En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Los participantes en el Congreso Nacional de Educación colmaron el Palacio Peñarol. Era noviembre del 2006 y los sindicatos de la enseñanza consideraban que estaba en juego la oportunidad de incidir en el proyecto de ley de educación que el Frente Amplio se había comprometido a enviar al Parlamento.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Los gremios lograron imponer sus posturas en el documento aprobado por el plenario de ese Congreso, pese a la oposición de los representantes del Ministerio de Educación (MEC) y al rechazo de los delegados del sector privado. Sin embargo la ley de Educación que aprobó el oficialismo en 2008 no contempló todas sus aspiraciones, entre ellas el gobierno de la enseñanza sin representantes del poder político.
A siete años del primer encuentro y con menos participación de todos los sectores, el II Congreso Nacional de Educación realizó el 29 y 30 de noviembre su plenario final en el complejo formado por el liceo Nº 71 y la escuela Técnico-Profesional de Paso Molino. Y otra vez, frente a la oposición del Ministerio, los representantes sindicales lograron que se aprobaran las mociones que impulsaban.
Con la participación de más de 500 delegados del MEC, Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República (Udelar), la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), las Asambleas Técnico Docentes (ATD), las organizaciones de estudiantes, los sindicatos y el Partido Colorado (único partido de la oposición presente), se aprobó un documento que servirá de consulta para la aplicación de medidas por parte de las autoridades de la enseñanza.
Aunque el propio documento aprobado al final del Congreso señala que debe ser ética y políticamente vinculante, fuentes ministeriales afirmaron a Búsqueda que se trata de una posición adoptada “pour la galerie” y que solamente tendrá carácter consultivo.
Una de las discusiones más fuertes se dio en torno al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) organismo creado el año pasado a partir de la Ley de Educación con el objetivo de evaluar la calidad de la educación nacional, y cuyo primer informe será presentado en el segundo semestre de 2014. El Congreso resolvió por mayoría rechazar al Ineed como tal ya que “su organización está centrada en un funcionamiento técnico y empresarial” con puestos de trabajo que son “ocupados por técnicos cuyas investigaciones no implican un conocimiento de la realidad de las aulas y mucho menos una vinculación directa con docentes y alumnos”, lo que deriva en evaluaciones “desde fuera del sistema” que si son tomadas en cuenta “permitirían la violación de la autonomía de la ANEP”.
El informe votado agrega que el instituto “puede llegar a ser un Latu de la educación certificando con procesos de calidad a docentes, programas y centros educativos” lo que puede “redundar en más segregación, competencia y lesiones de los mandos medios”. También sostiene que es un organismo privado por tratarse de una persona jurídica de derecho público no estatal, cuyos cargos son por designación sin prever concursos.
Luis Garibaldi, director nacional de Educación y delegado del MEC en el Congreso, intentó evitar la aprobación del documento, argumentando que el Ineed “no está pensado para evaluar a cada estudiante, a cada docente y a cada centro educativo” porque la propia ley de educación establece que la información resguardará la identidad de esos actores “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación”.
Aclaró además que no es una institución privada ya que todos sus cargos, salvo los del consejo directivo, fueron completados con concursos públicos y abiertos, y defendió su carácter uruguayo, haciendo referencia a críticas recibidas por la actual y anteriores administraciones por medir el estado de la educación pública a partir de pruebas extranjeras como las PISA, cuyos resultados se conocieron esta semana (ver páginas 12 y 13).
Regida y controlada.
Otro elemento cuestionado fue el aprendizaje en la primera infancia (0 a 3 años), que se encuentra a cargo del MEC y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quienes coordinan los programas y proyectos de enseñanza en ese rango de edad como son los centros de educación infantil privados y el plan Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), creado en 1988 y actualmente con más de 350 institutos en todo el país.
El Congreso aprobó por mayoría que esa educación de 0 a 3 años pase a estar en la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) pues es la ANEP y no el Ministerio ni el INAU “el responsable de la educación”. Pese a quejas por parte de trabajadores del plan CAIF que aseguraron que es muy complicado para Primaria replicar un programa con 25 años de experiencia, se votó que “dichas instituciones y grupos de niños deben estar a cargo de maestros titulados con formación específica” ya que el curso de asistente técnico para educación inicial debe habilitar a trabajar como colaborador o ayudante de un maestro pero “no puede habilitar a estar a cargo de grupos de ninguna franja etaria dado que no es una formación docente”.
Como consecuencia directa del control de Primaria sobre la primera infancia, el Congreso también resolvió que los recursos del estado financien solo a la educación pública estatal. “No cuestionamos ni decimos que es malo o bueno lo que hacen los privados, lo que sí decimos es que no lo deben financiar con recursos públicos. Los recursos públicos deben ir a la educación pública estatal, laica y gratuita, y no a organizaciones civiles”, señaló Raquel Bruschera, secretaria general la Asociación de Maestros del Uruguay por Montevideo (Ademu Montevideo) y delegada de la ATD de Primaria en el plenario.
