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    Auditorías detectaron compras de carne excesivas, renovación irregular de autos e “inconsistencias” de gasto en varias áreas

    No se comprobaron irregularidades graves, corrupción o delitos similares. Pero las debilidades en la gestión, los apartamientos normativos y los controles constatados en varias áreas de la administración pública tuvieron, en algunos casos, efectos semejantes: parte del dinero de los contribuyentes se evaporó al haber sido usado de manera ineficiente. Eso puede inferirse de las inspecciones más recientes efectuadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en cerca de una veintena de oficinas ministeriales, programas y personas públicas no estatales, cuyos resultados informará por estos días.

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    Uno de los casos más notorios es el de compras de carnes rojas hechas para el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) en un volumen que “no se ajusta a las necesidades reales” y superó en 350% lo planificado.

    En una concesión vial hubo “inconsistencias” de gasto por más de $ 4,7 millones, mientras que problemas similares se identificaron en la rehabilitación de un tramo de vías férreas. Y el Ministerio de Vivienda adjudicó directamente la renovación de su flota vehicular al representante de las marcas “sin realizar ningún procedimiento de contratación previsto en la normativa vigente”.

    En algunos casos las desprolijidades atentan directamente contra la calidad de los servicios. Por ejemplo, en el programa de Cuidados —germen del buque insignia de este segundo gobierno de Tabaré Vázquez— los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de sus objetivos “no resultan efectivos”. Por su lado, la Jefatura de Policía de Montevideo contrató personas para vigilancia especial sin que tuvieran el perfil requerido.

    Frente a las vulnerabilidades identificadas por los auditores, relativamente pocas dependencias presentaron planes de acción para corregirlos. Sin embargo, en la AIN perciben que esa actitud va permeando cada vez más entre los jerarcas al comprender que son responsables de dineros públicos.

    Actuaciones

    Las auditorías que la AIN publica ahora — compendiadas como sus actuaciones de 2016— abarcan distintos lapsos, que en unos pocos casos llegan hasta los primeros meses del año pasado. A continuación Búsqueda sintetiza el contenido de los principales informes.

    Tutela militar.

    En el Servicio de Tutela Social del Ministerio de Defensa hubo “apartamientos a la normativa en la utilización” del fondo que administra y se constataron “gastos no alineados” a su destino específico y otros que sí lo estaban, pero “requerirían revisión de la normativa vigente”.

    Además, se verificó falta de coordinación entre la Dirección General de Servicios y el Servicio de Tutela Social, respecto a quién ejerce la autoridad y responsabilidad sobre el Fondo Especial de Tutela Social, así como la ausencia de una planificación estratégica y financiera para facilitar el cumplimiento de los objetivos. Ello, conforme con los auditores, “no permite verificar que la gestión del fondo sea realizada con eficacia y eficiencia”. El informe menciona una situación concreta: en el hogar de ancianos Los Cerrillos, de Canelones, —financiado con dinero del fondo— había solo ocho personas alojadas aunque el establecimiento disponía de 29 plazas.

    Dicho Fondo de Tutela Social atiende las erogaciones que demanden los servicios fúnebres y el mejoramiento del bienestar social de los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad o retirados, los funcionarios del Ministerio de Defensa y los de la llamada “caja militar”, en las áreas de ancianidad, minoridad, recreación y apoyo a la salud. Se integra con el aporte del 1% de las asignaciones de todos los contribuyentes de dicho sistema previsional.

    Según el informe de auditoría, en 2014 el Servicio de Tutela Social gastó $ 168 millones en total y el servicio fúnebre fue el principal rubro ($ 56,5 millones). Entre otras recomendaciones, la AIN instó a realizar procedimientos de compras competitivos para la prestación de ese servicio, teniendo en cuenta la calidad y precio en relación con los del mercado, dado que las licitaciones en esa área se encontraban vencidas.

    Policías eventuales.

    A la Jefatura de Policía de Montevideo la AIN volvió tras una visita hecha en 2013 en la que evaluó el régimen de contratación de personal para cubrir servicios especiales de vigilancia por parte de empresas públicas o servicios descentralizados. La nueva auditoría, que abarcó hasta abril de 2015, comprobó que el organismo realizó acciones para tratar los “riesgos” que se habían identificado, aunque no en su área de gestión financiera y contable. Tampoco en cuanto al ingreso o renovación de contratos de personas, que se vio que no cumplían con el perfil adecuado para las tareas. Eso, según los auditores, va “en desmedro de la calidad del servicio y la imagen institucional”.

    Ante las nuevas observaciones que hizo la AIN, la Jefatura no realizó descargos ni definió un plan de medidas correctivas.

    Sanidad policial.

    La AIN había inspeccionado en 2011 el proceso de venta de servicios con internación y el arrendamiento del lugar físico para el CTI pediátrico de la Dirección Nacional de Sanidad Policial. Al regresar constató que —a setiembre de 2015—se habían adoptado medidas para mitigar los riesgos, situándolos en un “nivel bajo de materialización”. Sin embargo, en un nuevo informe de auditoría señaló que seguía en curso la revisión del sistema informático para que se pudiera contar con “información completa, confiable, íntegra y veraz de los servicios con internación prestados a no usuarios”.

    Sanidad Policial no realizó descargos.

    Marcas.

    En la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI) del Ministerio de Industria, la AIN evaluó —para todo 2015 y hasta fin de mayo de 2016— que los controles en torno a los trámites no permitían “asegurar razonablemente la integridad y oportunidad de la información”, lo que comprometía la “eficiencia en la ejecución de las operaciones y dificultaban la consecución de los cometidos de la Dirección”. Eso debido principalmente a la “inexistencia de una sistemática que permita asegurar que el estado de las marcas se mantenga actualizado y no contenga errores”; a la “falta de comunicación y coordinación entre las unidades”; al manejo de “información incompleta” de los expedientes para análisis ingresados al Sistema Automatizado de Propiedad Industrial; a la “ausencia de controles automatizados que faciliten las tareas”; a “debilidades técnicas que dificultan búsquedas de antecedentes de marcas mixtas y/o figurativas”, y a la “falta de oportunidad de la revisión de las formalidades”.

    Frente a estos problemas señalados y las recomendaciones realizadas la DNIP presentó descargos, que si bien para la AIN no constituyen un plan, son el inicio de acciones correctivas.

    Vías férreas.

    Otra auditoría identificó diversas “debilidades” en el sistema de control interno del proyecto de rehabilitación de las vías de tren de la línea Rivera (tramo Pintado-Frontera) —financiado con U$S 50 millones del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur y otros U$S 24,7 millones del gobierno uruguayo—, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Entre otras cosas, observó fallas en la asignación de autoridad y responsabilidad de la obra, en el diseño e implementación de los controles, así como en el flujo y formalización de la información, lo que “no permite asegurar de manera razonable que se esté gestionando de manera eficiente, que la obra reúna los requisitos de calidad establecidos en el pliego de condiciones, ni que se dé cumplimiento a los tiempos planificados”. Advirtió también una “insuficiencia de controles sobre la calidad de los materiales utilizados” en la rehabilitación.

    En cuanto a la gestión financiero-contable, el informe señaló que el cronograma de desembolsos tuvo varias modificaciones en virtud de los retrasos en el proyecto, tanto en la ejecución financiera como operativa.

    La auditoría movilizó a las autoridades ministeriales, que presentaron un plan para adoptar las recomendaciones, identificando responsables y fijando plazos.

    Vialidad.

    Para evaluar el control interno de obras y proyectos bajo el esquema de concesión entre el MTOP y la Corporación Nacional para el Desarrollo, la AIN tomó como muestra el mantenimiento hecho a un tramo de la ruta 3 y el ramal de acceso a la represa de Salto Grande.

    La auditoría detectó “deficiencias en el diseño e implementación de los controles económicos-financieros y operativos que no permiten una adecuada validación de los gastos ejecutados, el monitoreo del uso de los fondos por parte del concesionario, ni asegurar que las obras cumplan con los requisitos establecidos en el marco regulatorio”. De hecho, el órgano de contralor designado en el contrato “no actuó con eficiencia” y hubo períodos en que los cargos estuvieron acéfalos, a la vez que faltó oposición de intereses por la concentración de las funciones de autorización, registración y control. También se constataron “inconsistencias” de más de $ 4,7 millones que no permitieron “validar el avance real de la obra”. Asimismo, “no se tuvo evidencia de los controles realizados durante el año 2015, ya que no fueron proporcionados” a los auditores.

    En cuanto a los gastos, hubo un “reconocimiento” sin contar con información “íntegra y veraz”, a la vez que se comprobó la “ausencia de documentación” que permitiera corroborar su naturaleza e importe.

    Finalmente, un inadecuado seguimiento y monitoreo de los niveles de servicio no “permitió identificar las desviaciones y sus causas, a efectos de aplicar medidas correctivas en tiempo y forma”, según el informe. Gasto público ineficiente.

    Notificada de la auditoría, la Dirección de Vialidad presentó “aclaraciones que no modificaron las conclusiones” y no constituyeron un plan de acción para adoptar las recomendaciones.

    Jóvenes, cine y bicentenario.

    Los controles que hizo la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre los fondos transferidos en 2014 a instituciones públicas y privadas —$ 94 millones— no fueron suficientes para asegurar razonablemente que hayan sido aplicados a los propósitos previstos y que se usaron eficientemente, de acuerdo con la auditoría practicada allí.

    Con respecto al programa Jóvenes en Red, el MEC no comunicó al Ministerio de Desarrollo Social —Mides— de forma adecuada y oportuna cuando no eran cobradas las becas por parte de los beneficiarios (cerca de 7% en 2014), ni el listado de aquellos a los que no les correspondía el pago por estar amparados en otros planes.

    En el Instituto del Cine y Audiovisual había proyectos pendientes de ejecución otorgados en 2008. Si bien está previsto en las bases y en cada convenio la presentación de informes de avances de las iniciativas que apoya, eso no era exigido, constató la AIN.

    Con respecto a la comisión que organizó los eventos conmemorativos del bicentenario del proceso independentista, otra auditoría alertó que el sistema de registro utilizado por su secretaría no brindaba una “seguridad razonable para el control y evaluación de las actividades desarrolladas y se detectaron inconsistencias”.

    Frente a todas estas observaciones, la Dirección de Secretaría del MEC presentó descargos pero no un plan estructurado, aunque para la AIN denotan la voluntad de hacer mejoras que operarían desde 2017.

    Innovación.

    Del MEC depende también la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí se buscó comprobar si los fondos transferidos a distintos organismos públicos y privados fueron utilizados para el fin convenido y de manera eficiente: los auditores concluyeron que las actividades de control no permitían asegurar que ello efectivamente ocurriera. Es que identificaron dineros otorgados sin contar con un marco que fijara objetivos específicos, ni acciones y/o actividades de monitoreo, así como un manejo de comprobantes que no permitían determinar con certeza cuál fue el gasto hecho, entre otros problemas.

    El organismo no hizo descargos ni propuso un plan de acción.

    Alimentación.

    El INDA, que en 2016 pasó de la órbita del Ministerio de Trabajo al Mides, presta asistencia alimenticia a sectores necesitados de la población (unos 55.710 usuarios) a través de distintos programas. Para ello compraba directamente alimentos frescos (fruta, verdura, carne de cerdo, pollo, pescado, huevos y especies) y adquiría otros, como carne vacuna, por intermedio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones. La auditoría realizada en ese instituto —que abarcó todo 2014 y los primeros 10 meses de 2015— constató que su proceso de compras no era “eficaz, eficiente” ni tenía “la economicidad necesaria”. Eso debido a: la ausencia de control y coordinación entre las áreas y actores involucrados; una planificación que “no se ajusta a las necesidades reales”; a la falta de “integridad y confiabilidad de los registros” (hay múltiples y se constataron usuarios duplicados y otros que no figuran en ningún listado); a incumplimientos normativos (como la ejecución de compras sin disponer del crédito), y a carencias de confiabilidad en los inventarios de alimentos secos.

    Respecto a la carne roja en particular, de la auditoría surgió que no resultó posible “asegurar que los fondos ejecutados hayan sido aplicados a la población objetivo” ya que se constató que las cantidades compradas exceden a las porciones recomendadas, no existe concordancia entre el número de beneficiarios de la planilla de demanda semanal y los registrados por el área de cómputos, y se carece de controles y supervisión que expliquen estas diferencias en tiempo y forma. Se compró 350% más de lo planificado, así como una diferencia sin justificación aparente de un consumo per cápita disímil para los beneficiarios de Montevideo y los del interior del país (1,470 kg contra 0,650 kg).

    En su informe la AIN recordó que una actuación realizada en 2011 ya había marcado algunas de estas deficiencias, que no fueron subsanadas. Ahora, tras recibir los resultados de la nueva auditoría, las autoridades del INDA no presentaron un plan para hacerlo.

    Cuidados.

    Los mecanismos de control que se ejecutan para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa de Cuidados “no resultan efectivos”, entre otras cosas porque el Mides no definió un marco de actuación y protocolos para la tarea que llevan adelante organizaciones sociales y cooperativas de trabajo que contrata con un costo anual cercano a $ 59,5 millones, según determinó la AIN.

    Una situación similar constató para el programa de apoyo a personas en situación de calle y por el cual el Mides transfiere a organizaciones sociales unos $ 6 millones al año para sueldos, gastos de funcionamiento y alquiler, entre otros. Los controles “resultan en algunos casos insuficientes y en otros presentan debilidades” que impiden asegurar que dichas organizaciones cumplan, en tiempo y forma, con los cometidos estratégicos definidos por el programa, señalaron los auditores en el informe.

    El Mides no hizo descargos ni presentó un plan para corregir las fallas.

    Compras directas.

    En la Dirección General de Secretaría de la cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la AIN evaluó el proceso de compras directas de bienes (insumos informáticos, papelería, etc.) y servicios (vigilancia, limpieza, etc.) de 2015. Allí detectó “debilidades en el diseño e implementación de controles así como en la segregación de funciones incompatibles, lo mismo que en los sistemas de información y en la planificación, priorización y monitoreo” de las adquisiciones. Por ejemplo, un plan anual de compras solo incluía cifras globales —sin detallar bienes y servicios, ni cantidades—; se hacían compras directas en las cuales el solicitante era quien pedía las cotizaciones, evaluaba y seleccionaba al proveedor, sin cumplir con la necesaria oposición de intereses, y la gestión de las licitaciones era asignada a pasantes, sin que se contara con manuales de procedimiento, capacitación ni supervisión en la tarea.

    La secretaría de Estado elaboró un plan de acción para revisar los procedimientos en un plazo máximo de 120 días.

    Flota automotriz.

    En torno al proceso de adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos por parte de la misma repartición de Vivienda, una auditoría constató “ciertas debilidades que no permiten asegurar que los recursos del Ministerio se ejecutaron del modo más eficiente”. Entre otras cosas, notó que faltó evidencia que sustente el estado de la flota vehicular para recambio y advirtió la ausencia de “elementos objetivos que justifiquen si se precisa recurrir al arrendamiento”. También se carecía de procedimientos de contratación competitivos.

    El equipo de la AIN observó que la permuta de los 19 vehículos iniciada en 2014 a costo cero fue adjudicada directamente al representante de las marcas de los vehículos a recambiar “sin realizar ningún procedimiento de contratación previsto en la normativa vigente”.

    Notaron, asimismo, que había coches del Ministerio en el estacionamiento y choferes disponibles mientras las empresas contratadas prestaban servicios. Más dinero público evaporado.

    La ministra Eneida De León se ocupó personalmente de estos problemas y su cartera presentó un plan para implementar cambios.