemas previsionales: hay “cambios demográficos” que hacen necesaria una adaptación del régimen de seguridad social. Pero a diferencia de otros regímenes, los profesionales tienen una esperanza de vida “mayor”, explica el texto. Asimismo, hay “nuevas formas de organización del trabajo profesional” dadas por un “crecimiento” de la relación laboral dependiente y una “heterogénea realidad” entre los profesionales, desde que se incorporaron “nuevos títulos universitarios”. En el colectivo de profesionales también hubo un aumento de la proporción de mujeres (“feminización”), agrega la exposición de motivos.

Estos factores —añade— “generan un desequilibrio de largo plazo entre los aportes de afiliados activos cotizantes y los beneficiarios de prestaciones, que conspira en contra de la sostenibilidad económico-financiera” del instituto. El anteproyecto no disminuye “sustancialmente” las prestaciones sino que las vuelve “sustentables” y reduce “inequidades”, interpreta. Las autoridades de la caja pretenden que se respete la “autonomía” de la institución y que se refuerce “la potencialidad de financiarse” con “ingresos genuinos”, alega el texto.

En el anteproyecto de ley están incluidos otros ajustes, como el que eleva de 15 a 18 años el requisito de años de servicios para el acceso a la jubilación por edad avanzada. Hay una “mejora” del subsidio por maternidad, ya que se eleva al 100% del sueldo ficto el monto que cobra una madre y lo hace compatible con el ejercicio libre de la profesión.

La propuesta prevé que exista intercambio de información entre la CJPPU y otros organismos públicos (como el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva) para “mejorar la fiscalización” de quienes declaran no ejercicio.

Escalas

Los profesionales afiliados a su caja no aportan según lo que facturaron sino con base en un salario ficticio, dividido en una escala de 10. Cada tres años deben cambiar de categoría, sin importar si sus ingresos aumentaron, salvo que expresen la voluntad de establecerse en una.

En el anteproyecto de reforma se amplían las categorías a 15, con el objetivo de “incentivar el aporte de los profesionales recién egresados”, entre otros motivos. Incluye un monto ficto menor al vigente y “subidas menos pronunciadas”. La permanencia en cada categoría es de dos años.

El diseño actual establece un sueldo ficto para la primera categoría de $ 27.363 y para la segunda, $ 51.761, según los valores de este año. Si se aprueba el proyecto, el salario de la segunda categoría sería $ 31.467.

La tasa de “contribución pecuniaria” que se propone cobrarle a los jubilados también se estipula de forma gradual. Quienes perciben jubilaciones de hasta seis Base de Prestaciones y Contribuciones-BPC ($ 27.114) no deberán pagarla. Para las demás jubilaciones la contribución será de entre un 2% y un 10% (7,59% en promedio), según el anteproyecto.

Los pensionistas también están incluidos en el cobro de este tributo. En promedio, deberán aportar 4,23% de su pasividad.

A su vez, el anteproyecto incluye medidas para aumentar la recaudación por el cobro de los timbres profesionales. Al votar estos artículos, los directores en representación del Poder Ejecutivo se abstuvieron, si bien la postura del gobierno es contraria a esa medida.