“La experiencia reciente de los países desarrollados, particularmente de algunas economías europeas, enseña que las expansiones de los desequilibrios fiscales y financieros no son sostenibles en el tiempo y luego requieren dramáticas medidas para revertir la situación. Por otro lado, la opción de aumentar impuestos y recortar severamente el gasto público en coyunturas recesivas tampoco ha probado ser la solución. En consecuencia, el manejo de la política fiscal en un contexto de crecimiento económico es clave a los efectos de generar las fortalezas necesarias para disponer del instrumento en el momento en que se revierta el ciclo económico”. Con esa premisa, el Poder Ejecutivo remitió el último fin de semana al Parlamento un proyecto de ley de Rendición de Cuentas que habilita a ampliar en unos U$S 129 millones los egresos en 2013, que se adicionan a otros U$S 150 millones ya previstos en el Presupuesto.
Las partidas de recursos en cada período de gobierno son asignadas en la ley de Presupuesto que se vota durante el año que se instala cada nueva administración y estipula las partidas para los cinco siguientes. Asimismo, en cada uno de esos años, y con vigencia para el posterior, se debe presentar un proyecto de ley —denominado Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal— detallando lo ejecutado y proponiendo en general aditivos de gasto. Ambas leyes rigen para la administración central (Presidencia y ministerios) y los organismos del artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, INAU, ASSE, ANEP, Universidad, etc.), que conforman la mayor parte del sector público.
Para 2013 la Ley de Prespuesto vigente asignó recursos por un monto de aproximadamente U$S 150 millones mayor que para el ejercicio que está en curso. A eso se agregarán $ 2.807 millones que, calculados al tipo de cambio interbancario del lunes 2 ($ 21,82) son U$S 129 millones adicionales previstos en el proyecto de Rendición de Cuentas entregado al Parlamento el sábado 30, al límite del plazo constitucional. Cuando comenzó a hablarse públicamente de esa cifra, en abril pasado, esos pesos significaban U$S 140 millones con el dólar más barato de entonces.
Sumado, el aumento del gasto para el próximo año previsto en el Presupuesto quinquenal y en el proyecto de Rendición asciende a U$S 279 millones.
Rendición.
El reforzamiento planteado en la Rendición priorizará rubros como ASSE (unos U$S 32 millones), protección y seguridad social (U$S 23 millones), programas sociales (U$S 23 millones), educación pública (U$S 22 millones, la mayor parte a la ANEP), vivienda (algo más de U$S 9 millones a la cartera del ramo y al Plan Juntos), seguridad pública (U$S 9 millones), transporte (U$S 8 millones), desarrollo productivo (U$S 5 millones) y otras políticas (U$S 17 millones).
El proyecto incluye además, algunas partidas especiales para el ejercicio de 2014 destinados a reestructuras en algunos incisos de la administración central, a recursos humanos en el INAU, para el programa “Uruguay crece contigo” e inversiones en el Polo Naval Industrial, que implican un aumento neto del gasto del orden de los U$S 8,8 millones. También destina recursos para financiar el costo inicial de la ley de “empleo juvenil” que el Ejecutivo remitirá al Parlamento oportunamente.
El 2011
En 2011 la administración central registró un déficit presupuestal de $ 11.526 millones, lo que equivale a casi U$S 600 millones al tipo de cambio promedio de ese año, según el proyecto de Rendición. A eso se agregan otros $ 12.802 millones (U$S 663 millones) por concepto de operaciones extrapresupuestarias derivadas de la aplicación de normas legales.
Un subrubro de la ejecución del año pasado, de menor cuantía, la constituyen algunos incrementos de gastos asociados a “acontecimientos graves e imprevistos” al amparo del artículo 464º de la ley Nº 15.903. Todos sumaron unos $ 370 millones —U$S 19,2 millones—, si bien la mayor parte ($ 300 millones) correspondieron a egresos de funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
La administración también incurrió en gastos por situaciones extraordinarias en remuneraciones por la intervención del hospital Italiano ($ 48,3 millones), al pago de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el “caso Gelman” ($ 10,4 millones), al juicio con la tabacalera Phillip Morris ($ 2,4 millones) y otros contenciosos ($ 4,5 millones), y a un convenio de cooperación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ($ 1,5 millones).
Más cargos, impuestos y potestades para DGI
Dentro de sus 298 artículos, el proyecto de Rendición incluye otras modificaciones por fuera de lo estrictamente presupuestal.
En materia de recursos humanos, transforma algunos cargos, suprime 146 y crea 736 en varias dependencias —lo que arroja un saldo neto de 591 nuevos puestos presupuestados—, y habilita además al Ministerio del Interior a establecer hasta 1.000 vínculos en la forma de contratos.
Bajo la gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, crea el Sistema Nacional de Inversión Pública para ordenar el “proceso de inversión”, incluso de entes autónomos y servicios descentralizados industriales y comerciales, así como las firmas privadas de propiedad estatal.
Reglamenta la actividad de los controladores de tránsito aéreo y prevé la tenencia de viviendas para personal militar activo en predios afectados al Ministerio de Defensa con retención de 10% de los haberes.
Propone modificaciones para la denominación de sociedades comerciales.
Autoriza a la Dirección General de Comercio a prestar servicios de pesaje de mercaderías y otros servicios a los usuarios de la Zona Franca de Nueva Palmira, y a esa dependencia a intercambiar información con la Dirección General Impositiva (DGI).
El proyecto prevé el subsidio de repatrio de uruguayos residentes en el exterior por razones justificadas ante la imposibilidad de financiar por ellos mismos su regreso, al tiempo que exonera de tributos la introducción de bienes muebles, máquinas y automóviles, por ejemplo, tras haber residido dos años fuera del país. También faculta a la Cancillería a cobrar por ciertos trámites.
Asimismo, establece un mecanismo de distribución entre el personal del Ministerio de Ganadería del producido de multas, sanciones y venta de los decomisos. También habilita a suspender transitoriamente a los establecimientos de producción e industrialización de animales, lácteos, miel y otros que carezcan de registro y habilitación sanitaria. Y se extiende a las exportaciones de vacunos y ovinos el impuesto de 1% (que ya grava los envíos de carne) para financiar el fondo de inspección sanitaria, un tributo de 0,21% que solventa la campaña de indemnización y control de la fiebre aftosa (también para los cueros y pieles) y otro de 0,6% en favor del Instituto Nacional de Carnes.
En la órbita del Ministerio de Industria, crea un régimen de facilidad de pago de las tasas de verificación y de los cánones mineros.
Habilita a AFE a tomar como pago del uso de su infraestructura, obras de adecuación que ejecute una empresa, y al Ministerio de Educación a investir como oficiales de Estado Civil a funcionarios municipales.
Crea la Dirección de Desarrollo Social en la cartera del área y el programa Uruguay Crece Contigo en la órbita de la Presidencia de la República.
El proyecto incluyó además varias medidas relacionadas con la DGI.
Por un lado, faculta a esa oficina a solicitar el “auxilio de la fuerza pública” para cumplir con sus cometidos. Por otro, dispone que cada documento o comprobante, individualmente considerado, que transgreda el régimen general de documentación, será tipificado como infracción. También habilita a la DGI a suspender la vigencia de los certificados anuales que expida, cuando el contribuyente se atrase en el cumplimiento del pago de tributos.
Varios consultores tributarios cuestionaron estas propuestas en declaraciones periodísticas.
La Rendición también autoriza al Banco Central a mantener, con fines estadísticos, los datos inscriptos en su Central de Riesgos Crediticios, más allá de los plazos estipulados.
