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    Brasil: enseñanzas de la crisis

    N° 1919 - 25 al 31 de Mayo de 2017

     A menos de diez meses de haber asumido el poder, el gobierno del presidente Michel Temer se tambaleaba anoche y su futuro parece pender de un hilo. Manifestaciones opositoras en distintas ciudades del país reclamando su renuncia y el llamado a elecciones, mientras el mandatario enfrentaba una progresiva pérdida de apoyos en el Congreso y cundían versiones de inquietud en filas de las Fuerzas Armadas.

    Si alguna duda quedaba de la precariedad de la situación política y de la solidez de la posición de Temer, el martes el jefe de la bancada oficialista del Senado, Renan Calheiros, declaró: “No diría que estoy a favor de una renuncia”, pero consideró “necesario hallar una salida” a la crisis institucional consecuencia de lo que se revela como una metástasis de corrupción en las altas esferas de la política y los grandes negocios de Brasil. Un fenómeno que involucra a las principales figuras políticas, por derecha y por izquierda, y que corroe parte del tejido social del vecino país.

    El país, que no hace mucho se proyectaba como una de las principales economías mundiales, vive hoy una grave crisis de confianza respecto a sus dirigentes políticos y a ejecutivos de algunas de las empresas más poderosas y exitosas, cuya inmoralidad les lleva a mejorar su situación penal al acogerse de los beneficios del sistema de “delación premiada”.

    Cualquiera diría que haber llegado a esta situación es parte de la historia del país, consecuencia de una sociedad que ha convivido —y tolerado— en el pasado con fenómenos de corrupción más o menos explícitos.

    Es bien conocido el caso de partidarios del gobernador de São Paulo, Adhemar de Barros, que a mediados de los años 50 defendían su tercera reelección alegando que Adhemar roba, pero hace. Un reconocimiento que no impidió al gobernador alcanzar un cuarto mandato.

    Hace casi tres décadas, abrumado por las denuncias de corrupción en su contra, la formalización de un juicio político en el Congreso y presionado por multitudinarias manifestaciones públicas promovidas por la oposición petista y los sindicatos, que durante meses exigieron su dimisión, Collor de Mello se derrumbó a fines de 1992.

    Desde su llegada al poder en enero de 2003, el PT debió lidiar con un Congreso que no controlaba. Desde sus filas se trazó una política de alianzas y de compra de voluntades (“mensalão”) para “construir hegemonía política”. La divulgación de esta extendida red de sobornos, a la vez que llevó a la cárcel a varios ministros y funcionarios de la mayor confianza y acceso al presidente Lula, asestó un duro golpe a una fuerza política que llegó al gobierno dispuesta a refundar la nación desde una proclamada superioridad moral y nuevos valores. Que prometió crear una nación más justa en beneficio de los más desprotegidos y carenciados.

    Más sofisticada, la trama de “Lava Jato” empleó recursos públicos para financiar campañas de partidos y cuentas de políticos, comprando “lealtades” y “silencios”. Para ello autoridades de Petrobras consentían sobreprecios de constructoras en millonarios contratos de obra pública. Recursos que los empresarios legalizaban antes de “aportarlos” a políticos de los principales partidos.

    Mientras la investigación avanzaba y la nómina de políticos beneficiados aumentaba, una ola de indignación recorrió el país y debilitó al PT y al gobierno de Dilma Rousseff. El prestigio y la popularidad de Lula quedaron bajo un cono de sombra ante la presunción de que no podían ignorar lo que estaba pasando en torno suyo. Bajo presión popular, Rousseff fue sometida a juicio político, separada del cargo y finalmente destituida acusada de haber falseado las cuentas públicas para esconder el déficit fiscal para poder ganar un segundo mandato de 2015, lo que logró por estrecho margen.

    Aunque su nombre ya figuraba en el índex por haber recibido abultadas “comisiones” y tarde o temprano debería ser enjuiciado, Temer asumió la jefatura del Estado. Ahora, una grabación que sugiere un intento suyo de obstruir la acción de la Justicia, profundiza la crisis institucional del país.

    Estos hechos dicen mucho sobre los valores que prevalecen en una sociedad. Refieren al sistema de prioridades de los ciudadanos, a su tolerancia a la corrupción, al manejo inescrupuloso de recursos públicos. A oscuros entendimientos de políticos y empresarios para lograr sus propios objetivos. Alianzas gestadas a espaldas de los ciudadanos y cuyos costos siempre pagan los consumidores.

    Prácticas habituales en sociedades en las que predominan la miseria y la ignorancia. En las que los ciudadanos se dejan cautivar por el carisma o el magnetismo de sus gobernantes o políticos, en las que siempre esperan recibir algo de sus gobernantes.

    Sociedades en las que no se ejercen controles institucionales, o estos son débiles, sobre quienes ejercen arbitrariamente el poder, quienes otorgan privilegios a colaboradores, familiares o amigos. Gobernantes cuya popularidad y poder se basan en la concesión de ventajas a personas de las que se espera que luego lo retribuyan con su voto.

    Prácticas políticas que caracterizan a los populismos de cualquier signo, que se aprovechan de las urgencias vitales de sectores económica, social y políticamente postergados.

    Los únicos antídotos para enfrentar estas prácticas corruptas y preservar la esencia del sistema democrático radican en la actuación de magistrados independientes ejerciendo sus funciones bajo el imperio de la ley, de una prensa libre y vigorosa y una opinión pública atenta y bien informada capaz de reaccionar frente a las arbitrariedades y los abusos de poder.

    La corrupción no surge de un día para otro. El sistema político y económico se va dejando ganar por decisiones poco éticas, que no despiertan sospechas o que no son contestadas. Que siguen acciones y decisiones más arriesgadas, cada vez menos justificables. Así se va creando un clima de impunidad en el que todo es posible y que conduce a abusos cada vez mayores.

    Los sectores más lúcidos y honestos de Brasil quieren construir un futuro nuevo, menos comprometido con estas miserias humanas. La prensa cumple su misión con total independencia de intereses políticos o económicos, los jueces no se intimidan ante los poderosos y les exponen en los estrados judiciales, y nuevas generaciones, más educadas y conscientes de sus derechos, salen a la calle, protestan y reclaman cambios.

    Es la viva imagen de cómo funciona una democracia. Un sistema que reconoce y respeta los derechos de los individuos y que procura en el respeto a la ley asegurar la convivencia pacífica. Un sistema que, al decir de Churchill, no es perfecto pero que es el menos malo de los conocidos hasta hoy.