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A contramano de las señales de estancamiento de la economía, en el primer semestre disminuyó la cantidad de empresas que acudieron a la figura del concurso judicial para reestructurar sus deudas al comparar con igual período del año pasado.
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En enero-junio hubo 40 solicitudes de concurso de acreedores, 11 menos que en el mismo lapso de 2018 (-22%), según datos recabados por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) a los que accedió Búsqueda. La mayoría (36) fueron promovidas por las propias empresas con problemas financieros (concurso “voluntario”) y el resto por la acción de algún acreedor (“necesario”).
A partir de 2015, en promedio, en los primeros semestres las presentaciones rondaron los 45 casos, por lo que el 2019 muestra una mejora relativa. De mantenerse esta tendencia, en todo el año habría una disminución de los concursos.
Entre las gestiones concursales con pasivos más abultados tramitados entre enero-junio pasado estuvo el de Citrícola Salteña (Caputto), que antes de la cosecha alertó sobre los problemas de competitividad y la imposibilidad de hacer frente a sus deudas comerciales y con el Banco República, su principal acreedor. Su deuda supera los US$ 62 millones.
La constructora Bersur se amparó en un concurso arrastrando deudas por más de US$ 9 millones. La empresa debió suspender las obras viales adjudicadas por la Intendencia de Montevideo.
En el sector de servicios se destacó por su monto el concurso del Multimedio La República, un grupo de empresas que incluye al diario La República, la Radio 1410 AM, la señal de cable RTV, la imprenta gráfica Berchesi y la productora publicitaria Pintelco.
Si bien el resto de las presentaciones fueron de rubros diversos, hubo varias del comercio (de venta de telefonía celular, repuestos, panadería, mueblería, distribuidora de bebidas, tienda de prendas de vestir y de calzado), los servicios (complejo turístico, un restaurante de La Pasiva, transporte, seguridad), agroindustria (aserradero, viñedo, ganadería) y construcción (vial y civil).
Cuentas bancarias
Otro dato contradictorio con los indicadores y comentarios de representantes empresariales que aluden a un panorama complicado, es la disminución de la cantidad de cuentas corrientes bancarias sancionadas por infracciones a la ley de cheques en los 12 meses cerrados a mayo, según también estadísticas de la Lideco. Fueron 1.794 (1.331 suspendidas y 463 clausuradas), 7,7% menos que en iguales meses de 2018. Esa evolución podría estar explicada, en parte, por la menor utilización de los cheques como medio de pago y el incremento de las transferencias bancarias por el avance de la “inclusión financiera”, señalaron desde la Lideco.
