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Los números fiscales publicados el 31 de enero de 2019 por el Ministerio de Economía y Finanzas mostraron que el año 2018 cerró con un déficit consolidado de 4% del PBI, medio punto porcentual por encima del resultado de 2017 y un nivel similar al de 2016, dejando de lado el efecto contable por el tema “cincuentones”, que aumentó los ingresos del sector público el año pasado en una cifra del entorno del 1,3% del PBI.
La ampliación del déficit fiscal el año pasado se dio por el aumento de los gastos, en un contexto donde el escaso crecimiento de la economía y la pérdida de empleo llevaron a que la recaudación de la DGI subiera tan solo 1,1% en términos reales (con caídas significativas en los meses de noviembre y diciembre), y a que disminuyera la recaudación del BPS. Dejando de lado la transferencia de recursos por el tema “cincuentones”, los ingresos del sector público consolidado disminuyeron 0,1% entre 2018 y 2017.
Por su parte, los egresos del sector público no financiero se ubicaron en 30,4% del PBI en 2018, con un aumento de 0,4% del PBI respecto a 2017. En los gastos primarios corrientes, se dio un aumento de 0,3% del PBI entre el año pasado y 2017, explicado básicamente en partes iguales por las mayores transferencias a la seguridad social, las remuneraciones y los gastos no personales. En inversiones, las del gobierno central aumentaron en casi 0,2% del PBI, aunque a partir de una base muy reducida, de alguna forma dando comienzo al tradicional período electoral de aumento de inversiones en los meses previos a los comicios nacionales.
Considerando el impacto del ciclo electoral, el hecho de que el crecimiento económico al inicio de 2019 será muy bajo —en el mejor de los casos— teniendo en cuenta el impacto de una muy mala temporada turística y la situación de Argentina, y de que difícilmente el mercado de trabajo vaya a mostrar una mejora significativa, parecería que se va configurando un escenario en el que el nivel de 4% del PBI se va a transformar en un “piso” para el déficit fiscal de este año.
Ni que hablar si se confirman los indicios de estancamiento económico y/o de recesión que por ejemplo insinúa el índice Líder de Ceres, así como la fuerte baja de la recaudación de la DGI en el último bimestre del año 2018. Será interesante ver los datos de recaudación del binomio DGI-BPS en el primer trimestre de este año para ver la magnitud del impacto del enfriamiento del nivel de actividad, así como la evolución de las finanzas de las empresas públicas.
En todo caso, parece evidente que estamos cada vez más lejos de los supuestos que el gobierno utilizó el año pasado en la discusión de la “austera” Rendición de Cuentas en la que se terminó aumentando nuevamente el gasto para este año, lo que será un factor adicional para presionar a la ampliación del déficit fiscal.
Desde todo punto de vista, la dinámica en la que están las cuentas públicas es claramente insostenible, más allá de que desde el punto de vista del financiamiento al menos por lo que queda de la actual administración no habrá ningún problema para seguir colocando deuda para tapar el mayor agujero fiscal. Dado el ciclo político, es altamente probable que las calificadoras de riesgo se abstengan de rebajar la calificación de la deuda uruguaya en este año más allá de que seguirán planteando la necesidad de medidas de ajuste a partir del 2020. A su vez, la nueva “primavera financiera” para los mercados emergentes que ha generado el cambio de postura de la FED respecto a potenciales nuevas subas de la tasa de interés en EE.UU., mantendrá el apetito de los inversores por la deuda uruguaya.
El próximo gobierno, no cabe ninguna duda, enfrentará un complicadísimo panorama de ajuste de las cuentas fiscales. No solo es altamente probable que el déficit fiscal durante el actual gobierno termine más cerca del 5% que del 4% del PBI, sino que ello se dará en un contexto de presión tributaria formal e implícita récord, un nivel de gasto público global también récord, una economía virtualmente estancada, y un significativo deterioro de la competitividad externa.
