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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó días atrás su asamblea anual en Madrid, España, con un diagnóstico general de la situación de los periodistas en la región y otro específico de cada país. “Sin periodismo libre e independiente las sociedades jamás podrán desarrollar todo su potencial”, afirmó el presidente del organismo, Jorge Canahuati, durante la apertura de un evento centrado en el combate a la desinformación y los retrocesos en la libertad de prensa, de expresión y acceso a la información.
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Sobre Uruguay, la SIP concluyó que en el último año no se registraron hechos que afecten el nivel de libertad de prensa que rige en el país ni existen restricciones legales que limiten el derecho a la información de los ciudadanos o la actividad de los medios de comunicación.
Uruguay se ubicó tercero entre 22 países en un índice sobre el estado de las acciones institucionales en materia de libertad de prensa y expresión, lo que lo ubica en la franja de “baja restricción”, un nivel por debajo de Canadá (1º) y Jamaica (2º), los únicos dos países de las Américas con plena libertad de expresión. La posición de Uruguay fue una caída de dos puestos en comparación con 2021. Cuba, Venezuela y Nicaragua volvieron a compartir los tres últimos puestos con una “ausencia total” de libertad de prensa.
La SIP sí llamó la atención sobre la polarización política existente en el país, evidenciada en mensajes en las redes sociales que han “contaminado o complicado” el espectro informativo y la discusión. “Han proliferado determinadas prácticas, como el anonimato, la ausencia de responsabilidad legal, el irrespeto de la intimidad y la diseminación de mensajes fundamentalistas y discriminatorios”, sostuvo la institución, que alertó que en esta polarización “se pretende arrastrar” a la libertad de prensa: “Un serio riesgo, porque es notorio que en estas discusiones (en las que se observan denuncias, acusaciones, informaciones falsas y verdades a media), además de los dirigentes políticos participan y militan periodistas y organizaciones vinculadas a los temas de la información”.
La SIP también planteó su preocupación por la Ley Nº 19.580 de 2017 sobre violencia basada en género hacia las mujeres al considerar que “prevé la criminalización de los periodistas, que pueden ir presos por informar”. Según ese organismo internacional, la ley “se aparta de la tradición del país y conspira con todos los avances logrados a nivel interamericano y universal para que no penda la amenaza de cárcel contra los periodistas”. Entre otros puntos, en su artículo 92 la ley establece que quien difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.
En cuanto al panorama regional, el análisis fue claramente negativo ante el retroceso de la libertad de prensa que se registra en las Américas. Los más de 250 periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación que asistieron a la asamblea —entre ellos, el exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla— reclamaron medidas urgentes a los gobiernos ante el aumento de los asesinatos de periodistas y la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente. La cifra de muertos fue de 40 en el último año, con México una vez más como el país con mayor número de víctimas, con 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios.
