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Lo hizo en el final de un comunicado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que esa dependencia —que concentra las actividades de recaudación de impuestos, aduanas y seguridad social— reportó los resultados de una operación de fiscalización de las transferencias de futbolistas y anunció medidas.
En contactos informales, en los últimos años miembros del gobierno de Argentina transmitieron a sus pares uruguayos su descontento con el resguardo que en los hechos se dio en Uruguay a inversiones argentinas en el país en inmuebles, depósitos y otros activos muchas veces sin declararlos a la AFIP, y a operaciones de triangulación comercial a través de oficinas instaladas en zonas francas.
También durante años intentaron negociar un tratado bilateral de intercambio de datos que le facilite la investigación de ese tipo de negocios, lo que recién se concretó a fines de 2011 y condujo a la firma de un acuerdo en abril pasado que todavía no entró en vigor.
Fútbol.
Como conclusión de una “acción fiscalizadora”, la AFIP informó el viernes 24 que dio de baja a 146 de los 210 representantes e intermediarios de jugadores en Argentina que tienen una situación fiscal irregular, ya que no declararon las correspondientes comisiones cobradas por las operaciones en las que intervinieron, explicó. También detectó inconsistencias entre los ingresos, consumos, viajes al exterior y gasto en las tarjetas de crédito que no encuadraron correctamente en su actividad.
A partir de estas irregularidades, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, envió una nota al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona y al titular de la FIFA, Joseph Blatter, en la que detalló las maniobras en la compraventa de jugadores argentinos.
La AFIP detectó “planificaciones fiscales nocivas” en las transferencias de jugadores de fútbol al exterior y en algunos casos se triangulan las operaciones con el objetivo de evadir el pago de impuestos, indicó en el comunicado. La maniobra se configura a partir de que un club argentino paga un “préstamo” o una “cesión” al equipo del exterior que funciona como un “paraíso fiscal deportivo”; luego el club del exterior le paga la comisión al representante, el derecho al inversor y la prima al jugador. Todo fuera de la Argentina para ocultar el verdadero ingreso a la AFIP, explicó Echegaray en una conferencia de prensa.
En Uruguay fueron identificados como parte de esas triangulaciones los clubes Sud América, Fénix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Rampla Juniors y Boston River.
Bajo esas transferencias, el representante y el inversor no pagan el Impuesto a las Ganancias en Argentina, y el jugador abona ese tributo solo sobre el sueldo.
Para evitar este tipo de maniobras, la AFIP anunció la creación de la Declaración Jurada Anticipada de Fútbol, por la cual antes de inscribir el contrato de un jugador y permitir el giro de divisas, el organismo deberá validar que la operación sea transparente. Eso, añadió, se complementa con una “lista dinámica” de los “paraísos fiscales deportivos”, que son “clubes que sirven como plataforma para la triangulación de operaciones” y que estarán gravadas con un pago a cuenta adicional del Impuesto a las Ganancias de 35%.
La AFIP también exigió a los clubes informar a los jugadores profesionales que integran la totalidad del plantel, sus agentes o representantes y sobre sujetos que posean participación en los derechos económicos de los futbolistas.
El último párrafo del comunicado señala: “Además la Argentina, a través de la AFIP, firmó una extensa red de acuerdos de intercambio de información, fundamentalmente con paraísos fiscales, entre los que se encuentran Rusia, Corea, Italia, el Principado de Mónaco, Principado de Andorra, República de Costa Rica, Mancomunidad de las Bahamas, República de San Marino, República Popular China, Azerbaiyán, India y los Territorios Británicos de Ultramar de Jersey, Guersney, Bermudas, Islas Caimán Ecuador y Uruguay”.
El tratado para la cesión de datos con el gobierno del presidente José Mujica fue firmado en abril pasado, y mientras Argentina lo promulgó este mes, en Uruguay empezó a ser analizado por una comisión del Senado.
Listas.
En noviembre de 2011 y hablando como vocero tras una reunión del Grupo de los 20 —que nuclea a algunas de las mayores economías avanzadas y emergentes, entre ellas Argentina—, el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se refirió a Uruguay como un paraíso fiscal, lo que provocó un entredicho diplomático bilateral. El asunto quedó aclarado tiempo después.
El concepto de paraíso fiscal se asocia a jurisdicciones con poca transparencia y baja o nula tributación para las inversiones. Según la última actualización de las listas que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en base al grado de adhesión a los estándares de colaboración en el combate a la evasión fiscal, publicada en mayo pasado, solamente dos pequeños estados isleños del Pacífico —Nauru y Niue— tienen ese estatus.
Para la OCDE, Uruguay es una jurisdicción que ha hecho una “sustancial implementación” de los estándares en materia de transparencia tributaria. En esa misma categoría figuran otras 86 jurisdicciones, entre ellas Argentina, Brasil y Chile.
