La narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género gana terreno en redes y en la agenda política, sin datos que la respalden

Es la tarde del 31 de enero. Frente al cartel de Montevideo, en la zona de Kibón, unas 200 personas se reúnen para inaugurar un cartel de 20 metros con reclamos en contra de una ley que, quienes toman la palabra, califican como “un genocidio”.

Esa cifra surge de un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que se realizó en respuesta a un pedido de informes de la Cámara de Representantes sobre la aplicación de la Ley 19.580. El estudio —que analiza denuncias por violencia basada en género y abuso sexual infantil tratadas en los juzgados de Familia Especializados de Montevideo entre 2018 y 2022— afirma que en el 94% de los casos la declaración de la víctima fue utilizada como elemento probatorio. Eso no implica que haya sido la única prueba presentada. En una cuarta parte de los casos la declaración de la víctima está acompañada por otro tipo de evidencia.

Según el informe, en el 12,7% de los expedientes también aparecen testimonios de terceros; en el 4,7%, informes profesionales, y en otro 4,7%, mensajes de texto o audios.

Un relato que surgió en forma de intercambios en grupos cerrados de redes sociales terminó por convertirse en un discurso organizado, con voceros e influencia política. La discusión sobre la llamada ley de género en Uruguay trascendió los juzgados y se instaló en la agenda pública, impulsada por datos erróneos o sin contexto difundidos en línea.

Un discurso infundado con alcance global

Los discursos detractores de las leyes sobre violencia basada en género —sobre todo los que se enfocan en amplificar la idea de que abundan las denuncias falsas— se han consolidado a escala mundial. Desde el 2020, en Reino Unido se conmemora el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, una consigna a la que también se han adherido Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Estados Unidos.

Hasta la fecha, no existen en Uruguay cifras oficiales que determinen la magnitud de las denuncias por violencia basada en género que terminan siendo falsas.

En 2024, el entonces presidente Luis Lacalle Pou envió un proyecto al Parlamento para modificar la Ley 19.580. En la exposición de motivos, pese a la ausencia de datos oficiales, afirmaba que las denuncias falsas en esta materia son “un hecho notorio” y que “han tomado considerable protagonismo”. Ese y otros dos proyectos de modificaciones a la ley presentados durante la legislatura pasada quedaron por el camino.

La idea de que las denuncias falsas son algo habitual también se refleja en una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana en abril de 2025. Según informó la diaria, más de cuatro de cada 10 personas (42%) dijeron que las denuncias falsas por violencia de género existen y son “bastantes”, y 10% respondió que son la “mayoría”. Solo 2% consideró que no existen las denuncias falsas por violencia de género y 36% que existen pero son la “minoría”. El 10% de los encuestados prefirió no contestar.

La universidad Claeh, en conjunto con ONU Mujeres, realizó un estudio para obtener información sobre denuncias falsas registradas entre el 2021 y el 2023. El trabajo partió de un pedido de acceso a la información pública, a través del cual se constató que en ese período se registraron 85 imputaciones por calumnia y simulación del delito, de los cuales solo un caso estuvo “estrictamente vinculado a una situación de violencia de género”.

Una ley que “molesta” y un movimiento reaccionario que “surge por ideología”

En los primeros 10 meses de 2025 hubo, en promedio, un femicidio o un intento de femicidio cada 11 días. En ese período, 33 mujeres fueron asesinadas. De ellas, 19 murieron en su hogar, poco más de la mitad a manos de su pareja o expareja.

Según el Ministerio del Interior, ese año se registraron 43.445 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. El 70% de las víctimas de esas denuncias son mujeres.

Para el fiscal especializado en violencia basada en género Luis Pacheco, las denuncias falsas “son muy excepcionales”. Lo mismo explica la fiscal especializada Valentina Sánchez, que dice que la narrativa en torno a las denuncias falsas “surge por ideología”. Es que la implementación de la ley implicó un cambio social grande en el que “se denuncia más, se trabaja más la violencia hacia las mujeres y dejó de ser algo que pertenece a la intimidad”. Y eso hace que las personas machistas “se sientan atacadas”.

Para la abogada y corredactora de la Ley 19.580 Alicia Deus, se trata de “un movimiento reaccionario al avance en el reconocimiento de la agenda de derechos de las mujeres”. Argumenta, además, que el nuevo Código del Proceso Penal le dio un “lugar” a la víctima, y eso molesta a los defensores penales que también se manifiestan en contra de la ley porque “les complica” que las víctimas ahora puedan aportar pruebas y participar del proceso.

En la misma línea, Andrea Tuana, feminista y directora de la Asociación Civil El Paso, considera que estos discursos forman parte de “una lucha de poder”. “Entienden que deben mantener un statu quo en el que las mujeres tienen derechos, pero hasta un límite”, sostiene. Explica que en esas reacciones se busca “volver a un orden que ellos consideran natural”: el de una familia heterosexual donde “quien pone orden es el varón”. A su entender, el cuestionamiento a la ley aparece cuando ese esquema tradicional se ve interpelado por la posibilidad de que las mujeres denuncien vulneraciones de derechos.

Radiografía del ecosistema digital

“Nosotros tenemos una única herramienta, que son las redes sociales”, dice Mantero en Kibón. La afirmación no es casual: el movimiento se gestó y creció en el espacio digital.

Si bien los participantes de estos grupos se reúnen en actividades puntuales, como la celebración del Día del Hombre, o incluso en conversatorios organizados por parlamentarios en el Palacio Legislativo, su visibilidad es más fuerte en redes sociales. Allí articulan la organización del movimiento, comparten experiencias personales, intercambian recomendaciones legales y amplifican cifras vinculadas a denuncias falsas.

Para comprender la dimensión de ese ecosistema, Búsqueda realizó, junto con Manuela Costa, socióloga e investigadora del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, un análisis de la actividad de seis grupos, páginas y perfiles de Facebook. Las comunidades digitales analizadas fueron Derogar Ley de Género en Uruguay, Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional, de la Vida y de la Familia, Colectivo Papás Presentes, SOS Papá, Familias Unidas por Nuestros Niños y Todo por Nuestros Hijos. Entre miembros y seguidores, suman más de 102.000 usuarios.

Del análisis se desprende que cuatro de esos actores (Todo por Nuestros Hijos, SOS Papá, Familias Unidas y Papás Presentes), que se dedicaban a la militancia a favor de la ley de tenencia compartida, disminuyeron considerablemente su actividad luego de su aprobación en julio de 2023, pero siguieron en funcionamiento, haciéndose eco de los discursos en contra de la Ley 19.580.

Los grupos Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional, de la Vida y de la Familia y Derogar Ley de Género en Uruguay registran una actividad sostenida desde el comienzo del período de análisis, que alcanza su pico en el 2024, el año en el que el entonces diputado y actual senador colorado Gustavo Zubía y el expresidente Lacalle Pou presentaron al Parlamento proyectos para modificar la Ley 19.580. Con esos dos eventos coincide, además, el pico más alto de actividad del grupo SOS Papá.

Un análisis de sentimientos —técnica que identifica si una publicación es positiva, negativa o neutral, basándose en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural— revela que, en promedio, el tono de más de la mitad de las publicaciones de la muestra estudiada (54,5%) es negativo.

Hay dos portavoces de este movimiento que son una parte fundamental del ecosistema digital: los activistas Sergio Mastandrea y Marcel Mantero.

El primero es un expolicía que se convirtió en una figura reconocida cuando su hijo, Adrián, fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual especialmente agravado. Mastandrea y su esposa aseguran que su hijo es inocente y que la denuncia es falsa. Han realizado una serie de denuncias por irregularidades, presiones y extorsión contra el exfiscal de Corte y actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tres fiscales especializados y un abogado. A partir de esa experiencia, el expolicía comenzó a utilizar las redes sociales, primero a modo de descargo individual y luego como portavoz de un conjunto más grande de usuarios. Si bien no integra ninguno de los grupos, sus publicaciones son compartidas en ellos con frecuencia y logran una importante visibilidad.

Mantero ganó notoriedad durante la discusión por la aprobación de la ley de tenencia compartida, por la que sostuvo una activa campaña en redes sociales. Ahora, como vocero de Familias Unidas por Nuestros Niños, apoya la lucha por la derogación de la ley de género. Es un orador frecuente en las actividades presenciales. Sus intervenciones están ancladas en los perjuicios de las denuncias falsas para los niños y en el efecto destructivo que tienen las medidas judiciales ante situaciones de violencia en las familias.

Al ser consultado por Búsqueda sobre si maneja cifras que respalden la magnitud del fenómeno que denuncia, reconoce que no. “Nosotros tenemos los testimonios de muchísima gente que integra nuestro grupo”, afirma. “Basta ver las redes sociales, donde hay gente que expone su problemática”.

Entre los grupos que promovieron este tipo de discursos, también estuvo Varones Unidos, fundado hace una década por el uruguayo Pablo Laurta, que se presentaba como defensor de los “derechos humanos de los hombres”. Laurta promovía, a través de redes sociales y la página web de la organización, el discurso sobre la existencia de denuncias falsas sobre violencia de género. Su militancia le abrió camino en el ámbito público, al punto que en 2022 expuso en el panel “Desafíos a los derechos y libertades informativas”, organizado por la entonces diputada Elsa Capillera en el Palacio Legislativo.

En octubre de 2025 Laurta fue detenido en Argentina e imputado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, además del secuestro de su hijo de cinco años. La página web de Varones Unidos fue denunciada por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires por violencia de género digital y posteriormente eliminada.

Consultados por Búsqueda, Mastandrea y Mantero tomaron distancia del caso y negaron vínculos con Laurta.

El debate en torno a la perspectiva de género

“El impacto de la perspectiva de género en la Justicia ha sido devastador para los hombres. Hoy, miles de varones se encuentran encarcelados por denuncias sin pruebas contundentes, mientras que otros enfrentan procesos judiciales interminables que les impiden ver a sus hijos o continuar con su vida laboral y social”. Este texto, parte de una publicación compartida en SOS Papá, ilustra uno de los grandes ejes del discurso de quienes se manifiestan en contra de la Ley 19.580: que la legislación está diseñada para perjudicar a los hombres de manera intencional y que les quita todas las garantías ante la Justicia. De hecho, en redes sociales, varios manifestantes se refieren a los hombres condenados en estos procesos como “presos políticos”.

Los usuarios que pertenecen a las comunidades analizadas sostienen que la ley convierte a todos los hombres en potenciales victimarios. “Estamos viviendo lo que se vivía en el apartheid, o en el nazismo, donde unos valen más que otros. La palabra de una persona vale más que la de la otra, solo por su sexo”, argumenta Mantero en la rambla de Kibón. En conversación con Búsqueda, el activista expresa que “la Justicia está permeada por perspectiva de género y no debería estar atravesada por ninguna perspectiva”.

“Uno de los efectos más alarmantes de este sistema es el aumento de suicidios entre hombres”, se lee en otra publicación de Facebook compartida en SOS Papá . Lo mismo dice Mastandrea, que afirma que “la ley de violencia basada en género desemboca en padres que se suicidan, terminan en la indigencia o abandonan a sus hijos”.

No hay datos que asocien la ley a un aumento de los suicidios. La tasa de suicidios de hombres es superior a la de mujeres desde antes de su sanción, una tendencia que no se modificó después de la implementación de la norma, según surge de datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.

Denuncias falsas

Juzgar con perspectiva de género implica que los magistrados consideren las situaciones de desventaja, discriminación y violencia que sufren las mujeres al momento de analizar los casos. Así lo establece la Guía para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres elaborada por ONU Mujeres en 2020. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia John Pérez explicó en la inauguración de los primeros juzgados de género que eso no significa fallar “a favor siempre de la denunciante, sino contemplar las diferencias que naturalmente existen en la sociedad”. Es reconocer “que más allá de la igualdad formal existen desigualdades que no pueden ser negadas o invisibilizadas”.

Los fiscales especializados explican que la perspectiva de género intenta subsanar “una desigualdad histórica” que ha resultado en que la mujer siempre haya tenido menos posibilidades de acceso a la justicia. La ley busca ir contra las estructuras machistas, “no contra los hombres”, afirma la fiscal Sánchez. Deus agrega que la perspectiva de género “es la única forma de mantener efectivo el principio de igualdad”.

El argumento de que la Justicia se ha vuelto parcial en favor de las mujeres es compartido entre los actores políticos que se manifiestan en contra de la ley de género. En un evento realizado en el Parlamento en diciembre de 2025, el senador Zubía expresó que la condición de “hombre” es suficiente para que el principio de inocencia “se quebrante” y eso tira “por tierra todas sus posibilidades de defensa”. Sobre el mismo punto se detuvo la exfiscal Gabriela Fossati, que sostuvo que el Poder Judicial se ha vuelto “ilegítimo”, porque en las causas por violencia basada en género “no se respeta la dignidad humana de todos los individuos”.

Fossati y Zubía

El proceso judicial

“Si es palabra contra palabra, se te aplica la perspectiva de género y siempre sos culpable”, dice Mastandrea a Búsqueda.

Los operadores del sistema de justicia que trabajan en el tema niegan que funcione así.

Cuando se realiza una denuncia por violencia doméstica o de género —dependiendo de los hechos y del ámbito donde se presente—, se pueden abrir dos vías. La primera es la protección de la víctima y corresponde a los juzgados de Familia Especializados. En estos procesos la prioridad es proteger a la víctima, detener la posible vulneración de derechos y prevenir futuros hechos de violencia. Por eso el juez toma medidas inmediatas, que pueden incluir retirar a la persona denunciada del hogar y ordenarle que mantenga distancia temporalmente. Si hay hijos en común, se puede suspender el contacto, también de forma temporal.

La prioridad es “tomar las más urgentes medidas en forma inmediata” para proteger a las víctimas, porque “lo que estamos salvando es la vida”, explica la jueza de Familia Especializada Lilián Elhorriburu.

A continuación el juez cita a una audiencia para evaluar la situación y escuchar a ambas partes. Se debe convocar en un plazo de 72 horas. En esa instancia la víctima asiste con un abogado, que la mayoría de las veces es un defensor público. También la persona denunciada tiene derecho a contar con asistencia legal.

Si el juez considera que hay indicios de delito, envía copia del expediente a la fiscalía, que puede abrir una investigación penal.

Una defensora pública de Montevideo que trabaja en Familia Especializada, que pidió no ser nombrada, explica que el objetivo de los procesos de protección, a diferencia de los procesos penales, no es probar si el denunciado ejerció o no violencia, sino adoptar medidas urgentes que permitan frenar una situación de posible riesgo, si hay indicios claros que de esta existe.

Para fundamentar la velocidad del proceso, Elhorriburu explica que Uruguay adhiere a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y a la Convención de Belém do Pará, que otorga a las mujeres el derecho a “un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos” y que estos deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia”.

Para los fiscales especializados, en el ámbito penal no existe un “desbalance”. “Necesariamente tiene que haber pruebas para condenar a una persona”, afirma Pacheco. No obstante, aclara que en los procesos de protección, como tienen que tomar medidas cautelares urgentes para resguardar a la víctima, “quizás el denunciado no tenga todas las garantías, por lo menos en un primer momento”.

Tanto Pacheco como Sánchez afirman que la ley procura remediar esa asimetría inicial a lo largo del proceso, después de dar seguridad a quien denuncia.

“Muy pocas mujeres” reclaman compensación

El artículo 80 de la ley de género establece que en las sentencias de condena el juzgado deberá imponer una reparación de 12 salarios mínimos en favor de la víctima. Quienes se manifiestan en contra de la ley afirman que lo que las mujeres buscan mediante las denuncias por violencia contra los hombres es sacarles dinero. No aportan datos concretos que sustenten esa acusación.

Según la fiscal Sánchez, de hecho, “muy pocas mujeres” reclaman la compensación.

Aún así, los usuarios de estos grupos aseguran que existe una industria feminista que se sostiene del supuesto beneficio que le otorga la ley porque hay un interés económico detrás de la defensa de los derechos de las mujeres. En sus encuentros presenciales, cargan contra ONG, fiscales, especialistas y legisladoras por ser parte de esa lógica. En conversación con Búsqueda, Mantero hace eco de esta idea. “Hay ONG que trabajan y que necesitan materia prima para trabajar. Han generado un negocio y necesitan que el negocio camine”, sostiene.

El abogado Fabrizio Bacigalupo, quien fue condenado por reiterados delitos de incitación al odio, desprecio y difamación en redes sociales contra 16 mujeres, es uno de los que con mayor insistencia sostiene este relato. En El Despertador, un medio digital de alcance limitado, Bacigalupo afirmó que “las ONG feministas y sus dirigentes se llenaron los bolsillos con dinero público”.

Entre las 16 mujeres que denunciaron a Bacigalupo, se encuentra Tuana, que sostiene que los ataques en redes han sido persistentes. “Me difaman diciendo que yo gano millones de dólares y que tengo una fábrica para hacer denuncias, junto con la fiscalía”, comentó a Búsqueda la directora de El Paso, que a través de distintos programas de intervención social, servicios de atención e investigación trabaja, entre otros, con víctimas de violencia de género y explotación.

La polémica en torno al síndrome de alienación parental

Hay un término que aparece con frecuencia cuando se cuestiona la Ley 19.580: alienación parental. Refiere a la supuesta manipulación que ejercen las madres sobre sus hijas e hijos en contra de los padres, para obstaculizar o interrumpir el vínculo. En los casos de violencia basada en género y violencia sexual, el término es utilizado para intentar poner en tela de juicio los testimonios de niños y niñas o el actuar de las mujeres.

El concepto fue formulado en 1985 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner bajo el nombre de síndrome de alienación parental (SAP). Nunca fue reconocido como un trastorno psiquiátrico por la Organización Mundial de la Salud ni por los Manuales de Psiquiatría. Sin embargo, con el paso de los años, la idea —bajo ese nombre o reformulada— comenzó a circular en expedientes judiciales y debates públicos en Uruguay.

Para Tuana, el uso de este término en el discurso tiene que ver con una “nueva ola de contramovimiento” frente a los avances en el reconocimiento del abuso sexual y en la legitimación de las denuncias. En ese marco, explica, la teoría original del SAP fue mutando en su forma, aunque no en su función.

“Como Gardner ha sido tan criticado y la palabra síndrome fue cuestionada por todas las personas que saben del tema, dejaron de hablar de síndrome y hablan de alienación”, sostiene.

El concepto también permeó el debate legislativo y fue utilizado como uno de los argumentos para respaldar la aprobación de la ley de tenencia compartida en abril de 2023. Pero esa no fue la primera vez que el supuesto síndrome llegó al Parlamento.

En 2015, la entonces diputada del Partido Nacional Magdalena Zumarán presentó un proyecto de ley para regular la “alienación parental u obstrucción de vínculos” en contextos de divorcio o separación. En esa instancia, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) divulgó un comunicado en el que señala que observa “con preocupación la consideración de la existencia del SAP”.

Ecos políticos

A diferencia de lo que sucede en otros países, los grupos en contra de la ley de género en Uruguay no están directamente asociados a ningún partido político y se jactan de ello. Aún así, el tema está en diálogo permanente con el sistema político.

Según el análisis realizado por Búsqueda, las publicaciones de políticos más compartidas son las de Lorena Quintana, seguida por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Quintana, que hoy está enfocada en consolidar su propia fuerza política, fue la tercera expositora en el encuentro en Kibón. “En Uruguay todos los que tenemos un hijo, un sobrino o un nieto no estamos libres de que sean víctimas de una denuncia falsa a través de una ley totalmente injusta y discriminatoria”, sostuvo. La excandidata se manifiesta frecuentemente a favor de “la lucha” de Mastandrea y ha organizado encuentros en los que él oficia de orador.

Lorena Quintana

Al analizar las menciones a actores políticos en publicaciones y comentarios, el Frente Amplio es el término que aparece con mayor frecuencia. Entre las figuras individuales más mencionadas, se encuentran la vicepresidenta Carolina Cosse, Luis Lacalle Pou, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios y el exdiputado colorado Ope Pasquet.

El análisis del sentimiento de las menciones confirma que la conversación se desarrolla, en su mayoría, en tono crítico. El Senado, Diputados y el Parlamento registran más de 70% de menciones negativas, un patrón que se repite en el caso del Partido Colorado (80%) y de dirigentes como Cosse (83,3%) u Oscar Andrade (80%). El Frente Amplio, además de ser uno de los actores más aludidos, concentra 62,9% de menciones negativas.

El senador Zubía también aparece en la conversación digital. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los políticos, en su caso el registro se divide en partes iguales entre referencias positivas y neutrales.

El 2 de marzo de 2024, cuando el expresidente Lacalle Pou se dirigía a dar un discurso frente a la Asamblea General para inaugurar su último año de gobierno, un grupo encabezado por Mastandrea le entregó una propuesta para modificar 4 artículos de la Ley 19.580. Dos meses después, el exmandatario presentó su propia iniciativa ante el Poder Legislativo.

Este 2 de marzo, mientras el presidente Yamandú Orsi subía las escaleras del Palacio Legislativo para dirigirse a la Asamblea General, donde daría su discurso tras el primer año de gestión, de fondo se escuchaban los reclamos del mismo grupo, que, mientras desplegaba en la explanada del Palacio el cartel estrenado semanas atrás en Kibón, se preparaba para entregar por segunda vez —aunque en esta ocasión sin éxito— la misma propuesta al presidente frenteamplista.