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Mientras el Poder Ejecutivo se dispone a pronunciarse sobre algunos artículos alternativos al proyecto de ley de medios sugeridos por el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, ese partido político le hizo llegar al resto de los legisladores de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, y también al ministro de esa rama, Omar Paganini, un documento con otras sugerencias para la iniciativa, que podrían dilatar aún más la discusión.
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Algunos integrantes del resto de los partidos de la coalición de gobierno calificaron las nuevas propuestas como otra “piedra en el zapato” al proyecto, y sostuvieron que el propio Cal le hizo saber al resto de los diputados de la comisión que no se trata de aportes personales suyos sino que vienen de las autoridades de Cabildo Abierto. Los artículos propuestos son considerados “inviables” para el resto de la coalición, e implicarían cambios en temas como el financiamiento de los partidos políticos y el control de la “imparcialidad” de la “comunicación política”.
En concreto, el texto, al que accedió Búsqueda, contiene siete artículos: uno sustitutivo y otros seis nuevos, sobre temas variados como publicidad electoral, “comunicación política” y nuevas atribuciones a la Corte Electoral.
El artículo sustitutivo refiere al directorio del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Mientras que el proyecto original establece que ese organismo tendrá tres miembros y serán designados por seis años con venia parlamentaria, la redacción de Cabildo Abierto propone que el directorio sea de nueve miembros. Además, la redacción alternativa pide que el presidente sea elegido por dos tercios de los votos de la Asamblea General, y que sea un ciudadano que “por su posición en la escena política, sea garantía de imparcialidad”.
En tanto, los otros titulares restantes responderán a los partidos políticos y “serán elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo y representación proporcional”. Cada uno de los miembros además tendrá dos suplentes, “quienes lo sustituirán en caso de licencia, renuncia, cese o muerte”.
Publicidad electoral
Varios de los nuevos artículos propuestos refieren a la publicidad electoral, un tema que está siendo debatido también en la comisión especial de la cámara baja que estudia el financiamiento de partidos políticos. Uno de ellos establece que los medios de radiodifusión “otorgarán espacios gratuitos en las campañas electorales” de las elecciones nacionales, departamentales, internas, el balotaje, instancias de referéndums y plebiscitos, y elecciones legislativas en caso de una disolución de cámaras prevista por el artículo 148 de la Constitución. En otro, se determina que los espacios gratuitos serán del 60% del tiempo destinado por los servicios de difusión a mensajes publicitarios por cada hora de transmisión.
A su vez, el proyecto plantea fórmulas para la distribución de los espacios gratuitos de publicidad electoral. Por ejemplo, en las elecciones nacionales 20% se repartiría según el proyecto en partes iguales entre todos los partidos y 80% a partir de la representación de la Cámara de Representantes. En caso de balotajes y plebiscitos o referéndums, se distribuirían en partes iguales. En 2018, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 143 de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establecía sistemas de distribución similares.
“Imparcialidad” y “comunicación política”
En otro de los artículos, se establece que los ciudadanos “tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. Por eso, establece que los servicios de radiodifusión regulados en la ley deben “conceder a los actores políticos un trato justo y equilibrado, en forma proporcional a su representación parlamentaria”. El artículo propuesto sostiene que dicha obligación también “comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenido de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo y electoral”.
Luego, el proyecto aclara que por actores políticos se refiere tanto a partidos como a fracciones partidarias, y establece cuándo se considerará que esas personas actúan en representación de un partido o fracción. Por ejemplo, podrán representar a los partidos quienes desempeñen cargos electivos por esas colectividades políticas, o cargos de gobierno o de particular confianza “cuya adscripción partidaria fuere de carácter pública y notoria, o resultase del origen de su designación”. También cuando estén integrando órganos partidarios, ya sean nacionales, departamentales o locales, “actúen de forma pública y notoria vinculado a un partido político, o hayan actuado en el pasado y no se hubiesen desvinculado públicamente del mismo”. Pero en cambio, no se computará que esa participación representa a un partido “cuando la persona realizase actos oficiales en representación de un poder o institución del Estado”.
En otro artículo, se sostiene que el contralor de “la imparcialidad y el equilibrio en la información política” le competerá a la Corte Electoral. El organismo se encargará de reglamentar estas disposiciones, conocer “todo lo relacionado con la información y la comunicación política” de los servicios regulados por la ley y “resolver en última instancia sobre las observaciones, amonestaciones y sanciones por violación a la normativa”.
Pero a su vez, se establece crear una “Junta de Garantías en la Comunicación Política”, como órgano desconcentrado de la Corte Electoral. La propuesta es que tenga nueve miembros, cada uno de ellos designado por un ministro de la Corte y que sea presidida por quien sea seleccionado por el presidente del organismo electoral. Cada uno de ellos tendrá un sueldo equivalente al 95% del de un ministro de la Corte. Este organismo será el que tendrá como cometido la “observación de los programas y espacios”, de “forma directa o mediante la contratación de servicios profesionales especializados”. Además, recibirá denuncias de violaciones a las disposiciones de la ley y a la “imparcialidad y equilibrio en la comunicación política”, y “resolverá en primera instancia sobre dichas denuncias”.
Esta Junta de Garantías podrá actuar de oficio o a través de denuncias realizadas por autoridades de los partidos o legisladores nacionales e intendentes. Todas sus decisiones podrán ser apeladas por la Corte Electoral.
Las sanciones por “violaciones a la imparcialidad y equilibrio en la comunicación política” podrán ir, según la propuesta, desde observaciones y amonestaciones públicas a multas de entre 10.000 y hasta 1.000.000 de unidades indexadas ($ 4.972.700).
Diputados del resto de la coalición dijeron a Búsqueda que se sugirió al partido liderado por Guido Manini Ríos presentar el grueso de los artículos en la comisión especial donde se viene analizando el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos.
