Fue el peor cumpleaños de la vida de Luis. A inicios de año, justo en su aniversario, inició un arresto domiciliario que debió cumplir a rajatabla por 90 días. Nunca había sido privado de su libertad. Nunca había tenido problemas con la ley. Pero este año fue procesado. Los festejos los hizo mucho después, una vez que la Justicia decidió archivar su caso. Luis es un autocultivador de marihuana registrado, pero fue detenido por tener plantas de cannabis en su hogar.
La ley 19.172, aprobada en diciembre de 2013, habilita la adquisición de marihuana mediante la compra de hasta 40 gramos semanales, la pertenencia a un club de membresía con entre 15 y 45 miembros, o el cultivo de hasta seis plantas en el hogar. Las tres vías son exclusivas entre sí y suponen registrarse ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Ese paso quedó habilitado en agosto de 2014 para autocultivadores y en octubre del mismo año para clubes de membresía. Aún falta implementar la venta al público a través de farmacias pero según datos oficiales, ya existen 22 clubes registrados y 5.332 autocultivadores. Uno de ellos es Luis.
Aunque no hizo nada ilegal, Luis accedió a hablar con Búsqueda bajo la condición de no revelar su verdadero nombre o el lugar donde reside. Ya no confía en la Justicia, ni en la Policía, ni en la ley. Incluso, luego de que su caso quedara archivado, pasó semanas mirando sobre su hombro al caminar, aún con miedo. “Hay un hueco ahí que no cerró todavía”, explicó. No sabe si volverá a plantar y fantaseó con la idea de irse del país. “Pero yo quiero estar tranquilo en mi campo, no estoy para la revancha”, dijo.
Luis fuma marihuana desde los 18 años. Residió en el exterior y volvió a Uruguay buscando trabajo y la tranquilidad para su meditación. “De vez en cuando plantaba alguna plantita, porque no me gusta comprar paraguayo, es como mal karma fomentar el narcotráfico. Salió la ley y me registré de una”.
Al fondo de su terreno, casi escondidas, sembró 25 plantas. Esperaba ver cuáles crecerían hembra —y darían la flor que produce el efecto psicoactivo—, para entonces apartar las seis variedades que la ley le permite. Pero no le dio tiempo. Ante una denuncia anónima, la Policía entró a su predio, vio el incipiente cultivo, llamó al juez y revisó sus cosas. Incautó algunas de sus pertenencias, arrancó los plantines de la tierra y llevó detenido al dueño de casa.
No importó que Luis los hubiera dejado entrar voluntariamente a la finca, que admitiera ser usuario de marihuana, que dijera estar registrado o incluso que mostrara, en pleno operativo, el correo electrónico del Ircca que lo habilita. Dado que esa es información protegida, solo la Justicia puede preguntar si la persona está registrada como usuaria de cannabis. En este caso, la policía vio una balanza de cocina y frascos de cogollo y creyó tener lo necesario para probar tráfico. “¿Y el carné? Si estás registrado mostrame el carné?”, le dijeron, pidiendo lo imposible. Y dieron inicio al proceso penal.
“La Policía y luego el fiscal buscaban algo que no existe, no hay un carné. Es un correo electrónico del Ircca y nada más. Se hizo todo en el turno de urgencia. Hubo como un apuro para resolver el tema. Acá hay desconocimiento de la ley pero también un defecto inherente a los procesos penales donde la prisión preventiva se aplica como adelantamiento de la pena y no como medida cautelar”, explicó a Búsqueda el abogado del caso, Florencio Macedo.
La balanza y el nuevo paradigma.
Luego de una noche en el calabozo de la comisaría, Luis fue llevado ante la Justicia. La fiscal le preguntó por un aceite de marihuana que le habían incautado. “Le dije que era un extracto para echarle a la pasta. Y cuando leo (la declaración) ella había redactado que estaba fabricando ‘una pasta para la marihuana’. Le tuve que explicar que lo que hice fue aceite de girasol con cogollos para echarle a la comida. Y que corrigieran la declaración porque así eso no lo iba a firmar”, recordó.
Un par de horas después lo presentaron ante la jueza, una magistrada de Paz que ejercía como titular durante la feria judicial. “Me miró con cara de mala y apuntándome, me dijo: ‘Mirá que esto es para ir a la cárcel’. Me querían mandar preso cuando yo estaba haciendo todo bien, y además colaboré (con la Policía). Si no, hago resistencia o corro o me escondo. No podía creer que me incriminaran así”. Por ser su “primera ofensa” se le otorgó prisión domiciliaria.
“La prisión domiciliaria debería aplicarse a la persona que puede fugarse, va a influir en la prueba o porque existe peligro para su vida o respecto a una posible víctima. Si no, se priva de libertad a alguien que debe presumirse inocente. En este caso, después (del procesamiento) le pidieron al Instituto Técnico Forense que investigara si las plantas eran hembras o machos”, apuntó Macedo.
En su escrito de revocación, el abogado recordó que al no saber el sexo de las plantas, “el procesado no tenía en su poder cannabis psicoactivo y/o sumidades floridas con o sin fruto de la planta hembra alguno”. No tener esta prueba “violentó el principio de inocencia”.
Así como lo hace la ley, también el protocolo de actuación policial aprobado en agosto de 2015 aclara que las cantidades máximas para clubes o autocultivadores se aplican solo sobre las plantas hembras y con flor. E incluso en caso de superarlas lo que se inicia es un proceso administrativo, con multas o sanciones que establecerá el Ircca. Luis terminó en la Justicia penal.
“La política significó un cambio de paradigma que tiene sus repercusiones en las esferas judicial, administrativa, policial. De la noche a la mañana se encuentran con que tienen que saber qué son sumidades floridas en plantas hembras. Y si bien en Uruguay ya estaba (permitido) el uso (de cannabis) en cantidades razonables, era muy arbitrario para los operadores del sistema judicial y ni que hablar la Policía. Eso no lo desmonta una ley”, explicó Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), organización que participó en la elaboración del protocolo policial.
“Antes, el dato de que había plantas de marihuana (en un terreno) era suficiente. Hoy no. Eso de que se encontraba un guante de látex y se asumía que se fabricaban drogas ya no puede dar lugar a órdenes de allanamiento. En muchos de estos casos, con denuncias anónimas, sería una aplicación estricta de la ley reunir otros elementos probatorios de que hay comercialización. Sería una sana costumbre que los fiscales y jueces preguntaran por lo menos si la persona está registrada. Antes podían procesar porque había personas entrando permanentemente en la casa, que era presunción de tráfico. Hoy puede ser un club”, agregó.
Metidos en el proceso.
Fernández debió apelar el procesamiento de dos personas detenidas por tener tres plantas de marihuana. No estaban registrados porque el gobierno no había dado inicio a la inscripción. El año pasado “La Diaria” denunció un violento operativo contra un autocultivador registrado en el balneario de Salinas. En julio, dos agentes de la Guardia Republicana fueron sancionados por increpar a dos chicas que fumaban cannabis en una parada de ómnibus en Montevideo. En setiembre, organizaciones sociales denunciaron allanamientos ilegales en Maldonado. Ya los hubo en Canelones y Rocha.
“Antes, la Policía encontraba una balanza y se ponían todos contentos porque era la prueba de que se estaba comercializando. Ahora solo significa que la persona es responsable y quiere saber cuánto tiene. O que es un club. También hay mucha confusión sobre las semillas que no tienen un componente psicoactivo y no forman parte del control. Y en el cannabis medicinal, que lleva a las personas a tener mayores cantidades para preparar sus aceites o tinturas”, explicó Fernández.
Al final, las personas son liberadas, o el caso es archivado. Pero igual se puso a andar el proceso judicial. “Hay que gestionar la conflictividad distinto. Los operadores no pueden seguir pensando de la misma manera que antes (de la ley). Porque la persona al final piensa: ‘Zafé’, pero tendría que cortarse antes. Porque es difícil encontrarse con un allanamiento o una brigada de Narcóticos que opera con capucha y armas, con la detención, contratar abogados. Y después de todo eso volver a tu barrio. Todavía sucede maltrato policial incluso con la vigencia del protocolo”, agregó.
A Luis le incautaron 357,83 gramos de marihuana, repartido entre bollones de vidrio y latas. La ley le permite hasta 480 gramos al año. Además le encontraron bolsas ziploc con aceite, un frasco y una lata con semillas, colillas y restos de sustancia “similar marihuana”. Entre la lista de cosas que aún no le devolvieron —aunque así lo establece el protocolo— hay un desmorrugador y una balanza electrónica. Las pericias a los plantines que arrancaron de la tierra —violando el procedimiento— aún no se han adjuntado al expediente. “Esas plantas ya no existen, se murieron enfrente de mí en el calabozo. Las arrancaron de raíz y una planta tan chica eso no lo sobrevive”, dice Luis.
Pero su caso ya está cerrado. El juez letrado que tomó la decisión —finalizada la feria judicial— entendió que “no es cualquier planta de cannabis la que habilitaría la sanción penal en el caso de pasarse del límite legal” y citó el caso de Alicia Castilla, quien en abril fue absuelta al comprobarse que las 29 plantas que poseía no tenían aún flor (ni efecto psicoactivo). Lo de Luis, entendió el juez, era “un consumo propio o en su caso familiar” sin indicios de comercialización y por una cantidad “inferior a la autorizada”.
El último día de su arresto domiciliario, la familia de Luis quería festejar. Él prefirió quedarse una noche más sin salir, por las dudas. “No tenía nada para celebrar. ¿Día libre de qué? No estamos libres de nada”, pensó. Perdió posibilidades de trabajo por estar recluido y pasó dos meses deprimido “peleándola para seguir adelante”. En las semanas siguientes a conversar con Búsqueda, llamó al Ircca, que le pidió relatara todo su caso vía correo electrónico. Él quería reclamar sus pertenencias pero al final desistió. Dice que toda la situación le provoca rabia y desconfianza.
“Esto te mueve el piso. Nunca voy a recuperar ese tiempo, ese verano, ni esos trabajos. Me hace desconfiar de la ley, la Policía, los jueces y todo el mundo. En el Ircca me dijeron que no estaban ahí para ayudarme. Fue una respuesta negativa y burocrática. ¿Qué seguridad le ofrecen a la gente si esto es lo que están haciendo? Yo soy una persona pacífica y quiero que todo el mundo esté bien. Pero nadie debería pasar por eso”, opinó.
