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En los pasamanos de muchos ómnibus capitalinos cuelgan unas agarraderas plásticas con publicidad para ser usadas por los pasajeros que viajan parados. Su inventor es uruguayo y registró ese accesorio de seguridad como un “diseño industrial” ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI).
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Otras 149 patentes —en general menos visibles que esas agarraderas para la población o directamente desconocidas— fueron otorgadas en 2014 por dicha repartición del Ministerio de Industria (MIEM), frente a las 94 aprobadas el año anterior.
El 55% de las patentes concedidas correspondieron a productos farmacéuticos, 20% estuvieron relacionadas con la agricultura (incluyendo agroquímicos) y 5% a productos biotecnológicos, entre otro tipo de registros, según información recabada por Búsqueda.
Considerando su lugar de residencia, los de afuera obtuvieron la mayor cantidad de patentes (en especial de la categoría “invenciones”).
Entre los residentes, tramitaron patentes la Universidad de la República, Antel, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, empresas privadas y algunas personas físicas. Algunos ejemplos de productos patentados el año pasado por residentes son un nuevo compuesto químico utilizable como antiparasitario; una plataforma robótica que permite aumentar la velocidad de armado de una estructura sobre ella; una bomba de vacío para la industria de pequeña y mediana escala, y muros prefabricados de hormigón ahuecados que, aunque pesan menos, logran la misma resistencia que los convencionales, ya que en los agujeros se introducen bolsas de polietileno rellenas de aserrín y se insertan hierros.
Más patentes.
En 2014 la DNPI concedió más patentes de invención, de modelos de utilidad y de diseño industrial que en 2013, aunque el nivel en general es bajo. Las solicitudes fueron cinco veces más que las aprobadas por esa repartición.
Los derechos de invención otorgados —que son por 20 años— totalizaron 52, contra 19 de 2013 (aumento de 173%). En dicho incremento puede haber incidido la mayor eficiencia de la DNPI en analizar y otorgar la patente, surge de su memoria. Igualmente, esa cantidad fue la mayor desde 2008 (cuando se aprobaron 72).
Los no residentes obtuvieron 47 de esa categoría de patentes —en su mayoría productos farmacéuticos—, frente a solo cinco de locales. Esa desagregación es un “indicador aceptado del grado de desarrollo tecnológico de un país, y hasta dónde es importador o productor de tecnología”, explicaron a Búsqueda fuentes del MIEM.
La protección intelectual de los denominados “modelos de utilidad” suelen ser en su mayoría solicitadas y concedidas a residentes puesto que se trata de patentes relativas a perfeccionamientos en aparatos o productos conocidos, también llamados “pequeñas patentes” o “invenciones de fábrica”, explicaron las fuentes. En 2014 se aprobaron siete (cinco presentadas por residentes), frente a las seis concedidas el año anterior; sin embargo, esa cifra es inferior a la de principios de la década pasada, cuando rondaba la veintena.
Las patentes de diseños y modelos industriales también aumentaron en 2014: se concedieron 91 contra las 69 del año anterior (incremento de 32%). En este caso la suba se explica por las emitidas para no residentes, que más que compensaron la caída que registraron las gestionadas por locales.
La DNPI también concede la propiedad sobre marcas. En 2014 aprobó 10.603 (5.986 primarias y 4.617 renovaciones), 12% menos que el año anterior.
Innovación.
Para el ex director de la oficina regional para América Latina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el uruguayo Carlos Mazal, el patentamiento debe verse en el marco más amplio de la innovación.
Concibe la propiedad intelectual no como un fin en sí mismo sino como una “apuesta a largo plazo” donde “no hay resultados inmediatos”. Así lo afirma en el documento “Adversidad e innovación: Incentivos para el uso de la propiedad intelectual como herramienta de desarrollo”.
Plantea que lo relevante es tener una visión que proyecte qué país se quiere y “qué se puede hacer y ser en 20-25 años con lo que ya existe”, y lo que se está dispuesto a “sacrificar e invertir”. Explica: “En la práctica, (…) se debe empezar con lo que ya se tiene y seguir el método de ‘mejoras menores’. Si Uruguay, por ejemplo, ve su futuro en energías renovables, forestal, minería, pesca, agrícola-ganadero, audiovisual, entre otros sectores estratégicos, debe de agregar valor vía innovación a lo que ya existe. En otras palabras, ser los mejores en esos rubros. Obviamente, debería existir alguna flexibilidad frente al surgimiento de sectores prioritarios nuevos, pero nunca abandonar los objetivos originales”.
Mazal recomienda subir al equivalente a 2% del Producto Bruto Interno la inversión dedicada a la innovación en “áreas críticas y prioritarias, identificadas en el plan país en cuatro años como máximo”. Pero aclara: “Esa cifra debe incluir la contribución del sector privado” porque considera que se requieren “alianzas público-privadas” para que “todos se beneficien de sus aportes”.
Opina que “no hay nada que inventar” porque está claro que la “economía del conocimiento es clave para salir del subdesarrollo y todos los esfuerzos deben ser realizados como lo han sido en las mejores prácticas de países que lo han hecho a nivel mundial”. A su entender, la herramienta de la propiedad intelectual “hoy recorre transversalmente casi todos los sectores productivos prioritarios, por lo que resulta imprescindible e invalorable usarla estratégicamente dentro de una cultura de innovación”.
Según la edición de 2014 del índice Global de Innovación que elaboran la OMPI, la Universidad Cornell y la escuela de negocios Insead, Uruguay se ubica en el puesto 72 entre 143 países. El primer puesto lo tiene Suiza, y le siguen Reino Unido, Suecia, Finlandia y Holanda.
Entre los distintos ítems que componen el índice —instituciones, creatividad, infraestructura, etc.— Uruguay está en el puesto 90 en materia de “tecnología y conocimiento”, que incluye la creación, el impacto y la difusión del mismo.
