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“La interna está realmente complicada”. Con esa frase un integrante de la estructura oficial para la evaluación de eventos transgénicos resumió a Búsqueda el estado de situación de esa instancia, debido a la persistencia de las discrepancias entre los ministerios que participan y la presión que ejercen grupos en contra y a favor de la liberación comercial de nuevas semillas genéticamente modificadas.
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El Gabinete de Bioseguridad, integrado por los ministros de Ganadería (lo preside), Economía, Industria, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud Pública, recibió una petición firmada por 5.638 personas que se oponen expresamente a la autorización de nuevos cultivos y/o eventos transgénicos para liberación comercial en Uruguay, y solicitan que se rechace dicha autorización. También le llegó una nota de ocho asociaciones de productores vinculados a la producción agrícola y a la comercialización de semillas que reclaman una reunión “urgente” y que el gobierno pase a la “fase ejecutiva” para aprobar esos productos.
Igualmente, en el marco de la puesta de manifiesto para el ingreso de tres eventos transgénicos, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recomendó al gabinete en cuestión que amplíe la evaluación de riesgo sobre el impacto ambiental por el uso del paquete tecnológico asociado a esos productos.
De esa manera, “los ministros tienen su presión y sus intereses, así como a la ministra de Medio Ambiente (Eneida de León) le es más sensible una carta de 5.600 personas que dicen: no a la liberación de transgénicos, el ministro de Agricultura (Tabaré Aguerre) es más sensible a las empresas semilleras que solicitan los permisos”, comentó la fuente.
A favor de los transgénicos hubo una nota remitida a fines de junio por la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, las Cooperativas Agrarias Federadas, las asociaciones rurales de Soriano, Río Negro y Dolores, la Federación de grupos Crea (Fucrea), la Asociación Uruguaya de Siembra Directa y Cámara Uruguaya de Semillas. Esa carta fue dirigida a cada uno de los ministerios involucrados para saber por qué no se aprueban nuevos eventos transgénicos. “¿No será un tema ideológico?, porque cuestionan todo”, planteó a Búsqueda el gerente de esa gremial semillerista, Andrés Arotxarena. Valoró la importancia que tiene la biotecnología en la agricultura local, comprendida en su casi totalidad por cultivos de soja genéticamente modificada, al igual que el maíz.
Esa nota no contó con la firma de la Asociación Rural, ni de la Federación Rural.
En ese escenario, la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR) estudia los documentos vinculados a los tres eventos en evaluación, de los cuales uno es de maíz para liberación comercial e investigación y dos de soja para liberación comercial y ensayos de investigación y de cultivares en el Instituto de Semillas. Esos productos pertenecen a las empresas Monsanto y Pioneer y tienen las características de ser tolerantes a la aplicación de herbicidas, como glifosato y dicamba, y resistentes a ataques de insectos lepidópteros.
En las últimas reuniones de esa instancia, que tiene un carácter técnico asesor para los ministros, no hubo mayores avances, ya que se mantienen las diferencias entre algunos ministerios respecto a la aprobación o no de los productos y a la necesidad de requerir mayores estudios científicos.
Como una prueba más de la persistencia de las discrepancias internas en ese ámbito, el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, criticó la “conducción poco feliz” de la CGR que “impacta en su transparencia” y señaló que el proceso de evaluación tiene problemas significativos en su funcionamiento, por lo menos en lo que respecta a considerar los “riesgos ambientales”, según publicó Brecha el viernes 7.
Al respecto, otra de las fuentes consultadas por Búsqueda reconoció que “se está pensando en cuál sería la gobernanza en momentos en que pasan estas cosas”.
Añadió que “se está reconstruyendo una forma de gobernanza que no está explícita (en el marco legal vigente) ya que el sistema no prevé que haya disensos en las opiniones de los distintos ministerios y al no prever el disenso, eso provocó algunos problemas”.
En la reunión del miércoles 19 no se resolvió “nada en concreto”, sino que más bien “se trabajó en los borradores de documentos a ser elevados” al Gabinete de Bioseguridad.
En 2012 hubo discrepancias entre los ministerios y alguna autorización de nuevas semillas transgénicas no tuvo la firma del entonces canciller, Luis Almagro, quien consideró que faltaban mayores garantías para la aprobación de esos productos. Además, esa situación provocó la renuncia de los representantes de la Universidad de la República.
Uno de los temas en discusión es que en Uruguay la liberación comercial no es igual a la de otros países, ya que comprende la producción, la comercialización y el consumo; mientras que en otros países o en Europa las autorizaciones están limitadas al consumo humano o animal y no permite el cultivo.
Modelo imperante.
En cuanto a la carta en contra de los transgénicos presentada durante el período de consulta pública por un grupo de ciudadanos, en esa misiva plantean que el “modelo productivo imperante” en el agro local derivó en un “aumento del uso de plaguicidas, en particular glifosato (herbicida), con riesgo de contaminación ambiental y efectos sobre organismos no blanco (abejas) y la salud humana”, además del “desarrollo de malezas tolerantes a glifosato” y la “simplificación de la forma de producción, expansión de monocultivos, degradación del suelo”. La “contaminación de variedades criollas de maíz con transgenes” y la “amenaza a la conservación de la diversidad de este cultivo son consideradas consecuencias de ese modelo productivo”.
Vinculan también a eso la “extensión del agronegocio, la extranjerización de la tierra y el desplazamiento de pequeños productores”.
