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Los gobiernos de Argentina y Uruguay alcanzaron un acuerdo “político” para autorizar el dragado a 14 metros de profundidad del Puerto de Montevideo, aunque todavía hay cuestiones técnicas sobre su puesta en práctica que dividen a los dos países.
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Durante la cumbre del Mercosur, el martes 4, el presidente Luis Lacalle Pou aprovechó su intervención para hablar de cuestiones bilaterales con los distintos socios del bloque. En cuanto a Argentina, cuestionó las trabas al comercio bilateral y le pidió a Alberto Fernández que resuelva la situación del puerto.
“Hay un preacuerdo entre los cancilleres que estamos deseosos de firmar con el presidente Fernández lo antes posible para poder dragar nuestro puerto a 14 metros. Han sido buenas las conversaciones, tenemos la pelota ahí, en la línea del arco”, dijo Lacalle Pou mientras miraba a Fernández.
Ante una consulta de Búsqueda, la Cancillería argentina respondió que su gobierno “tiene una postura favorable, no habiendo objeciones a nivel político sobre el tema”. Añadió que “los tiempos administrativos responden a requerimientos técnicos necesarios que se encuentran encaminados el seno de la CARP (Comisión Administradora del Río de la Plata)”.
Esas cuestiones técnicas han sido hasta ahora un obstáculo difícil de salvar hasta el momento. La delegación argentina planteó reparos sobre las propuestas presentadas por Uruguay para llevar adelante el dragado del canal de acceso al puerto a 14 metros.
Cuando concurrió en junio a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el director para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, Carlos Mata, dijo que había inconvenientes en la CARP acerca de cómo cada país interpreta “cuáles son los elementos esenciales de la obra”.
“La Corte Internacional de Justicia hizo algún pronunciamiento en el juicio de Argentina con Uruguay, pero nosotros entendemos que el vecino país siempre pide un poco más, porque no se trata de una autorización y no es un socio y debe tener los aspectos esenciales de la obra para poder pronunciarse, pero no en el nivel de detalle que pide”, detalló.
Semanas antes de esa comparecencia en el Senado, la delegación argentina en la CARP había presentado una nota en la que decía que la información del proyecto uruguayo es “incompleta y resulta insuficiente para que la parte argentina pueda hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación o al régimen del río”, informó la diaria.
Uruguay respondió con más información y confía en que el proceso se destrabe, comentó ayer miércoles a Búsqueda una fuente de Cancillería. La posición es que después de brindar los datos necesarios empieza a correr un plazo de 180 días, luego del cual el país estaría en condiciones de avanzar.
