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Puerto de Montevideo: navieras solicitarán al gobierno que favorezca la “libre competencia” en contenedores
La “preocupación general” que transmitirán con una carta que entregarán en Torre Ejecutiva es que las regulaciones y la estructura que las autoridades definan a futuro para el recinto portuario aseguren la “competencia efectiva” y ofrezcan “alternativas operativas reales” para los usuarios y los operadores
Las principales navieras que operan carga en contenedores del Puerto de Montevideo redactaron una carta que entregarán en las próximas horas en Torre Ejecutiva donde solicitan que, en las decisiones que las autoridades definan en torno a la futura “estructura” de la terminal capitalina, “se preserve y promueva un marco que favorezca la libre competencia” y la existencia de alternativas “verdaderas, eficientes y operacionalmente viables”.
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Según el borrador de la misiva, al que accedió Búsqueda, los representantes de las líneas navieras aclaran que no es su intención “tomar partido en las controversias” que en este momento existen entre los operadores portuarios, las empresas privadas, la Administración Nacional de Puertos y el gobierno, sino que buscan transmitir una “convicción compartida” como “usuarios directos y permanentes” del Puerto de Montevideo y responsables de servicios marítimos que “requieren eficiencia, previsibilidad, continuidad y alternativas operativas reales”.
Aluden de manera directa a lo que establece el decreto 114, uno de los que reglamentó el acuerdo que firmó en 2021 el gobierno uruguayo con el grupo belga Katoen Natie, el accionista mayoritario de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), concesionaria de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. Alegan que según esa norma la eventual habilitación de una nueva terminal especializada se condicionaba a que la existente “superara el 85% de su capacidad anual durante dos años consecutivos”.
Las navieras plantean que desde una perspectiva “estrictamente operativa” un nivel de utilización de tal magnitud significa un “margen” muy reducido para “absorber” desvíos o picos de demanda que, de forma inevitable, la actividad marítima presenta por distintas circunstancias. También se refieren al régimen de prioridad establecido en el artículo 14 del decreto 115, e indican que no refleja la lógica con la que funciona un servicio marítimo regular desde el punto de vista operativo y comercial.
La “preocupación general” que transmiten las navieras, indica el texto borrador (que está dirigido al presidente de la República, Yamandú Orsi, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al prosecretario Jorge Díaz y a los respectivos titulares de las carteras de Transporte, Economía, Trabajo, Industria, Ganadería y Relaciones Exteriores), es que la “revisión o definición del modelo portuario futuro debería procurar que las disposiciones regulatorias, además de perseguir objetivos jurídicamente legítimos, sean operacionalmente aplicables y compatibles con las necesidades de quienes efectivamente utilizan el Puerto de Montevideo”.
Afirman que “Uruguay necesita operadores fuertes, infraestructura moderna, inversiones de largo plazo y terminales eficientes y confiables”. Y añaden: “Entendemos, sin embargo, que todo ello es perfectamente compatible con la existencia de competencia efectiva y alternativas operativas reales”.
Alegan que eso también “reduce la vulnerabilidad que naturalmente supone depender de una única instalación ante contingencias operativas, laborales, técnicas o de cualquier otra naturaleza”. “Solicitamos que exista competencia”, indican más adelante y abundan en sus argumentaciones.
El borrador, en el que participaron técnicos y expertos en la temática de los representantes de las navieras, está a la espera de la firma de los ejecutivos de esas compañías. Entre ellas se encuentran ONE, Maersk, MSC, Hapag Lloyd y otras vinculadas al grupo Neltume Ports, accionista de Montecon, según dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
A mediados de setiembre, Neltume Ports presentó al Poder Ejecutivo una iniciativa privada para construir una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo que prevé el desarrollo de infraestructura y la instalación de equipamiento por US$ 900 millones. El grupo, de capitales chilenos y canadienses, lo hizo luego de desistir de las reclamaciones que había iniciado en tribunales internacionales.
En tanto, Katoen Natie advirtió que autorizar una segunda terminal especializada en el recinto portuario violaría el contrato de concesión vigente que explota TCP. También advirtió que de prosperar el proyecto la multinacional belga avanzaría con un arbitraje internacional de mayor cuantía que el que anunció promovería años atrás, por US$ 1.500 millones.
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