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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para Amércia Latina). El primer viaje al exterior del ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, como flamante interventor de la petrolera YPF estuvo lejos de tener como destino España, con cuyo gobierno su país acababa de abrir una crisis bilateral al decidir la nacionalización de esa empresa que controlaba la firma Repsol de la nación europea. El avión al que De Vido subió el viernes 20 de abril, apenas cuatro días después de que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunciara su polémica medida, despegó en dirección a Brasil y la misión del funcionario argentino fue clara: obtener algún tipo de apoyo, verbal o incluso en inversiones, de la mayor economía sudamericana al nuevo camino que Buenos Aires había decidido transitar en política energética.
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En su corta estadía en Brasilia, De Vido tuvo una agenda apretada. Se reunió con la jefa del gigante petrolero local Petrobras, Maria Graça Foster, con el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobão, e incluso tuvo una breve audiencia con la presidenta anfitriona, Dilma Rousseff, en el palacio de Planalto. Pero el ministro argentino regresó a su país sin demasiados resultados concretos para anunciar. Su colega Lobão dijo que Petrobras invertirá en sus operaciones en el país vecino durante 2012 la misma cantidad que el año pasado, U$S 500 millones, y Rousseff evitó cualquier tipo de valoración pública sobre la nacionalización de YPF, argumentando que se trata de “asuntos internos” de Argentina. “De ninguna manera interferiremos, emitiremos opiniones o juicios de valor”, dijo antes de reunirse con De Vido, en un mensaje que pareció dirigido tanto al público en general como a los propios miembros de su gobierno.
En Argentina hubo quienes pretendieron interpretar esto como un apoyo implícito de su socio del Mercosur a la “decisión soberana” del gobierno de Fernández, en contraste con el tsunami de críticas que recibió de otros países. Pero Brasil tardó poco en marcar distancia respecto a su vecino. Durante una audiencia pública en una comisión de Diputados, Foster, una mujer de extrema confianza de Rousseff, descartó el jueves 26 que Petrobras vaya a aumentar sus inversiones en Argentina en el futuro inmediato y, al evaluar las perspectivas del mercado petrolero local, comentó: “Nosotros no rompemos contratos, como ocurre en otros países. O sea, es seguro invertir en petróleo y energía en Brasil”. Más aún, la titular de la mayor empresa latinoamericana dijo que su prioridad es el desarrollo de las grandes reservas de crudo en las profundidades del Atlántico brasileño conocidas como presal y auguró que con Argentina tendrá discusiones “calientes” (palabra que expresó en castellano) por una concesión que Petrobras tenía en la provincia de Neuquén y le fue revocada.
Todo esto dejó en evidencia el gran desafío que significa para Brasil la ola de nacionalizaciones de empresas en la región, que el martes sumó un nuevo capítulo con la orden del presidente boliviano, Evo Morales, de expropiar y tomar con fuerzas militares una subsidiaria de la firma Red Eléctrica Española en su país. Diferentes analistas creen que la coyuntura ha puesto a prueba la capacidad del gobierno de Rousseff de cuidar las relaciones y los intereses que tiene con sus vecinos sudamericanos y, a la vez, atraer hacia su país inversores extranjeros que observan con cierto asombro y desconfianza los vientos populistas en esta parte del mundo.
“Brasil está rodeado de países con gobiernos populistas: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Pero Brasil tiene el presal para desarrollar y precisa muchas inversiones y tecnología. En esta situación, solo puede decir: ‘No tenemos nada que ver con eso, aquí es diferente’”, explicó Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), una consultora especializada en mercado de energía. “Brasil no puede acordar con esa actitud truculenta de Argentina, porque si no, acaba alejando a los inversores”, agregó en declaraciones a Búsqueda.
“El mismo complejo”
Para Brasil, el mercado energético argentino es clave en primer lugar por las actividades que Petrobras tiene allí desde hace casi dos décadas y que actualmente incluyen la refinación de petróleo y el manejo de una red de estaciones de servicio. De Vido dijo que la empresa brasileña tiene hoy 8% de la producción de crudo en su país, lo que la convierte en uno de los principales actores del sector detrás de la misma YPF y de Panamerican Energy. Sin embargo, durante su viaje a Brasilia el ministro invitó públicamente a Petrobras casi a duplicar su apuesta en Argentina, estimando que podría tener hasta 15% del mercado.
Pires sostuvo que la oferta del gobierno de Fernández buscaba mostrarle al mundo “que el país líder de América Latina entendió el proceso” de nacionalización de YPF, que la Cámara argentina de Diputados votaba esta semana tras la aprobación del Senado. Sin embargo, indicó que todos los recursos de Petrobras hoy están concentrados en el enorme reto de desarrollar las reservas propias de Brasil en el presal, que podrían convertir al país en uno de los cinco mayores productores mundiales de crudo para 2020. “Incluso si el gobierno brasileño quisiera ayudar a Argentina con Petrobras, sería complicado hoy porque Petrobras no tendría esa disponibilidad de recursos para invertir en Argentina”, señaló.
El economista argentino Luis Secco también descartó que a corto plazo Brasil pueda dar un apoyo mayor a la nueva política energética de Argentina. “Este es un proceso que está en marcha (y) todavía no sabemos hasta dónde llega”, dijo en diálogo con Búsqueda. Por ejemplo, notó que aún falta definirse qué ocurrirá con el 25% de acciones de YPF que tiene el Grupo Petersen (familia Eskenazi) que el gobierno de Fernández podría usar para seducir a otros socios, o si entrarán al país nuevos actores como empresas chinas o rusas. Diversos expertos creen que la nacionalización de YPF es un nuevo elemento que aleja a los inversores de Argentina, aunque el país necesita cuanto antes de capital externo para desarrollar las grandes reservas de petróleo y gas shale (no convencional) que tiene en su territorio.
Secco sostuvo empero que Brasil tiene una visión a largo plazo del problema energético sudamericano, primero porque lo sufrió como experiencia propia durante la crisis de 2001 y segundo porque sus intereses en Argentina son bastante más amplios que los de Petrobras. “Buena parte del complejo industrial argentino hoy son firmas brasileñas. Entonces para Brasil es muy importante que el complejo industrial argentino tenga energía, porque estás hablando del mismo complejo”, notó. “Para un país como Brasil, la cuestión energética es estratégica en una región que desea fervientemente que siga creciendo a altas tasas”.
La paradoja argentina
El temor de que la nacionalización de YPF perjudique las inversiones, no solo en Argentina sino en América Latina en general, ha sido expresado hasta por funcionarios regionales importantes como el ministro chileno de Economía, Pablo Longueira. “(La expropiación) hace que nos convirtamos en una región poco atractiva, poco confiable, y que exista un flujo de capital hacia aquellos lugares donde hay más confianza de los inversionistas”, dijo Longueira hace unos días, aún antes de que Bolivia nacionalizara Transportadora de Electricidad.
La semana pasada hubo una señal de que las políticas de Fernández pueden haber puesto en riesgo también inversiones de Brasil en su país. Murilo Ferreira, presidente de la gigante brasileña de la minería Vale, dijo que su empresa está reevaluando un proyecto por unos U$S 4.600 millones en la provincia argentina de Mendoza, citando “riesgos políticos” (incluida una inquietud por la expropiación de YPF) y temores ante la inflación. El plan inicial apuntaba a la explotación de potasio en Río Colorado y contemplaba diferentes etapas de producción, industrialización y distribución, incluida la eventual construcción de un puerto en Bahía Blanca y el manejo de una línea de ferrocarril.
“Se trata de una obra faraónica, en el mejor sentido de la palabra. Con lo cual, si hay un momento para replantear el riesgo de eventual expropiación es ahora, antes de hacer la inversión”, dijo en referencia a ese proyecto Sergio Berensztein, un experto argentino en ciencia política y director de la consultora Poliarquía. “Vale cotiza en bolsa y hay mucha gente pensando que si Argentina se convierte en un entorno de negocios aún más complejo, es muy probable que las empresas, para no afectar a los accionistas, estén obligadas a tener una previsión o un seguro para el caso de que el gobierno argentino pueda expropiarlos también a ellos”, agregó en declaraciones a Búsqueda.
Sin embargo, Berensztein estimó difícil que la nacionalización de YPF tenga a corto plazo consecuencias “donde más le duele al gobierno”, como podrían serlo sanciones internacionales efectivas, embargos o una expulsión del país del G-20, como llegó a insinuarse. Más aún, indicó que desde el punto de vista de política doméstica, la nacionalización de YPF permitió a Fernández recuperar la iniciativa política que había perdido con problemas vinculados a la desaceleración de la economía, escándalos de corrupción que salpican al vicepresidente Amado Boudou y el accidente de trenes de febrero en Buenos Aires, que mató a 51 personas e hirió a cerca de 700. “Gracias a YPF, ella está otra vez en el centro de la escena política y se muestran las dificultades de la oposición para diferenciarse al gobierno”, dijo el analista.
Las encuestas de Poliarquía indican que, pese a que 44% de los argentinos creen que el gobierno es responsable de la crisis energética en su país, una mayoría de 62% apoya la nacionalización de YPF y 31% la rechaza. Más allá de cómo responda Brasil al pedido de ayuda del gobierno de Fernández, Berensztein, como otros observadores, cree que el problema energético en Argentina se agravará en los próximos años y afectará el crecimiento económico. Pero el analista evalúa que desde la grave crisis de 2001 el país tiende cada vez más a retraerse de las experiencias de globalización. “Hay como una comodidad en Argentina de preferir cerrarse al mundo y volver un poco a la ‘edad dorada’, entre comillas, de 1930 a 1980, donde vivimos todos bastante aislados. Pero curiosamente eso coincidió con la etapa más autoritaria de la historia argentina”, recordó. “Es bastante paradójico que gobernantes supuestamente democráticos quieran volver a un estilo de economía política que era claramente autoritario”.
