Bandoleros y asesinos rurales

En la búsqueda detallada de estadísticas de delitos en esas zonas no obtuve resultados. Casi todos los datos son sobre el abigeato. Es el mayor interés de los hacendados de las gremiales rurales. Otros delitos en los que está en juego la integridad física y la vida: rapiñas, homicidios y copamientos, reciben un tratamiento diferente. Seguramente porque en las zonas rurales su incidencia ha sido en el pasado comparativamente menor. Ya no lo es y, parafraseando a Atahualpa Yupanqui: hoy las vaquitas y las penas son de todos.

No se puede desconocer el impacto negativo del abigeato y de la faena clandestina. No solo porque afectan intereses económicos de los hacendados y, consecuentemente, del país y de su economía. Nos lesionan a todos. Pero además esas acciones desalientan la inversión, y la faena clandestina puede incidir negativamente en la salud humana.

Es innegable que los grandes dramas en las zonas rurales se olvidan transcurridos unos meses del impacto. Una revisión periodística sobre hechos violentos me permite suponer que se acentuaron en los últimos diez o quince años. Los grandes medios de comunicación centran sus baterías en Montevideo, Canelones, Maldonado y algunos balnearios. Sobre hechos y víctimas de esos lugares regresan periódicamente para informar.

Para evitar el hartazgo del lector recordemos solo dos, ambos en Colonia. En 2004, cerca de Rosario, fueron asesinados tres ancianos. Los autores fueron Aníbal Beltrán, de 50 años, y su hermano Carlos, de 47. Vigilaban casas en las que vivían personas mayores y por la noche, con el rostro cubierto, ingresaban armados a robar. En una de esas incursiones asesinaron a los tres ancianos, relata la sentencia de condena.

El juez Mario Suárez Suñol los condenó al máximo: 30 años de penitenciaría. En el fallo destacó aspectos relacionados con el tema central de esta columna: “la peligrosa soledad rural”, y advirtió que en el “bandolerismo rural” se advierten “notas de subida antisocialidad y peligrosidad”. Premonitorio.

Cuatro años después, en marzo de 2008, en el sur del departamento, en la estancia “La Teoría”, ocurrió el que es probablemente el más sangriento y perverso de los hechos criminales en la historia del país.

Cuatro delincuentes, Pablo Borrás, de 33 años, Darwin Irigoitía, de 24, Roberto Roland, de 25, y Rubens Sánchez, de 21, coparon esa estancia porque tenían información de que guardaban mucho dinero. Al llegar apresaron a Raquel Borrás (prima de Pablo), de 30 años, embarazada, y a su pareja, Daniel Bentancor, de 42. Los ataron a un alambrado. En la cocina ataron a una silla a Alicia Shwyn, de 72, y algo similar hicieron con el peón rural Higino Mesa, de 74 años.

Cuando encontraron algo de dinero, Borrás, en presencia del resto, intentó degollar a Alicia Shwyn mientras aún permanecía sentada y atada. Después de cortarle la garganta, la remató con varias puñaladas. Entre todos trasladaron luego a Bentancor y a Raquel al interior de la vivienda. Pablo Borrás disparó contra su prima y le dio varias puñaladas. Lo mismo hizo con Bentancor.

Al peón también lo mató a puñaladas. Los cuatro se fueron del lugar en moto. Tranquilos y con un escaso botín. Al día siguiente organizaron un asado. Fueron detenidos diez días después y enviados a la cárcel.

¿Qué medidas se tomaron a partir de esos hechos para prevenir y combatir la delincuencia rural en Colonia? ¿Y en otras zonas rurales del país? Si se tomaron, es bueno conocerlas. Lo que sucede no es por falta de policías. Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Uruguay es el país de la región con más policías: 809 funcionarios cada 100.000 uruguayos. Algo falla: la selección, la formación, la conducción o la actitud. O todo junto.

Existe una Comisión Nacional de Seguridad Rural bajo la órbita del Ministerio del Interior en la que participan el Ministerio de Ganadería, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero todo parece indicar que se concentra en el combate contra el abigeato.

Está muy bien. Pero como dijo el diputado Goñi, las medidas adoptadas no han sido suficientes y existe mucha población vulnerable. Las soluciones que se proponen de afuera, para ese y otros delitos, surgen de proyectos para aumentar las penas sin adoptar medidas de fondo, de prevención y represión.