Desde los tiempos de Batlle y Ordóñez y bajo la impronta de sus ideas y convicciones políticas, consideradas avanzadas a comienzos del siglo XX, los uruguayos hemos ido incorporando a nuestras vidas una cultura estatista. Cultura consolidada luego del referéndum que derogó la “ley de empresas públicas” en 1992 y el posterior triunfo electoral del Frente Amplio en 2004.
Por eso, cuando hace más de dos décadas Líber Seregni dijo que si privatizaban Pluna, entonces estatal, no se le movería un pelo del bigote, la militancia izquierdista sintió un fuerte cimbronazo emocional.
Aún así, la dinámica del ejercicio del gobierno le ha llevado a habilitar procesos de asociación público-privada para encarar proyectos que considera necesarios, pero que carecen de prioridad o de financiamiento oficial.
Como confirmación del discurso estatista, han sido creadas más de una veintena de empresas públicas que operan bajo el derecho privado pero cuya gestión solo está sometida al control de las autoridades de los entes que las concibieron, dirigen y administran. Empresas que gozan, con frecuencia, de subsidios encubiertos.
Tras diez años de gobiernos “progresistas” que han expandido todo lo imaginable los dominios del Estado, que han aprovechado la bonanza económica para aumentar el gasto público, la plantilla de funcionarios, la presencia y el poder de los gremios del sector estatal, los ciudadanos comienzan a percibir los resultados y las consecuencias de una gestión en la que no supo de enfrentamientos en el Parlamento, ni con los sindicatos u otras organizaciones sociales. Los cuestionamientos de la oposición o carecían de peso o no eran tenidos en cuenta en la opinión pública.
Pero —siempre hay un pero— el mundo está cambiando y lo hace cada vez más rápido. Mientras, la coalición gobernante se mantiene aferrada a viejos razonamientos, a tiempos de reacción y respuesta.
Es por tanto cada vez más evidente que su desconfianza visceral, su temor y su oposición a la economía de mercado y a la globalización, se convierte, ahora que el viento dejó de soplar a favor o lo hace con menor intensidad, en un freno que nos impide avanzar y que inevitablemente nos rezaga.
Antel, por ejemplo, se embarca en un emprendimiento ajeno totalmente a los fines establecidos en su Carta Orgánica: la construcción del Antel Arena, de cuyos costos de construcción, mantenimiento y presupuesto de la estructura burocrática que asegure su funcionamiento, ya tendremos noticia. Costos que serán trasladados a tarifas, encareciendo las comunicaciones privadas.
Siguen estando en una nebulosa las circunstancias —y razones— de la decisión de cerrar Pluna en julio de 2012. Porque lo que se le negó al socio privado que operaba la aerolínea les fue otorgado luego a otras empresas para que siguieran operando en Montevideo. Casi cuatro años después de que voceros oficiales anunciaran como causa del cierre el temor de que la empresa tuviera que afrontar juicios millonarios, la versión no deja de ser una patraña. Ni hablar del papelón de la subasta de los siete aviones, o del aval bancario otorgado de un momento para otro salteándose todos los protocolos internos del BROU.
Con el posterior agregado de la graciosa concesión, hasta ahora de U$S 15 millones, para dar vida a la quimera de mantener viva a una aerolínea de bandera, únicamente para satisfacer el interés de mantener “encendida un velita al socialismo”.
Ni hablar de la gestión en los casinos municipales que hace dos décadas dilapidó otros U$S 15 millones, obtenidos de los contribuyentes montevideanos, por diferir durante cinco años los costos políticos de reajustar la operativa y reducir el personal. O la demora de más de un cuarto de siglo en resolver satisfactoriamente la recolección de residuos en la ciudad, que requiere poner en su lugar al gremio municipal.
El déficit de U$S 800 millones que tuvo Ancap en los últimos cuatro años, de lo que la opinión pública tuvo conocimiento en detalle gracias a lo actuado por la investigadora del Senado, tiene el “mérito” de haber encendido una luz de alarma al exhibir en el mejor de los casos un manejo imprudente y poco profesional de los recursos públicos.
El senador Marcos Otheguy, que integra el grupo que lidera el vicepresidente Raúl Sendic, presidente de Ancap durante el anterior gobierno, acaba de sostener que “es impensable pensar que Uruguay sea desarrollado sin empresas públicas” (“La República”, 11/5/2016).
Sin embargo, todo el país tiene evidencias del impresionante desarrollo del agro (granos, carnes, forestación) y del desempeño de la industria (construcción, pasta de celulosa y turismo) que tuvo al sector privado como principal protagonista. ¿Esto no es desarrollo? El campo reverdeció gracias a los precios altos de las materias primas y el crecimiento de la agropecuaria creó trabajo y derramó riqueza en miles de familias.
El país debe diversificar su producción incorporando tecnología y creatividad, debe procurar la ampliación de sus mercados. El Estado debe cumplir un rol importante en la materia, pero la afirmación del senador frenteamplista luce voluntarista.
Un reciente informe sobre la División Cemento de Ancap (“El País”, 15/5/2016) explica los pésimos resultados del ente en el sector de actividad. Desde 1999 dicha División no genera ganancias. En los últimos 15 años perdió U$S 206 millones (el 64% en los últimos cinco años), U$S 27 millones el año pasado (13,6% del total de la pérdida anual de la empresa). Su principal competencia, Cementos Artigas, de capitales españoles, que reconvirtió en los
90 su planta de Minas y comercializa en el mercado interno poco más de la mitad del cemento que se emplea en el país, ganó en 2015 U$S 25 millones. Mientras que la cementera privada exportó U$S 71 millones entre 2008 y 2015, Cementos del Plata (Ancap) lo hizo por U$S 7 millones.
El ente estatal decidió reconvertir sus plantas de Minas y Paysandú, que tendrán una capacidad de producción anual de 840.000 toneladas, muy por sobre la demanda del mercado local y de su colocación en la región.
En setiembre pasado se llevaban invertidos en dichas obras U$S 251 millones y se estimaba que para su finalización habrá que invertir otros U$S 230 millones. En su comparecencia ante la investigadora del Senado, el ministro de Economía reconoció que Ancap había realizado “inversiones de muy lenta recuperación”.
Los costos de producción aumentaron 83% entre 2007 y 2015 sin mejorar la productividad ni la rentabilidad de la División, que ocupa a unos 500 empleados, mientras que su competencia privada lleva a cabo su operación con entre 150 y 200.
Este proceso lleva años. Parece que nadie se ocupa de mejorar la eficiencia y la competitividad, como si esto fuera Cuba o Corea del Norte. O la cerrazón del Uruguay jugando al achique en los años 60.
Así, con un sector público que pretende vivir al margen del mundo, no hay desarrollo futuro.
