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Días pasados, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar la prestación de servicios vía Internet a varias empresas operadoras del servicio de cable por televisión. Dichas empresas habían pretendido ya en gobiernos frenteamplistas acceder a la prestación de tales servicios, pero esos gobiernos lo negaron atendiendo a la normativa contenida en la llamada Ley de Medios. Creyendo dichos cableoperadores en la inconstitucionalidad de tal norma, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), obteniendo respaldo favorable. En efecto, el máximo órgano de nuestro Poder Judicial entendió que el artículo 56 inciso primero de dicha ley es inconstitucional; y por tanto, inaplicable para las empresas que promovieron exitosamente tales acciones judiciales. En cumplimiento de las sentencias dictadas por la SCJ, el actual Poder Ejecutivo concedió tales habilitaciones.
Horas más tarde, apareció en los medios la Ing. Carolina Cosse declarando que dichas resoluciones habilitatorias eran de dudosa legalidad, antipatrióticas y aportaban al vaciamiento de Antel.
Pues nada más alejado de la realidad. Lo que sí resulta de ilegalidad (no dudosa sino fehaciente) es la declaración de la intendenta montevideana. Es no entender cómo funciona el derecho, que es lo mismo que no entender cómo funciona la democracia. Punto uno: el derecho no es un invento de ficción que un día nos fue impuesto por algún ser extraplanetario. Por el contrario, se trata del conjunto de normas que regulan nuestra vida cotidiana y que en sociedades democráticas, como la nuestra, es elaborado por nuestros representantes votados en elecciones libres y generales. Básicamente, el Poder Legislativo elabora dichas normas, el Poder Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial obliga a su cumplimiento. El texto constitucional vigente democráticamente en nuestro país, determina que aquellos que entendieran que determinadas normas legales que les son aplicables, resultaran contrarias —sustancial y/o formalmente— al texto magno de la Constitución, podrán promover dicha pretensión de inconstitucionalidad ante la SCJ y que esta resolverá como órgano con competencia exclusiva en la materia, determinando la inaplicabilidad de la norma declarada inconstitucional para el caso concreto que se planteare. Pues bien: así lo hicieron y con todo éxito los citados cableoperadores, en juicios que tuvieron las consabidas garantías sustanciales y procesales que, nuevamente, el derecho elaborado democráticamente asigna para todos los interesados. Y así las cosas y verificadas por el Poder Ejecutivo que las diferentes empresas solicitantes de las pertinentes habilitaciones cumplieran con los requerimientos normativos para ser habilitadas, procedió a lo único que podía hacer: habilitarlas.
De forma que, en el actuar del Poder Ejecutivo, no hay ilegalidad alguna. Es más: si Antel, eventual afectado por las habilitaciones, entendiera que el Poder Ejecutivo habría cometido alguna ilegalidad al dictar dichas resoluciones habilitatorias, podrá presentarse dentro del plazo normativamente dispuesto e impugnarlas en vía administrativa, para eventualmente después promover acciones anulatorias de las mismas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). De forma que, como en su momento las empresas privadas debieron litigar ante la SCJ, eventualmente Antel podría litigar ante el TCA. Todo dentro del más absoluto respeto a la institucionalidad vigente.
Por tanto, la dudosa legalidad que invoca Cosse es ciertamente una barbaridad. Lo único que sí se sabe hoy, con certeza indiscutible, es que la citada norma de la Ley de Medios dictada por el gobierno de Mujica atentaba contra el texto constitucional. Sin dudas. Así como muchas otras normas legales de los gobiernos frenteamplistas (especialmente de la época mujiquista) fueron declaradas inconstitucionales, a pesar de las advertencias previas de técnicos y políticos en tal sentido.
¿Qué significa ello? Otra vez lo de siempre. En aras de un interés u objetivo político que entiende trascendente para la sociedad uruguaya, el Frente Amplio no se ha puesto en reparar sobre si el texto de la norma legal que dicta es ajustado o no a la Constitución. No le interesa. Que corra y después veremos, parece ser el postulado frentista. Y advierta el lector que atentar contra la Constitución es, ni más ni menos, que violar las principales normas jurídicas que nos hemos elaborado. Lo más sagrado y respetable de una sociedad democrática.
Como ya lo postuló expresamente Mujica con su consabida y lamentable expresión de que lo político está sobre lo jurídico, Cosse parece caminar por la misma triste vereda.
Punto dos: también dijo la ingeniera que se trata de resoluciones antipatrióticas. Y me pregunto: ¿es antipatriótico cumplir con las normas vigentes y los mandatos de la SCJ?, ¿es antipatriótico que Antel compita con terceros?, ¿acaso no es verdad que ya Antel compite con terceros hace muchos años en otras áreas?, ¿es antipatriótico que producto de la competencia, los usuarios podamos obtener ventajas cuantitativas y/o cualitativas en la prestación del servicio?, ¿es antipatriótico que en un sistema de mercado y libre competencia como el vigente en Uruguay, se habilite dicha libre competencia? Por supuesto que de antipatriótico no tiene nada.
Y por último, punto tres: si fuera cierto que con el hecho de habilitar la competencia, se esté asistiendo al vaciamiento de Antel, mi conclusión será pensar que Antel no está preparada ni para ser tan fuerte ni para ser tan tecnológica ni para ser tan eficaz. No se está privatizando dicho servicio porque Antel lo seguirá prestando, sino que se está habilitando una competencia que esperamos sana, franca y finalmente, redituable para los usuarios, esto es: para todos nosotros. Todos: oficialistas y opositores.
