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Según fuentes oficiales, el gobierno tiene la intención de firmar el 20 de enero el contrato con Aratirí para la explotación de hierro. En concordancia con esto se está notificando a los propietarios de los inmuebles rurales por donde “presuntamente” pasaría el mineroducto que trasportaría el hierro hasta la costa atlántica de nuestro departamento previsto en el proyecto de megaminería del conjunto económico Aratirí.
Decimos “presuntamente pasaría”, en mérito a que el estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) preveía que el mineroducto tendría su terminal portuaria en La Angostura, lugar donde inicialmente se realizaría el puerto de aguas profundas (PAP); en forma posterior, por la ley 19.046 de fecha 20 de diciembre del corriente año, se estableció que el puerto estaría ubicado frente a los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco, 10ª sección judicial de Rocha.
Ante esta omisión desde la Dinama, como lo reconoce públicamente su director Jorge Rucks, se realizaron varios pedidos a la empresa para que modifique su proyecto, presentando el nuevo recorrido del mineroducto, y realizando un nuevo estudio de impacto ambiental. La empresa al día de hoy no ha presentado dicho estudio, necesario e imprescindible para que se expida la Dinama. Resulta inadmisible que el gobierno obligue al Estado, por medio de un contrato, cuando aún no se ha expedido la Dinama, entre otras cosas porque la empresa no ha cumplido con los requerimientos legales.
Al mismo tiempo, desde la empresa se sostiene que la intención es comenzar a exportar hierro aun cuando no esté pronto el puerto de aguas profundas en Rocha, haciéndolo a través de una terminal propia. Demostrando que poco le influyen los cambios que se hacen sobre el lugar de ubicación del puerto, al punto que podría ser la explotación del hierro y después el puerto, o no existir éste.
En definitiva, entendemos que las declaraciones realizadas por el gobierno sobre la firma del contrato estableciendo multas para el Estado si no se cumplen las fechas estipuladas, sumado a las notificaciones realizadas que son nulas por no cumplir con las formalidades requeridas, se enmarcan en una presión más para la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tratando de apurar los trámites para la autorización.
