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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). El contralor general de la República es el funcionario que encabeza la principal entidad fiscalizadora de la administración pública en Chile, encargado de redactar cada año un informe sobre su gestión. A menudo son documentos repletos de términos técnicos y tablas con cifras. Pero el que divulgó Ramiro Mendoza en la primera semana de abril, pocos días antes de concluir su gestión, seguramente quedará grabado en la memoria de muchos chilenos por una frase específica: “No podemos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado”.
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Esa advertencia podría ser una obviedad en varios países de la región habituados a todo tipo de casos de corrupción. Pero para una nación como Chile, que muchos creían prácticamente inmune a esos problemas de sus vecinos, sonó más bien como una bofetada a un sistema político que en los últimos meses ha perdido buena parte de la confianza ciudadana por una serie de escándalos que salpican todo el espectro ideológico.
La situación se ha vuelto especialmente delicada para la presidenta, Michelle Bachelet, cuya popularidad se ha derrumbado ante acusaciones de tráfico de influencias por parte de su hijo en un jugoso negocio de compra y venta de tierras.
Intentando retomar la iniciativa tras semanas de pasividad, la mandataria socialista de 63 años anunció el martes 28 una serie de medidas para combatir la corrupción. Las mismas incluyen desde una reforma constitucional hasta cambios al modo en que se financian los partidos políticos y las campañas electorales. Bachelet utilizó para eso un lenguaje directo, con autocríticas, pero la gran pregunta es si está a tiempo de superar la crisis política que sorprende a un país visto a menudo como ejemplo económico y democrático en la región.
“El problema es hacia adelante: hoy en día no hay ni políticos ni instituciones que cuenten con la legitimidad para liderar este cambio, ni siquiera la presidenta”, dijo Robert Funk, un profesor de ciencia política en la Universidad de Chile. “El país quiere cambios, pero quién y cómo se hacen no queda claro”, agregó en declaraciones a Búsqueda.
Tres escándalos
El escándalo que involucra al hijo de Bachelet surgió en medio de otros dos casos que han puesto en tela de juicio el vínculo entre el poder político y empresarial en Chile.
Uno de ellos, conocido como el “caso Penta”, cobró relevancia después que ejecutivos de un importante grupo financiero con ese nombre fueran acusados en marzo de evasión de impuestos. La sospecha de los investigadores es que las maniobras contribuyeron a financiar a miembros de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI) mediante donaciones ilegales.
Otro de los escándalos involucra a la empresa minera privada Soquimich, que es investigada por presuntos delitos tributarios y pagos irregulares a políticos de prácticamente todo el abanico político, desde la UDI hasta aliados de Bachelet. Los delitos habrían ocurrido mientras la compañía estuvo encabezada por un ex yerno del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.
En este contexto, las denuncias que aparecieron en la prensa en febrero sobre tráfico de influencias por parte de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet que ocupaba el cargo de director sociocultural del gobierno, fueron la gota que colmó el vaso para muchos chilenos. Dávalos fue acusado de participar personalmente en un encuentro, apenas un día después del triunfo electoral de su madre en diciembre de 2013, con un banquero chileno para obtener un crédito de U$S 10 millones para la empresa Caval, entre cuyos propietarios figura su pareja.
El dinero del préstamo fue destinado a la compra de un terreno de 44 hectáreas, revendido poco después en una transacción que dejó ganancias millonarias.
El negocio está siendo investigado y Bachelet ha reiterado que se enteró por la prensa de la reunión de su hijo con el banquero Andrónico Luksic. Pero la reacción de su gobierno ante el escándalo ha sido por lo menos errática. Primero rechazó a través del portavoz presidencial la posibilidad de que hubiera un tráfico de influencias y aseguró que Dávalos seguiría en su cargo público. Después Dávalos tuvo que renunciar y la propia Bachelet salió a desmentir rumores de que fuera a abandonar la Presidencia.
Todo esto ha provocado un daño mayor a la imagen de Bachelet, que llegó a la Presidencia por segunda vez con la promesa de combatir la desigualdad y los privilegios en un país donde el 1% de los más ricos concentran 30% de los ingresos, según un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Chile.
Un año después de haber iniciado su actual mandato, el índice de aprobación de la presidenta cayó en marzo a 31%, menos de la mitad del 84% que tenía cuando concluyó su primer gobierno en marzo de 2010, según la consultora local Adimark.
Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Valparaíso, indicó que aunque el escándalo que involucra a Dávalos “no sea estrictamente un caso de corrupción o delito, constituye una falta moral que le hace perder la credibilidad” a Bachelet.
“Eso se une al silencio que (la presidenta) guardó desde febrero hasta la semana pasada” respecto a este caso, agregó en diálogo con Búsqueda.
“Medidas severas”
Ahora Bachelet ha optado por la autocrítica. El viernes 24 admitió que le faltó “firmeza y rapidez para evitar las malas prácticas” en estos escándalos que avergüenzan a los chilenos. “Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder debemos asumir nuestra responsabilidad en esta situación y parto por mí misma”, dijo el martes 28 al presentar el paquete de medidas contra la corrupción a partir de un informe que recibió de una comisión especial.
Usando la cadena de televisión nacional, la mandataria sorprendió con el anuncio de “un proceso constituyente abierto a la ciudadanía”, a iniciarse en setiembre. La reforma constitucional era un reclamo de miembros de su propia coalición de gobierno, pero Bachelet evitó definir un plazo de finalización ni el contenido específico que deberá incluir la “Nueva Carta Fundamental”.
También anunció medidas administrativas y proyectos de ley que serán presentados en las próximas semanas. Entre ellos anticipó que se eliminarán los “aportes anónimos y reservados” a los partidos políticos, que serán financiados por el Estado y tendrán prohibido recibir dinero de empresas. Por otra parte, señaló que se regulará el financiamiento de las campañas electorales y se adoptarán medidas contra los “negocios irregulares y especulativos”, una aparente respuesta al escándalo de su hijo. Y sostuvo que quienes vulneren la confianza pública deberán perder los cargos de elección popular.
“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, dijo Bachelet.
Sin embargo, los analistas advierten que el futuro de estos anuncios es incierto. “Una de las cosas positivas que han quedado en evidencia es que en Chile hay una muy baja tolerancia para la falta de transparencia en política”, dijo Funk, experto en estudios de opinión pública, marcando una diferencia con otros países latinoamericanos. Pero recordó que la propia Bachelet ya ha impulsado otras reformas que contribuyeron a minar su popularidad y ahora falta saber cuántos respaldarán propuestas como la del financiamiento público a los partidos. “No está claro si los chilenos están dispuestos a pagar los costos de lo que significa esto”, advirtió.
