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    Aportes patronales

    Sr. Director:

    En el número pasado, un señor lector del semanario hace alusión directa a declaraciones mías —a nombre de la ATSS— que ocuparon la nota principal de la tapa de la edición del 11 de marzo. Al respecto, en honor a la verdad, debo hacer puntualizaciones. Leída su carta, siento por su autor el mayor de los respetos: en una democracia es esencial debatir, y como organización, y personalmente, estamos dispuestos a reunirnos con él, con el movimiento Un Solo Uruguay, con la Confederación Empresarial, u otras gremiales de industria y comercio y rurales, para escuchar propuestas de financiamiento alternativas. (A veces, verse las caras, aunque sea con tapabocas, permite acercar posiciones que a priori parecen muy distantes).

    No obstante, corresponde hacer las siguientes precisiones. El escriba dice que “no extraña que las filiales sindicales de la coalición de oposición acudan al procedimiento de la democracia directa”.

    A) Lamentablemente, el mismo no conoce al gremio del BPS, ni a quien suscribe, que lo presidí durante 19 años. Si algo hemos sido siempre, es independientes de todos los partidos políticos —e incluso cuando ha correspondido de nuestra convención sindical— por la sencilla razón de que los trabajadores y trabajadoras del BPS votan a todos los partidos políticos existentes en nuestro país, y en su totalidad debemos representarlos/as. Personalmente, llegué a ser calificado de “loco” por integrantes del anterior gobierno por haberle planteado, sistemáticamente, diversas críticas concretas a su accionar y por “reunirme demasiado seguido con dirigentes del Partido Nacional y del Colorado”1. En particular, ahora, tenemos serias dudas de que el Frente Amplio esté de acuerdo con nuestra propuesta alternativa.

    B) ¿Tiene acaso el lector alguna objeción a lo que desde el derecho romano se le llama actio popularis, es decir, la potestad del pueblo a accionar cuando se siente vulnerado? Si es así, le recomiendo la lectura del gran filósofo Hans Kelsen, considerado el jurista más importante del siglo XX.

    C) Agrega que cuestionamos “una ley que todavía no existe”. En parte tiene razón: la ley todavía no existe. Pero estudiados minuciosamente y a conciencia —y sin prejuicios— los tres “borradores de diagnóstico” que han circulado, es esperable que lo que surja de la llamada Comisión de Expertos2 contenga: a) no una reforma de la seguridad social, sino solamente modificaciones a las jubilaciones, pensiones y —tal vez— retiros; b) el aumento de la edad jubilatoria (a pesar de que el 78% de la población está en contra); c) un cuestionamiento al índice medio de salarios3 que podría perjudicar a los actuales y futuros jubilados, jubiladas y pensionistas; d) un BPS “más chico”; e) un posible aumento de la cantidad de años de servicios requeridos para configurar la causal jubilatoria; f) una rebaja de las tasas de reemplazo; g) nuevos recortes de las pensiones por viudez; h) recortes a las jubilaciones por incapacidad física, i) recortes a las actividades bonificadas; j) fortalecimiento de las AFAP. Como aspecto positivo es esperable una mejora, no demasiado sustancial, de las actuales pensiones a la vejez.

    D) Supongo que por error de redacción dice que nuestra “idea es aumentar la edad de retiro”, cuando nuestra postura es exactamente la contraria, en consonancia con la mayoría popular detectada por Equipos Consultores.

    Refiere después a nuestro planteo sobre el aumento paulatino de los aportes patronales (muy espacioso en el tiempo, con períodos de gracia de 3 años para los pequeños y medianos, y tasas que van del 0,75% al 1,5% anual, según se sea pequeño, mediano o gran empresario en un plazo de hasta 11 años) a los que califica como un “impuesto”, a pesar de que el artículo 67 de la Constitución ordena que son “contribuciones patronales”, como ocurre en todos los países del mundo4.

    Aun así, no considera —porque el espacio disponible no permitió registrarlo— que ATSS no se opone a que existan determinadas exoneraciones de aporte patronal a actividades específicas. Lo que decimos es que dichas exoneraciones, cuando existen, deben ser afectadas a Rentas Generales y no al presupuesto del BPS porque después nos terminan diciendo que “el déficit es insostenible”, cuando en verdad no lo es.

    Finalmente, propone expresamente que tal vez sea mejor “sustituirlo por otro que no sea tan gravoso, tal vez un impuesto interno que lo aliente a tener personal a su cargo”, “que no incida en el costo del producto o servicio y no afecte el ingreso del BPS”. Si tal impuesto existiera, de corazón no puedo menos que abrazar al lector señor Estévez y ofrecerme con humildad para dialogar amablemente con él en cuanto lo considere: a veces suele ser verdad que hablando la gente se entiende.

    Adolfo Bertoni, expresidente de ATSS

    Integrante de su Comisión de Seguridad Social

    Puede poner mi nombre en Google y podrá confirmar lo antes dicho.

    El especialista número uno en nuestro país es el Dr. Hugo A. de los Campos, y no integra dicha comisión, por lo que no están todos los que son ni son todos los que están.

    Que no quedaría en el proyecto de ley, pero sería modificado por el INE en el segundo semestre de este año, según el punto 342 del documento Un país en marcha publicado por Presidencia de la República (a pesar del aplastante “plebiscito de los jubilados” de 1989).

    Aquí el aporte del trabajador es 15% y el patronal del 7,5%. En Europa, el promedio de aportes es exactamente al revés: 15,5% el patronal, 8,5% el del trabajador. En los países de la OCDE, más del 90% de ellos tiene un aporte patronal que es igual o mayor que el del trabajador o la trabajadora. ¿En esos países la desocupación es mayor que en Uruguay? ¿Sus empresarios son tontos? ¿Ganan menos que los nuestros? ¿A sus países les va peor? (Siempre, antes de hablar de algo muy serio, es necesario y conveniente informarse, y estudiar).