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La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, aseguró que por “razones humanitarias” decidió no recurrir al decreto de desalojo de dependencias públicas para sacar a las personas que ocupan el Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón.
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El pasado miércoles 11, en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Arismendi dijo que en lugar de ese decreto presentó un recurso de amparo, pero que una jueza le señaló que tenía la herramienta para desalojar a la gente y que era “ineficiente” no utilizarla.
El centro atiende a mayores de 12 años con discapacidad visual del sistema de salud público o privado. Desde el 21 de abril está ocupado por usuarios y ex usuarios que se oponen a que sea trasladado al Instituto General Artigas, ya que sostienen que generará dificultades para el acceso y traslado de las personas. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social afirmaron que el traslado aún no tiene fecha y que se realizará una vez que se completen las obras de acondicionamiento del nuevo centro.
La ministra dijo a los legisladores que resolvieron no utilizar “una herramienta inmediata” para desocupar el centro. “Por razones humanitarias, nos pareció que lo mejor era resolver las cosas conversando y buscar la forma de que no sucediera”, explicó. El decreto 354/2010 establece las medidas que se deben cumplir para desalojar dependencias públicas ocupadas por trabajadores. Primero el organismo tiene que buscar una conciliación con los trabajadores y si no llega a un acuerdo, recurrir a la Policía.
“En vez de aplicar el decreto, lo que hicimos fue presentar un recurso de amparo. Una jueza se declaró incompetente. La otra jueza me rezonga y me dice que tengo las herramientas y soy ineficiente porque no las apliqué”, relató Arismendi. La jueza le señaló que el decreto de desalojo “prevé un procedimiento específico”, que es comunicar la situación al Ministerio de Trabajo para que busque una solución entre las partes y, de lo contrario, dar paso al Ministerio del Interior para que desaloje. La jueza estableció que “la accionante no alega ni fundamenta que ese procedimiento especialmente previsto para supuestos como el que nos ocupa no sea efectivo ni eficiente para el fin perseguido con la promoción de la acción de amparo”, informó la jerarca. “Me manda a que desaloje y todavía me envía el decreto, para que me entere”, añadió.
El diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, opinó que “por suerte” la ministra no usó el decreto de desocupación: “Hizo bien la ministra en no usarlo porque la (Guardia) Republicana contra estudiantes ya nos calentó, imagínense lo que sería contra ciegos”.
