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    Argentina anunció que fracasó arreglo sobre su deuda en default

    Al salir del edificio ubicado en el 245 de Park Avenue de Manhattan, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, levantó el pulgar a la maraña de periodistas que lo esperaban en la puerta. Algunos interpretaron el gesto como señal de un arreglo en la negociación que había mantenido allí ayer miércoles con los inversores que, a través de la Justicia estadounidense, quieren cobrar en las condiciones originales los bonos que Argentina dejó de pagar en 2002.

    Pero poco rato después, en una conferencia de prensa en el Consulado de ese país en Nueva York, aclaró las cosas: su propuesta fue la misma que se venía planteando desde hacía meses —ofreciéndoles entrar a un canje de bonos que se concretó en 2005 y 2010— y pidió tiempo para seguir conversando, a lo cual los inversores no accedieron. Eso colocó en la pasada medianoche a Argentina en una situación de “default técnico” en el marco de una compleja situación jurídica: a diferencia de lo que le ocurrió 13 años atrás, esta vez el país sí tiene dinero para enfrentar sus obligaciones, pero en los hechos se ve impedido de honrarlas.

    Horas más tarde la prensa porteña manejó información contradictoria acerca de negociaciones entre la banca argentina y los inversores querellantes para comprar los bonos en default y asumir como acreedores frente al Estado. Un arreglo de ese tipo, según “Ambito Financiero”, haría que el default fuera “efimero”.

    Kicillof, en la conferencia, no había descartado la eventualidad de un acuerdo entre privados.

    Negociación y default.

    La tensión que vivió en las últimas semanas Argentina tiene su origen 13 años atrás, cuando en medio de una crisis económica y política su gobierno declaró una cesación de pagos de la deuda pública; fue el default más grande de la historia mundial. Cuando la situación se estabilizó, en 2005 y 2010 ofreció sendos canjes de bonos que incluyeron fuertes quitas de capital y más plazo de pago; la amplia mayoría (94,2%) aceptó. Entre los que quedaron afuera —los holdouts— están los fondos de inversión estadounidenses Elliott y Aurelius, que lideraron un reclamo judicial para cobrar su dinero en las condiciones originales. La acción prosperó y el juez de distrito de Estados Unidos Thomas Griesa ordenó en junio pasado al Estado argentino abonar antes de ayer miércoles 30 el valor total de lo adeudado a los inversores accionantes (unos U$S 1.500 millones).

    Semanas atrás, el gobierno de Cristina Fernández giró a un banco en Nueva York U$S 539 millones para pagar intereses correspondientes a bonos reestructurados. Pero, por orden de Griesa, el dinero quedó retenido hasta que abone lo que debe a los holdouts.

    El trasfondo legal del litigio es complejo. Una cláusula prevista en los bonos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010 da el derecho a quienes los posean de exigir las mismas condiciones que se establezcan en cualquier otro acuerdo al que el gobierno argentino llegue con aquellos que no aceptaron esa reestructuración. Potencialmente, eso supone juicios por U$S 120.000 millones, una cifra impagable para el país.

    Las negociaciones se intensificaron en los últimos días y ayer miércoles 30 una delegación encabezada por Kicillof se reunió en Nueva York con representantes de los holdouts en la oficina de un mediador designado por Griesa. El gobierno argentino aspiraba a que se habilitase una medida cautelar (stay) que le permitiera pagar los intereses de los bonos reestructurados con los fondos ya girados a Nueva York y ganar tiempo para buscar un arreglo con los holdouts.

    Después de las reuniones el ministro informó en una conferencia de prensa que los fondos de inversión accionantes no aceptaron dar más plazo, contó que les volvió a proponer que acepten canjear los bonos impagos —con lo que, según dijo, lograrían una “extraordinaria ganancia”— y reiteró que las leyes argentinas impiden pagarles en mejores condiciones que a los otros bonistas, además de que ello sería “fácticamente imposible”.

    Kicillof insistió en que Argentina pagó y que es responsabilidad del juez que la plata de los intereses no llegue a los tenedores de sus bonos. “Si esto fuera un default, el dinero no estaría”, añadió. Aseguró que está planteado un “engendro” jurídico con características “inéditas” y “extorsivas”. Y sostuvo que “nadie sabe caracterizar” la situación de un impago producida por resolución judicial: “default técnico”, “default selectivo” y hasta “Grifault”, una combinación con el nombre del magistrado.

    “Vamos a buscar una solución justa, equitativa, sostenible y legal para el 100% de nuestros acreedores, pero que no nos quieran obligar a algo que no sea legal, que no sea equitativo para los que entraron al canje. Y que no nos quieran hacer algo que pueda poner en riesgo la sostenibilidad financiera de Argentina”, dijo.

    Lamentó, además, que el mediador haya aludido en un comunicado emitido después de las conversaciones a una situación de “inminente default”. Agregó que “no es una mera condición técnica, sino que es un evento real y doloroso que perjudica a la gente”.

    Antes de conocerse el resultado de la reunión de ayer, la agencia Standard & Poor‘s bajó la nota de la deuda pública argentina a la categoría de “default selectivo” porque “no pudo pagar intereses por U$S 539 millones de sus bonos Discount que vencen en diciembre de 2033”, explicó en un comunicado.

    Al inicio de esta semana, cuando se aproximaba el “día D” —como la prensa porteña se refirió a la jornada clave de ayer aludiendo al default—, el gobierno de Fernández seguía sosteniendo que “Argentina pagó” y descartaban consecuencias dramáticas en caso de que se produjera la cesación de pagos. “No va a pasar nada. No estamos de ninguna manera en default”, dijo el lunes 28 el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

    Kicillof siguió por la misma línea en la conferencia de ayer: “Mañana será otro día, el mundo seguirá andando”.

    Los análisis de los economistas privados tampoco vislumbran un panorama dramático como el que vivió Argentina en 2002, aunque estiman que un default haría más compleja la salida de la recesión económica y la inflación podría acelerarse. Además, Argentina seguiría excluida de los mercados voluntarios de crédito, el castigo que le aplicaron al país los inversores internacionales por la cesación de pagos de aquel año.

    Un default hoy “tendría un impacto pequeño” y no sería “el fin del mundo”, si bien “agravaría los problemas que ya tiene la economía”, dijo el martes 29 en la radio Rock & Pop el diputado y ex ministro de Economía argentino Martín Lousteau.

    Con los ojos puestos en Nueva York, los movimientos de los últimos días en los mercados porteños provocaron algo de desconcierto a los especialistas: el dólar “blue” subió de precio algunos días pero ayer cayó, y las acciones en la Bolsa de Valores tuvieron en la víspera una fuerte recuperación.