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Desde mediados de diciembre, tras la renuncia de Carina Pizzinat, la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) está acéfala y el Poder Ejecutivo busca un sustituto. Quien asuma esa tarea deberá, entre otras cosas, tratar de corregir algunas deficiencias en la gestión que persisten desde hace tiempo, según constató la Auditoría Interna de la Nación (AIN).
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Como seguimiento de las recomendaciones hechas en 2019, la AIN evaluó los controles en la información relativa al proceso sancionatorio contenida en el sistema Registro Único de Proveedores del Estado entre julio de 2021 y fin de junio de 2022. Los resultados fueron publicados este martes 31; dos de 10 “hallazgos” siguen sin ser corregidos. Uno es que la ARCE “no ha dado lineamientos” para la aplicación de sanciones a proveedores, dejándolas librados al entendimiento de cada organismo. La agencia está trabajando en la actualización de la normativa para fijar un “criterio objetivo para graduar las sanciones”, informó.