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La ecuatoriana Jessica Faieta fue nombrada el mes pasado como subsecretaria general de Naciones Unidas y directora del Programa para el Desarrollo de esa organización (PNUD) en América Latina y el Caribe. Su primer viaje oficial tuvo como destino Montevideo a principios de esta semana. La nueva jerarca opina que Uruguay puede servir de ejemplo para otros países de la región por la aprobación de leyes “sociales”, como la del matrimonio igualitario, y por la forma en que redujo la pobreza y la indigencia.
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Además de combatir la pobreza, dijo Faieta en entrevista con Búsqueda, los países deben ponerse a trabajar para brindar mejores servicios —como educación y salud— a los millones de pobres de América Latina que salieron de la peor situación.
La inseguridad es otro problema que afrontan los países. Uruguay, dijo, está “relativamente bien” en materia de seguridad pero la “percepción” de la población es otra y eso no puede ser desatendido.
—En un trabajo reciente usted decía que en los últimos doce años 90 millones de personas salieron de la pobreza, y lo relacionaba a que van 30 años de democracia pero todavía hay retos. ¿Cuáles serían esos retos?
—América Latina en los últimos diez años podría estar satisfecha en cuanto a la reducción de la pobreza y en cuanto a la reducción de la desigualdad. Sin embargo, las últimas cifras dicen que la desigualdad ha llegado a estancarse. Y lo mismo pasa con la reducción de la pobreza. Si bien los logros son muy grandes, lo que nosotros vemos en América Latina es que ya no es suficiente el crecimiento para reducir la pobreza. Lo que se debe enmarcar es el tema de la desigualdad desde muchos ángulos. No solo es el tema de la desigualdad de ingreso, sino también atacar el tema de las inequidades en cuanto a acceso a los servicios públicos, la calidad. Ahora la clase media es más grande que la clase pobre, pero hay todavía países en la región, Uruguay mismo, que les falta para eliminar la extrema pobreza. Entonces se necesitan políticas públicas que ya son más focalizadas en los temas de inequidad de acceso, la falta de calidad de los servicios públicos, de la calidad de los servicios de educación y salud. No están llegando los beneficios que ha dado la democracia, no están llegando a todos por igual. Es cierto que tenemos 30 años de democracia, y nosotros en el PNUD hemos promovido mucho el concepto de la democracia de ciudadanía. Ya no es suficiente una democracia electoral, el votar, sino la participación, la voz que puedan tener todos los grupos que conforman la sociedad y que se sientan representados por la democracia. Ahí entra la participación política de las mujeres, de los grupos de afrodescendientes, de los jóvenes, de los indígenas. Por eso se ve a los jóvenes en las calles reclamando tener una voz y tener acceso, ya que no son parte de las políticas.
—¿Ustedes observan que los Estados comprenden esta situación?
—Veamos el caso de Uruguay. Ha logrado que sea un modelo en sus logros sociales, en sus leyes, pero tiene una de las menores representaciones de la mujer en la política. Y bueno, el hecho de que hay una ley de cuotas, que desde el PNUD vamos a ver con mucho interés, es la aceptación de que es necesario incrementar la calidad de la representación en la democracia uruguaya. En América Latina, en promedio, el 22% de las mujeres están representadas en los Parlamentos y hay cinco jefas de Estado en 40 países. ¿Por qué es necesaria la participación de la mujer en la política? Bueno, primero porque constituyen la mitad de la población, a veces más, y segundo porque tienen su propia visión y necesidades. Ahora estamos trabajando para preparar a la mujer en esta participación política, para que su voz sea propositiva y para llevar a los gobiernos las propuestas que representen a la sociedad que están representando. En países donde los partidos son enormemente polarizados, el ámbito donde se unen es justamente donde están las mujeres. En el caso de Uruguay, que se destaca por tener leyes modernas, por haber estado en la vanguardia desde décadas atrás, este es un paso muy importante que el país tiene que dar.
—En cuanto a los retos, además del tema de la pobreza está el de la seguridad. ¿Cómo observa esta situación cuando es un reclamo en varios países, incluido Uruguay?
—Hace unos tres meses el PNUD sacó un informe sobre seguridad ciudadana y ahí se analiza la situación en América Latina, donde las realidades son diferentes. Esto ha superado al tema del desempleo entre las preocupaciones de la población. En muchos países la percepción de la inseguridad es más grave que la inseguridad en sí misma. Y eso lo que demuestra es la importancia que tiene la inseguridad para la vida de las personas. Hay muchas razones para explicar la inseguridad en América Latina. Tenemos el crimen organizado pero también hay un tema de degradación social y degradación de la familia. Está el tema del desempleo de los jóvenes que tampoco estudian. Si bien el caso de Uruguay cuando se ve estadísticamente no es el país más afectado en este tema, lo importante es la percepción de la gente, porque justamente si un país ha estado acostumbrado a vivir en paz, a poder caminar, en el momento que empieza a ver la criminalidad, a sentir una inseguridad, los ciudadanos se autolimitan en cuanto a sus funciones: no salen, los pequeños negocios cierran más temprano, la gente no sale en la noche, no se usan los espacios públicos. Esto tiene un impacto en la vida de las personas y en la propia economía, en especial la economía familiar, en los pequeños comerciantes. Felizmente no es el problema mayor en Uruguay, pero sí hay una percepción muy alta. Tanto así que he visto que los cuatros candidatos presidenciales tienen este tema muy alto en sus propuestas iniciales de campaña. Comparativamente con la región, Uruguay está relativamente bien, pero esto es una cuestión de percepción y al final los ciudadanos se comparan con su propio país, no con el país de al lado.
—Usted destacaba las leyes modernas y que Uruguay tiene cosas para enseñar a la región. ¿En qué cosas podría enseñar?
—Uno de los temas es en la participación de la mujer en la política. No tiene para enseñar resultados pero puede enseñar la ley. Los avances que ha tenido este país en cuanto a la ampliación de derechos: el matrimonio igualitario es uno de esos. Pero sobre todo son las políticas sociales, la reducción de pobreza. Uruguay puede dar un ejemplo de cómo ha logrado en un país con una economía pequeña bajar sus niveles de desigualdad, de pobreza, y de eso hay mucho para enseñar en muchos países de la región.
—El año próximo vence el plazo para cumplir con los Objetivos del Milenio, entre ellos reducir a la mitad la pobreza. ¿Por dónde viene la agenda pos Objetivos del Milenio?
—Ahora estamos con una consulta sobre “el mundo que queremos”. Se han hecho consultas nacionales, consultas temáticas regionales. Todavía falta con algunos objetivos del milenio, pero también hay temas que han salido y quizás hace 15 años no estaban tan presentes, como lo referido a las vulnerabilidades ambientales. Pero está también en discusión el tema de la gobernabilidad y democracia en los países. ¿Esto tendría que estar entre los objetivos de desarrollo sostenible? Y si fuera así, ¿cómo se lo mide? Entonces hay todo un tema alrededor de cómo se mide el Estado de derecho, de inseguridad ciudadana. En América Latina hay opiniones divididas sobre el particular. Algunos dicen que es algo muy subjetivo, pero sin embargo están ahí.